Diez gráficos para entender cómo llegan el empleo y los salarios al Día del Trabajador

Un año más, las principales ciudades del mundo se teñirán de manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. La crisis de precios y su mordida sobre el poder de compra de quien tiene que laburar para ganarse la vida serán el ‘late motiv’ de las marchas en España. Y es que en pleno debate sobre si las empresas están o no acumulando beneficios en plena tormenta, nadie discute que los salarios están siendo los principales paganos del repunte de precios. 

Primero de mayo: los sindicatos amenazan con movilizaciones si no hay un acuerdo para subir los salarios

A diferencia de otros ‘primeros de mayo’, en los que las centrales han focalizado sus discursos en derogar la reforma laboral del PP –un ‘hit’ que resonó casi una década-, las reivindicaciones tanto de las centrales mayoritarias como las alternativas al ‘bipartidismo’ vuelven a los clásicos: salario y empleo. 

Y es que el 2022 fue un auténtico ‘annus horribilis’ para los asalariados, en tanto que la escalada de precios sin precedentes recientes provocó la mayor pérdida de poder adquisitivo desde, como mínimo, 1985, cuando empiezan a recopilarse estadísticas de convenios colectivos.

Suben los sueldos, sí, pero bastante menos que los precios, especialmente de productos tan sensibles y elementales como los alimentos. Hasta el punto de que productos básicos como el pan, los huevos o la leche se encarecieron entre cuatro y siete veces más de lo que subieron, de media, las nóminas. 

Pese a ese ahogo que representa la inflación para muchos hogares, los niveles de conflictividad laboral están actualmente en mínimos debido a, en parte, medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), hoy en 1.080 euros brutos (en 14 pagas). 

Los sindicatos no han logrado, por el momento, doblegar a las patronales vía negociación colectiva, pero el Gobierno sí les ha impuesto a las empresas subidas del SMI durante los últimos años que han permitido a estos trabajadores, los más vulnerables, salvaguardar su poder de compra. 

La alta inflación se ha enquistado durante este 2023 y amenaza con volver a disparar un fenómeno engordado tras la crisis del 2008 y que en los últimos años había ido a la baja: el de los trabajadores pobres. Es decir, que pese a tener un empleo no llegan a final de mes. 

De momento el auge de los precios ya ha obligado a un número creciente de empleados a recortar determinados gastos, como irse de vacaciones fuera de casa. Más de uno de cada cuatro afirma no poder permitirse pagarse una semana de asueto fuera de su residencia habitual.  

Si la pobreza laboral no ha repuntado es, entre otras cosas, gracias a la buena marcha del empleo. El mercado laboral se ha mostrado sorprendentemente resiliente a la tormenta de precios y las múltiples distorsiones de la guerra de Ucrania. España cuenta actualmente con 20,45 millones de ocupados, según los últimos datos EPA. Es la mayor cifra de trabajadores en activo de los últimos 15 años. 

La eterna asignatura pendiente del mercado laboral español es sus elevadísimas tasas de desempleo, las mayores de la UE. Así como la brecha salarial con Europa se ha ido matizando durante la última década y la reforma laboral ha logrado doblegar la crónica eventualidad, España sigue adoleciendo unas listas de paro con más de tres millones de personas. 

En los últimos meses el número de hogares con todos sus miembros en desempleo ha vuelto a repuntar y supera el millón, mientras que los parados que llevan más de un año buscando empleo sin encontrarlo también sigue al alza. El principal avance en esta carpeta está en el paro juvenil, que se ha reducido en los últimos meses. El 22,6%de los menores de 30 años está sin empleo, un nivel por debajo del umbral previo al covid, pero casi el doble del porcentaje que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Después de pasarse una década reclamando la derogación de la reforma laboral del PP, CCOO y UGT ya pudieron celebrar el año pasado la supresión de parte de esa norma. La medida estrella de Yolanda Díaz y el Gobierno de coalición no tocó el despido –algo que le valió el rechazo parlamentario desde su izquierda-, pero si reestructuró las fórmulas de contratación para acotar la temporalidad. 

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Y los datos reflejan que, indudablemente, lo ha conseguido. En su segundo año de plena vigencia, la reforma laboral ha logrado reducir la eventualidad a prácticamente la mitad. Hoy está en el 13,7% y antes del covid estaba en el 27%. La limitación en la concatenación de contratos y la supresión del contrato de obra y servicio explican gran parte de ese descenso. 

Mientras tanto, la Administración, que va a ritmos más lentos que el sector privado, se encuentra inmersa en su propio proceso de estabilización, a través de concursos extraordinarios de méritos y de oposición. Con el objetivo de, medio plazo, reducir la eventualidad hasta el 8%. El camino es largo, especialmente en servicios como la sanidad o la educación, y es que la tasa de temporalidad actual supera el 30%.

Si bien los salarios acapararán la urgencia de las reivindicaciones sindicales, la jornada y las nuevas fórmulas del trabajo son el reto de futuro del mundo laboral. La semana laboral de cuatro días se erige como el siguiente capítulo al que las empresas transitarán, sin que, de momento, prácticamente ninguna quiera dar el salto a esa piscina. A mediados de este mes finaliza el plazo para que las pymes industriales se apunten al programa piloto del Gobierno para testear esta fórmula.

El teletrabajo es otra de las novedades laborales, que irrumpió con la pandemia y que ahora se está estabilizando. Actualmente el 13,3% de los ocupados trabaja desde su casa algún día de la semana. Un porcentaje sensiblemente inferior al casi 20% que se alcanzó –forzadamente- durante el confinamiento, pero muy superior al que existía antes del virus. El reto de las empresas ahora es pactar las condiciones de ese teletrabajo y adaptarse a la nueva ley.  

Si bien es un tema mediáticamente menos presente y al que el Gobierno le ha dedicado notablemente menos esfuerzos legislativos, la siniestralidad laboral sigue enquistada de manera crónica en España. Lo que constata su correlación con los ciclos económicos, es decir, cuando sube la faena, suben de nuevo las muertes en el trabajo. Los siniestros mortales repuntaron el año pasado un 11%, hasta los 826 fallecidos en toda España y 92 de ellos en Cataluña.

A nivel de salud laboral, los trabajadores estrenan este año, desde el 1 de abril, nuevo protocolo de bajas médicas. Ahora ya no es necesario que los empleados que vayan al médico y este les de la incapacidad temporal remitan posteriormente y en un plazo de tres días el parte a la empresa. La Seguridad Social se encarga de ello y, por el momento, no está provocando incidentes, según fuentes consultadas de patronales y sindicatos.

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