El Consell cuela en el plan para agilizar trámites la posibilidad de levantar hoteles a pie de playa

Presidencia asegura que la norma autonómica se equipara a la de Costas estatal de 1988

Mazón señala que el Plan Simplifica elimina la "losa burocrática" y reduce "trabas" a empresas

Europa Press

La costa alicantina vuelve a vivir un nuevo capítulo de presión urbanística. La publicación del Plan Simplifica impulsado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha abierto una polémica más a cuenta de la protección del litoral. La introducción del apartado 6 en el artículo 210 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) abre la puerta a que, «en los suelos no urbanizables de litoral se permitirán usos terciarios, públicos o privados, vinculados a la acampada, la vida al aire libre o a los deportes y actividades náuticas. Los terciarios hoteleros no podrán emplazarse a distancia inferior a los 100 metros medidos en proyección horizontal desde el límite interior de la ribera del mar tierra adentro y habrán de ajustarse a las exigencias de la legislación sectorial en materia de costas y del litoral y a las determinaciones que resulten del planeamiento territorial y urbanístico».

Este nuevo articulado ha provocado inmediatas reacciones. En primer término, la Conselleria de Medio Ambiente que dirige la popular Salomé Pradas, ha respondido que el cambio simplemente es una adaptación de la normativa valenciana actual a la estatal. En segundo lugar, está el rechazo de ecologistas y grupos políticos de la oposición. 

Respecto a la medida interna, el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, aseguró que “nadie va a poder edificar ningún hotel a 100 metros de la costa, en ningún caso y bajo ningún concepto. Los hoteles se podrán construir a 200 metros de la costa como muy cerca. Los usos que se prevén entre 100 y 200 metros son construcciones desmontables”. Desde Presidencia, reiteraron que el decreto-ley, publicado en el DOGV del pasado martes, «es conforme con la normativa estatal que en su artículo 23 regula la servidumbre de protección del deslinde del marítimo terrestre y que, como en el caso de la normativa valenciana, prohíbe las construcciones dedicadas o destinadas a edificación residencial».

El supuesto que recoge la norma no admite hoteles o construcciones residenciales, sino otro tipo de construcciones desmontables (como beach clubs o chiringuitos) y otras actividades, siempre previo informe de Costas, según aseguraron. Llama la atención que el Ejecutivo autonómico abra este nuevo melón cuando ya trabaja en situar esa misma barrera de los 200 metros en la denominada ley de costas valenciana, 300 menos que los fijados por el anterior gobierno en el Pativel. El «terciario hotelero» es un término que incluye al resto de alojamientos turísticos como campings o apartamentos turísticos, pues el de los chiringuitos se asocia a «terciario hostelero». 

Fuente: Generalitat Valenciana

Fuente: Generalitat Valenciana / INFORMACIÓN

Retroceso

La respuesta del Consell coge la literalidad de la línea de servidumbre que se fija en los 100 metros y la traslada tal cual, pero el texto estatal no habla de la permisividad para construir hoteles. Así que la puntualización ha abierto un mar de dudas sobre las zonas que guardan reservas de suelos no urbanizables en esta primera línea. Desde Ecologistas en Acción, su portavoz Carlos Arribas señalaba tres áreas: las dos comarcas de la Marina Alta y Baixa y la zona entre Elche y Santa Pola. En su opinión, el resto del litoral está «machacado». 

Para los ecologistas se trata de una «auto enmienda» a la ley de costas autonómica que ahora se encuentra en fase de participación pública y que la agrupación viene criticando abiertamente por alejarse de los modelos de protección y conservación que marcan situar el límite a 1.000 metros de la costa. Además, ha recordado la preocupación que ha despertado esa nueva norma que ataca una figura creada en el Pativel (2014) que eran las «ventanas abiertas» o propuesta de «mantenimiento de los espacios libres de una urbanización en la franja litoral». 

En esta línea se han expresado tanto los socialistas como Compromís, autores de la actual ley urbanística y de protección medio ambiental. La exconsellera y síndica adjunta del PSPV-PSOE, María José Salvador, consideró que los cambios legales se introducen «por la puerta de atrás, en un decreto ómnibus, que acaba con el Pativel para que el PP vuelva a su modelo urbanístico de siempre». Mientras que por parte de la formación naranja, la diputada en las Corts, Paula Espinosa, denunció que “el decreto de simplificación del Consell es un ataque al territorio sin paliativos. Estamos ante un retroceso a los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Eliminar la vinculación de nuevas construcciones a la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) es un grave error de consecuencias incalculables».

Dificultades

La medida tampoco responde a una demanda del sector, pues desde Hosbec la petición en esta materia se centró, en su momento, en la norma no tenga un carácter retroactivo y, sobre todo, «que se respeten las exenciones». Por último, los expertos consultados consideran que es difícil que este cambio lleve parejo la apertura de un establecimiento por la «complejidad» no desaparece. En este caso, la referencia se dirige tanto a las especificaciones que se deben cumplir de diseño e integración con el paisaje como al hecho de que será necesaria una declaración de interés comunitario que solo da 30 años de autorización. 

La medida se produce en un momento en el que la provincia ha visto como se abrían nueve establecimientos en menos de seis meses de este año.  

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