El juzgado perdona a una alicantina una deuda de 19,8 millones de euros

No le ha tocado el Euromillones, pero la sensación de alegría –o, en este caso, alivio- debe ser muy parecida. Una joven alicantina ha conseguido librarse de una deuda de nada menos que 19,8 millones de euros que amenazaba con perseguirla de por vida, después de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y haber obtenido la denominada exoneración del pasivo insatisfecho al carecer de bienes y haber actuado siempre de buena fe, como exige la normativa.

Así lo ha determinado el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, donde ahora reside la mujer, en el que supone el mayor importe conocido hasta la fecha que se ha perdonado a un particular en aplicación de la Ley Concursal, que desde 2015 permite a las personas físicas acogerse a este procedimiento, hasta entonces reservado únicamente a las empresas. Un caso que han llevado desde el bufete alicantino Alonso Saura Abogados.

Como suele ocurrir cuando se producen exoneraciones de cantidades elevadas, el origen de esta deuda procede del error de no separar el patrimonio personal de la gestión de la empresa. En un momento dado, los acreedores de la firma reclamaron mayores garantías de pago para continuar con las refinanciaciones, y demandaron avales personales.

El problema llegó cuando la empresa no consiguió salir a flote y entonces los fondos buitre que se habían quedado con los créditos exigieron la ejecución de los avales para el pago de unas deudas que, en conjunto, sumaban 19,8 millones de euros. Una decisión que, en el caso de la afectada, supuso que le embargaran la nómina de la que vivía.

Concurso exprés

Tras el cambio legislativo que se produjo en septiembre del año pasado, que introdujo el denominado concurso exprés, que facilitaba enormemente los trámites para los deudores sin masa, la mujer decidió acogerse a esta figura y en diciembre solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho. Una petición que el juzgado concedió hace solo unas semanas y que supone para la joven que ya no deberá responder por estas deudas.

Eso sí, como explica Luis Fernando Alonso Saura, el calvario por el que ha pasado la afectada no ha acabado del todo, ya que ahora queda la tarea de comunicar la resolución en los distintos juzgados en los que tiene abiertos procedimientos, para que los acreedores desistan de sus reclamaciones contra ella.

La Ley de Segunda oportunidad ha acabado con los 'zombis económicos', personas que debían acarrear con el peso de sus deudas de por vida

Más allá de este caso particular, Alonso Saura destaca el efecto positivo de la denominada Ley de Segunda Oportunidad, que ha acabado con la situación anterior en la que muchas personas nunca conseguían rehacer su vida y se convertían en "zombis económicos", según sus propias palabras, ya que las deudas les perseguían de por vida. "Era una situación con la que nadie ganaba", asegura el letrado, que también censura los excesos cometidos por algunas entidades con las exigencias de avales personales y que han provocado situaciones como la actual.

Así, hace solo unos días se conocía el caso de una empresaria del sector de los materiales de construcción, que también se vio forzada a avalar personalmente las deudas de su compañía, por las que acabaron reclamándole 3,4 millones de euros. Al igual que ha ocurrido ahora, la mujer también solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho y se le ha concedido.

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En aumento

Fue en el año 2015 cuando, ante el aumento de la morosidad y de los casos de ciudadanos que no eran capaces de afrontar sus deudas, el entonces Gobierno de Mariano Rajoy modificó la ley para permitir que las personas físicas pudieran declararse en concurso para liberarse definitivamente de sus deudas, como ya podían hacer las empresas. Es lo que se denominó Ley de Segunda Oportunidad que, sin embargo, tuvo un arranque muy lento.

El año pasado se declararon en concurso 571 ciudadanos alicantinos

De esta forma, en todo 2016 apenas 56 particulares se acogieron a esta posibilidad en el conjunto de la provincia. Poco a poco se fue difundiendo la existencia de esta normativa y en 2019 ya se superaron los 200 casos, pero fue a raíz de la pandemia cuando se aceleró su crecimiento. En 2021 se alcanzaron las 325 solicitudes y el año pasado fueron 571, sobre todo por las cifras del último trimestre, a raíz de la entrada en vigor de una nueva reforma legislativa, que simplificó el procedimiento y acortó los plazos.

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Una tendencia que ha continuado en este 2023, de forma que solo en el primer trimestre del ejercicio ya se han declarado en concurso en la provincia 338 personas, lo que supone unas cuatro cada día, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.