Energía

El adelanto electoral deja en el aire la nueva tarifa eléctrica y otras regulaciones energéticas

Teresa Ribera.

Teresa Ribera.

Sara Ledo

El adelanto electoral anunciado poPedro Sánchez deja en el aire un buen puñado de regulaciones energéticas impulsadas por el Ministerio para la Transición Energética durante la última legislatura. Una de ellas es la nueva tarifa regulada de la luz, que el Gobierno podría aprobar antes de las elecciones vía Real decreto-ley aludiendo a su carácter de urgencia, pero también dos leyes con las que pretendían adelgazar el recibo eléctrico que quedarán bajo llave en un cajón del Congreso.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, anunció la semana pasada la intención del Gobierno de aprobar antes de julio la nueva tarifa eléctrica que busca evitar los vaivenes de la factura de aquellos consumidores con precio indexado al mercado mayorista. La medida debía haberse aprobado el año pasado y entrado en vigor a principios de este, pero se ha retrasado con el objetivo de que empiece a funcionar a partir de 2024. El Gobierno debe decidir ahora si mantiene sus planes o deja correr el tiempo hasta pasadas las elecciones.

También había prometido el departamento que dirige Teresa Ribera cambios en los criterios para recibir el bono social energético en el caso de las familias numerosas. Tras una polémica con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que recibía esta ayuda, la vicepresidenta puso un Tweet anunciando su intención de reformularla. El problema no era nuevo, dos años atrás (enero de 2021) en el Congreso de los Diputados había anunciado cambios en esta regulación para concentrase "en quienes más lo necesitan". Pero el Ministerio siempre ha dado largas y no parece que en los próximos dos meses vaya a acelerar el proceso.

Otros asuntos que se mantendrán en 'stand by' son la regulación de las comunidades energéticas –que sacó a consulta pública hace unas semanas-- o la regulación sobre la tramitación de los proyectos de eólica marina y el diseño de las subastas de esta tecnología, el segundo paso después de identificar las zonas prioritarias y antes de convocar la subastas. Y es probable que tampoco de tiempo a dar el ‘ok’ al cierre definitivo de la central de carbón de As Pontes, que dejó a medio cerrar por la crisis energética hasta que las plantas de cogeneración retomen su actividad (algo que todavía no ha ocurrido por completo) y hubiera un mecanismo de interrumpibilidad (algo que ocurrió en noviembre).

El recibo de la luz

Pero si a algo se le da carpetazo con la disolución de las cortes generales es a dos proyectos ley que pretendían dar un vuelco radical a la estructura del recibo de la luz y que llevaban dos años guardados en un cajón del Congreso, que ahora quedará cerrado definitivamente. Se trata del recorte a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas por el alza de los precios de los derechos de emisión de CO2 y del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que traslada parte de los costes fijos de la factura de la electricidad al gas y los carburantes.

El primero fue aprobado en los albores de la crisis energética y el segundo seis meses antes, en diciembre de 2020, y con ellos el Gobierno prometía reducir la antigua tarifa doméstica en un 15% (para todos los consumidores independientemente de su contrato) y la de los grandes usuarios en un 5%, aunque los precios actuales dejan sin efecto cualquier cálculo de este tipo. La filosofía de ambas medidas era aligerar los costes regulados, por un lado, al traspasarlos a tecnologías ‘sucias’ como son los carburantes o el gas, y por otro, recortando los ingresos de las eléctricas y utilizándolos para reducir la factura. Pero el avance de la crisis energética con precios disparados en todos los segmentos –gas, petróleo y electricidad-- llevó al grupo socialista a parar la tramitación en el Congreso de las dos primeras medidas que generaron tensiones entre el Gobierno y las gasistas, petroleras y eléctricas.

Política energética

Lo que sí le dará tiempo a aprobar será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (CNMC), el libro que marca la dirección de las políticas energéticas que seguirá España durante la próxima década. Sus indicaciones no están escritas en piedra, pero sirven de guía de hacia dónde se dirigirá la regulación española en los próximos años. El documento, que en su primera versión tenía más de 400 páginas, debe ser enviado a la Comisión Europea antes del 30 de junio de este año.

Pero el envío del texto a Bruselas forma únicamente parte del inicio del proceso, que finalizará un año después, en 2024, según fuentes de este departamento. Ribera ha anunciado en varias ocasiones su intención de aumentar su ambición –según una información reciente de Reuters prevé elevar del 23% al 30% su objetivo de reducir sus emisiones respecto a 1990--, pero el texto puede cambiar mucho según el color del nuevo Gobierno. Un ejemplo es la cuestión nuclear: si PSOE y Podemos son partidarios de cumplir el calendario de cierre vigente (entre 2027 y 2035), el Partido Popular y Vox han flirteado en varias ocasiones con ampliar la vida útil de esta tecnologías.

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Con la disolución de las cortes también se pone punto y final definitivo a muchos Reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros y, por tanto en aplicación, pero que el Congreso de los Diputados decidió tramitar como proyectos de ley, con el objetivo de introducir enmiendas y mejorar el articulado. Pero que se han quedado en la interminable prórroga del periodo de enmiendas, una fórmula habitual de contentar a la cámara pero que en muchas ocasiones se retrasa 'sine die'. Y ahora, con la disolución de la cámara mueren definitivamente. Entre ellos: el plan de ahorro de energía de agosto o el plan de contingencia, aprobados para reducir el consumo de energía de acuerdo con Bruselas.