Tras el estallido de la pandemia, el conjunto de las administraciones públicas desplegó toda una batería de ayudas y subvenciones para paliar la caída de actividad que provocó el coronavirus y recuperar el consumo. Desde el Bono Viaje de la Generalitat Valenciana, hasta los Bonos Consumo de ayuntamientos y diputaciones o los 200 euros del Gobierno para las personas con bajo nivel de ingresos, son decenas de miles las personas que se han beneficiado de estas políticas. Unas ayudas que ahora hay que incluir en la declaración de la renta, con consecuencias no siempre deseadas, como han puesto de manifiesto este viernes los responsables del Colegio de Economistas de Alicante para alertar de la necesidad de revisar siempre el borrador que facilita la Agencia Tributaria y comprobar bien todos los datos.
Y es que las sorpresas pueden ser múltiples, como han expuesto el presidente del Colegio, Francisco Menargues; el responsable de la Comisión de Fiscal del organismo, Antonio Pérez Rovira; y el miembro de la junta directiva Antonio Rodríguez, en una comparecencia para desgranar las principales novedades de la actual campaña, en la que han estado acompañados de la directora de Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, que ha explicado los cambios que ha sufrido la tarifa autonómica del IRPF.
Así, los economistas han recordado que tanto el Bono Viaje, como el Bono Consumo o cualquier otro tipo de ayudas deben declararse, y los borradores no siempre los recogen correctamente. Por ejemplo, según han puesto de manifiesto algunos de los asistentes a la presentación, se están detectando borradores en los que estas ayudas constan por duplicado, algo que Pérez Rovira ha atribuido a la premura con la que se elaboran los datos fiscales, que muchas veces impiden depurarlos. "Puede ocurrir que las ayudas se comuniquen dos veces, por ejemplo, primero por parte de la Conselleria que la concede, y más tarde por parte de la Tesorería, cuando la paga, lo que provoca este tipo de situaciones", ha señalado el experto.
Un error que, en principio, es sencillo de corregir, pero que puede pasar inadvertido si el contribuyente se limita a darle al click en la aplicación de la Agencia Tributaria. Pero, además, como ha apuntado Francisco Menargues, la percepción de estas subvenciones u otras, como las ayudas a los vehículos eléctricos, pueden provocar que contribuyentes que estaban exentos por no llegar al nivel de ingresos, pasen a estar obligados a presentar la declaración, si con ellas se alcanza el mínimo de 1.500 euros por el segundo pagador y sucesivos. "Si no lo hacen, pueden enfrentarse a una sanción", ha recordado el presidente de los economistas alicantinos.
En este sentido, Menargues ha aconsejado revisar bien los criterios que obligan a declarar, y no quedarse con el límite genérico de 22.000 euros para quienes tienen un solo pagador, o de 14.000 euros si hay más de uno, ya que hay muchas situaciones que obligan a realizar este trámite aunque no se alcancen estos mínimos y que los ciudadanos desconocen. Por ejemplo, si se ha sufrido una pérdida patrimonial de 500 euros con la venta de acciones también hay obligación de declarar, aunque parezca paradójico.
En la misma línea, Antonio Rodríguez también ha puesto el ojo sobre las subvenciones que reciben las comunidades de propietarios, que también deben incluirse a la hora de rendir cuentas ante Hacienda y que, igualmente, pueden ocasionar un disgusto a quien lo desconozca.
Datos personales
Igualmente, Rodríguez ha asegurado que otro de los puntos que debe revisarse a conciencia son los datos personales –bodas, separaciones, acuerdos de custodia o cambios de domicilio por trabajo- que pueden ser decisivos en el resultado de la declaración.
Otro aspecto sobre el que está incidiendo la Agencia Tributaria son las rentas imputadas por la posesión de segundas residencias y otros inmuebles. En este sentido, Antonio Pérez Rovira ha recalcado la importancia de dejar claro en la declaración cuál es la vivienda habitual y cuáles son las secundarias, que son sobre las que deberá abonarse esta renta imputada. De lo contrario, según ha señalado, Hacienda está enviando requerimiento e, incluso, determinando por su cuenta qué inmueble del contribuyente debe ser considerado como tal, lo que puede llevar a que tenga que pagar más en la declaración.
Criptomonedas
Por otro lado, los economistas han apuntado también la necesidad de declarar las ganancias y pérdidas que se obtengan con las criptomonedas o con su minado. Una obligación que existe cada vez que se realiza una operación, incluso cuando no se hayan transformado en euros. Por ejemplo, si se cambian bitcoins por ethereums.
Por su parte, la directora del ATV, Sonia Díaz, ha recordado los cambios que se han introducido en el tramo autonómico del IRPF, que supondrá una rebaja para los contribuyentes con menos de 60.000 euros de ingresos. Una rebaja que ha cifrado en 111 euros por declaración, de media.
Además, también ha recordado el aumento en un 10% de las 27 deducciones autonómicas que existen, así como el aumento de 25.000 a 30.000 euros del límite máximo de ingresos para poder beneficiarse de ellas, lo que prevén que anime a más contribuyentes a aplicárselas.
En cuanto a la marcha de la actual campaña, Díaz ha señalado que, de los aproximadamente 2,5 millones de declaraciones que se esperan en el conjunto de la Comunidad Valenciana, ya se han presentado el 20%, con un incremento del 12% en las declaraciones presentadas con derecho a devolución con respecto al mismo periodo del año pasado, y un 14% en el importe solicitado. Unos incrementos que ha vinculado a esa rebaja del tramo autonómico.
Impuesto de Patrimonio
Por otro lado, Francisco Menargues ha aprovechado la presencia de Díaz para reiterar su rechazo al Impuesto de Patrimonio, una figura impositiva que considera "injusta" y ha recordado que la Comunidad Valenciana es una de las autonomías con la tarifa más elevada en este tributo. De hecho, según los cálculos que ha realizado Antonio Rodríguez, ningún contribuyente de la autonomía deberá pagar el nuevo impuesto temporal de solidaridad que ha aprobado el Gobierno para los grandes patrimonios, ya que las tarifas actuales del Impuesto de Patrimonio en la Comunidad son superiores.
Díaz ha respondido recordando la infrafinanciación que sufre la autonomía, por lo que ha señalado que no se puede permitir renunciar a ninguno de los impuestos que ahora conforman la cesta impositiva de la región y ha recordado que sólo 27.000 contribuyentes pagan este impuesto.
