El Consell aparca la supresión del Impuesto de Patrimonio hasta saber qué pasará con el tributo estatal a las grandes fortunas

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, abre la puerta a incluir a tíos y sobrinos en la bonificación de Sucesiones en un futuro

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante el encuentro empresarial organizado por CEV.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante el encuentro empresarial organizado por CEV. / ÁLEX DOMÍNGUEZ

David Navarro

David Navarro

La supresión del Impuesto de Patrimonio, que abonan quienes acumulan una riqueza neta de al menos medio millón de euros, no será tan rápida como la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aunque la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha reiterado este jueves el compromiso del nuevo Consell con la eliminación de este tributo, también ha dejado claro que no están dispuestos a dejar escapar estos ingresos para que se los acabe llevando el Gobierno central. O en otras palabras, que el ejecutivo autonómico esperará hasta saber qué ocurre con el denominado Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas que rige a nivel estatal antes de aprobar cualquier cambio.

Así lo ha señalado la también portavoz del Consell durante el Encuentro empresarial organizado por la CEV en la Institución Ferial Alicantina, en la que ha sido preguntada por los plazos que maneja para cumplir con esta promesa electoral del PP. En concreto, ha sido la responsable de la Comisión de Fiscal de la patronal, la ilicitana Laura Vicente, quien ha querido saber si la eliminación de este impuesto estaría lista para aplicarse este mismo ejercicio de 2023.

"Nuestro compromiso sigue igual de firme, pero tiene que hacerse de forma responsable y valorar qué momento es el más adecuado", ha respondido Merino a los empresarios. Una vez finalizado el acto, la consellera se ha mostrado mucho más contundente ante las preguntas de los periodistas. "Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que quitar un impuesto que se recauda en la Comunidad Valenciana para que, al mismo tiempo, se incorpore de forma automática otro que va a recaudar el estado, no tiene ningún sentido", ha asegurado.

Merino, en otro momento del acto.

Merino, en otro momento del acto. / ÁLEX DOMÍNGUEZ

La responsable autonómica se refería así al Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas que el Gobierno aprobó el año pasado. Un tributo que solo se paga en el caso de que la cuota resultante sea mayor que la que el contribuyente ya abona por el Impuesto de Patrimonio. Se trata de una medida que el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó, precisamente, para que los ricos que residen en comunidades donde este último tributo se ha suprimido –como es el caso de Madrid- también contribuyeran a las arcas públicas en un momento de especial necesidad, como el actual.

En el caso de la Comunidad Valenciana, como el tipo que se aplica en el Impuesto de Patrimonio ya es superior al nuevo gravamen, en la actualidad ningún contribuyente tiene que abonarlo, algo que cambiaría si la Generalitat cumple su promesa. "Si tiene que existir (el impuesto), al menos que esos ingresos recaudados se queden en la Comunidad", ha insistido la titular de Hacienda.

En principio, el nuevo tributo estatal a las grandes fortunas es de carácter temporal, solo durante dos años, por lo que después el Consell podría cumplir su promesa sin mayor complicación. El problema llegaría si, como el Gobierno decidiera convertirlo en indefinido, como ya apuntan algunas voces que podría ocurrir con el tributo a la banca.

Sucesiones

Por otro lado, la consellera ha abierto la puerta a ampliar hasta el tercer e, incluso, el cuarto grado de consanguinidad los familiares que pueden beneficiarse de la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tal y como reclaman los empresarios familiares alicantinos para incluir a tíos y sobrinos. Eso sí, será en un futuro y se hará en la medida en que la situación económica y fiscal de la Comunidad Valenciana lo permita, según ha aclarado la dirigente autonómica. En este sentido, ha recordado que los efectos positivos que se esperan en la economía por la rebaja de este impuesto no serán inmediatos y que, al mismo tiempo, hay que cuadrar las cuentas públicas, por lo que ha abogado por aplicar estas rebajas de forma responsable.