Aunque de momento todo apunta a que tendrá un efecto muy limitado, el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que algunas de las empresas que salieron huyendo de Cataluña con la puesta en marcha del 'procés' puedan recibir algún tipo de incentivo para regresar a esta autonomía. Una posibilidad que, en el caso de Alicante, afectaría a las cerca de 300 compañías que desde la celebración del referéndum independentista han trasladado su domicilio social a la provincia, según los últimos datos del Colegio de Registradores.
Un grupo que encabeza el Banco Sabadell –sin duda, la firma más relevante de todas las que decidieron hacer las maletas rumbo a Alicante-, pero que también incluye a empresas del sector agroalimentario o al fabricante de audífonos GAES que, eso sí, posteriormente fue absorbida por la italiana Amplifon, con lo que su sede en España pasó a estar en Zaragoza.
En total, según los datos del Registro Mercantil, desde el año 2017 se mudaron de Cataluña a Alicante 286 sociedades frente a las 122 que hicieron el camino inverso, lo que arroja un saldo positivo para la provincia de 164 compañías.
Por años
Los ejercicios de mayor trasiego coinciden con los años centrales del desafío independentista y la posterior aplicación del artículo 155, que supuso el cese del Ejecutivo catalán liderado por Carles Puigdemont. Así, el mismo año 2017 se instalaron en Alicante hasta 59 empresas catalanas; al año siguiente la cifra se elevó hasta las 68 y en 2019 aún fueron 60 las compañías que apostaron por la provincia para huir de la inestabilidad política provocada por el desafío nacionalista.
La llegada de la pandemia redujo drásticamente estas cifras, con apenas 21 traslados en 2020 –de hecho, ese ejercicio hubo más compañías alicantinas que se marcharon a Cataluña (24) de las que llegaron-; otros 25 en 2021 y 22 el año pasado. En lo que va de 2023 se ha producido un nuevo repunte, con 31 llegadas hasta el tercer trimestre, según los datos facilitados por el Colegio de Registradores.
Aunque apenas representan el 3% de todas las que han abandonado Cataluña en estos años –cerca de 9.000-, la instalación de estas empresas ha sido un factor más que ha contribuido a la actividad económica de la zona en estos años. Ahora la gran duda es qué posibilidades reales hay de que se marchen.
Desde la patronal autonómica CEV minimizan los riesgos y creen que serán muy pocas las que tomen la decisión. Para empezar porque consideran que "Cataluña aún necesita muchos años de estabilidad" para recuperar atractivo, tras todo este tiempo de agitación, según afirma su presidente, Salvador Navarro. Pero, sobre todo, porque recuerdan que "las empresas son independientes y autónomas en su toma de decisiones" y que el Gobierno "no puede decidir dónde tienen su sede".
En cualquier caso, el presidente de la CEV asegura que estarán atentos a cualquier movimiento que se produzca por parte del Ejecutivo central en esta cuestión y tomarán las medidas que consideren oportunas, si hay algún movimiento que consideran que contraviene los intereses y la libertad empresarial.
Situación excepcional
Por su parte, desde el Sabadell prefieren no realizar ninguna valoración oficial, aunque las fuentes consultadas señalan que en la entidad ni siquiera se plantean la posibilidad de un nuevo cambio de sede social. Los responsables del banco llevan años insistiendo en que su decisión respondió a unas circunstancias muy concretas –el castigo en Bolsa y la fuga de depósitos propiciada por la inseguridad jurídica que provocó el 'procés'-, y que, mientras no se produzca una situación igual de excepcional, no hay motivos para iniciar un nuevo traslado.
Lo cierto es que la entidad ha encontrado un equilibrio en el que se siente cómoda, con una gran sede operativa en Cataluña, en Sant Cugat; una institucional en Madrid –donde tiene su despacho Josep Oliu- y una sede social en Alicante, uno de sus principales mercados y donde, por ejemplo, también tiene uno de sus principales departamentos de informática.
Además, internamente consideran que las posibilidades de que el Gobierno aborde seriamente este asunto son muy bajas. La prueba sería la escasa –por no decir nula- repercusión que la firma del acuerdo entre el PSOE y Junts ha tenido en la cotización del banco, que se sitúa muy cerca de su máximo anual.
