El juez confirma la adjudicación de Abengoa a Cox Energy tras rechazar todos los recursos

El alicantino Enrique Riquelme se hace definitivamente con los activos de Abengoa. La sección tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha confirmado la adjudicación de la unidad productiva que conforman las antiguas filiales de la multinacional andaluza a la firma Cox Energy, que preside Riquelme, tras rechazar los recursos de reposición que habían interpuesto la constructora Urbas, el banco HSBC y los fondos AIM y Signature. Una decisión contra la que, además, ya no cabe recurso ordinario.

El auto del juez Jesús Gabaldón deja claro que los motivos alegados por los recurrentes carecen de fundamento y, por tanto, se reafirma en la decisión que tomó a mediados el pasado mes de abril. Entonces, el responsable del concurso de acreedores de Abengoa consideró la oferta de Cox Energy como la más favorable para la continuidad del negocio y los intereses de los acreedores, y destacó "el compromiso y la disposición demostrada con la aportación de liquidez".  

Una oferta que garantiza un pago mínimo de 27,3 millones de euros para el concurso y, sobre todo, que se compromete al mantenimiento de los 9.505 trabajadores de la compañía. En su conjunto, la propuesta de Riquelme por Abengoa está valorada en 564 millones de euros, incluyendo la deuda que tendrá que asumir. Además, Cox Energy también garantiza una carga de trabajo de 3.200 millones de euros para los próximos tres años. Se trata de la mayor operación empresarial protagonizado por un alicantino en toda la historia.

Recursos

La decisión del tribunal andaluz no había gustado al principal competidor de Cox en la puja, el grupo Urbas, actual propietario de la constructora alicantina Ecisa, ni tampoco a algunos de los acreedores, como el banco HSBC o los fondos AIM y Signature, que decidieron recurrir.

En el primer caso, Urbas solicitaba la nulidad de pleno derecho de la adjudicación al considerar que la compañía presidida por Enrique Riquelme había presentado su oferta mejorada fuera de plazo –en concreto, con dos días de retraso- y, además, contenía una distribución del precio irregular que vulneraba la Ley Concursal y violaba la prohibición de asistencia financiera. Como es lógico, la constructora defendía que su oferta era la mejor, dentro de las que, a su juicio, sí cumplían con todos los requisitos legales del proceso.

El Gobierno dará a Cox Energy una línea de avales de 150 millones para reflotar Abengoa

Sin embargo, el juez rechaza de plano las pretensiones del grupo cotizado, ya que asegura que la oferta de Cox Energy se presentó dentro de los plazos legales establecidos y no se cometió infracción legal alguna, de las que argumenta Urbas.

El grupo también alegaba que la oferta ganadora no asumía el mantenimiento de la actividad de las divisiones de Agua, Energía, Latam y T&I por un mínimo de tres años. Algo que, de nuevo, rechaza el juez, "pues en la oferta se hace expresa asunción del compromiso, obligación, de continuidad de la actividad de la unidad productiva por el tiempo establecido, cumpliendo con la exigencia de la norma".

Por su lado, HSBC y los fondos AIM y Signature consideraban que se había vulnerado la legislación al haber aprobado la adjudicación sin recabar su consentimiento expreso, en tanto que acreedores privilegiados, lo que, a su juicio, les da derecho de veto.

Sin embargo el juez les recuerda que, a pesar de tener la consideración de privilegiados, sus créditos no forman parte del "primer grado" y que, por tanto, la adjudicación no afecta a sus supuestas garantías, ya que la realización de los activos no sería suficiente para que les alcanzaran los pagos. Así, el auto considera "contrario a la finalidad y espíritu de la norma el requerir el consentimiento de quien no renuncia a garantía alguna" y que este trámite tendría "el único efecto de retrasar y obstaculizar la resolución sobre la oferta".

La adjudicación pone fin a un largo proceso de declive de Abengoa que, tras haber sido durante décadas el buque insignia de la industria andaluza,  empezó a registrar problemas en 2015, por la enorme deuda que acumulaba. Así, en noviembre de este año la multinacional solicitó por primera vez el preconcurso, del que consiguió salir, pero solo para iniciar un largo proceso, que le llevó a acometer varias reestructuraciones, que no acabaron de solucionar sus problemas.

Enrique Riquelme (Cox Energy): «Afrontamos esta etapa con humildad y determinación, cualidades muy presentes en Cox y en la Vega Baja»

Entre los cambios acometidos durante estos años, la mayor parte del negocio se segregó hacia las filiales del grupo, mientras que la empresa matriz acabó solicitando el concurso de acreedores en 2021 y el pasado mes de junio se decretó su liquidación. Por su parte, las filiales siguieron con su actividad, hasta que también entraron en preconcurso, después de que el Gobierno rechazara el pasado mes de julio inyectarle 249 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para rescatarla.