«Las empresas están implementando programas de Compliance penal en el marco del buen gobierno corporativo»

Hasta hace unos años el Compliance penal estaba de manera clara asentado en sectores especialmente sometidos a estricta regulación, sin embargo, empresas de sectores empresariales cada vez más amplios optan por implementar un programa de Compliance en el marco de la responsabilidad social corporativa, las prácticas de buen gobierno y la transparencia. Para analizar esta cuestión entrevistamos a Sebastián Crespo Baeza, socio de la firma especializada en abogacía de los negocios, Devesa, con sedes en Madrid, Alicante y Valencia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante (UA), inició su andadura profesional en las firmas Deloitte Legal y Pricewaterhousecoopers (PWC), contando actualmente con más de veinte años de experiencia profesional como letrado en ejercicio.

Especialista en derecho procesal, concursal y penal económico, también es árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, y colabora como docente en el Máster de Dirección de Empresas impartido por el Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA. 

Durante tres años consecutivos ha sido reconocido por el directorio norteamericano Best Lawyer como uno de los mejores abogados de la provincia en las categorías «Criminal defense, Insolvency & Reorganization», y en el año 2022 fue reconocido en la categoría especial de «Lawyer of the year» en materia de «Insolvency and Reorganization Law».

¿En qué consiste un modelo de Compliance?

Consiste en un Programa que se plasmará en diversos documentos, contenidos, software destinados a identificar las actividades empresariales en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos, estableciendo los protocolos que se deben cumplir en la toma de decisiones y ejecución de actuaciones en la empresa para reducir o eliminar el riesgo de que se cometa un determinado delito, establecerá los recursos financieros para el funcionamiento del sistema de Compliance, un sistema disciplinario en caso de incumplimiento de los protocolos internos, y un sistema de actualización cuando se produzcan cambios en la organización o se produzcan incumplimientos del sistema.

¿En qué casos es responsable penalmente una empresa?

La empresa será penalmente responsable, por una parte, de los delitos cometidos en nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa u ostentan facultades de organización y control. Y, por otro lado, de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los administradores o gerentes de la empresa, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control.

¿De qué delitos puede ser penalmente responsable una empresa?

No de todos los delitos que regula nuestro Código penal, puede ser responsable una empresa. Sólo en aquellas figuras delictivas en las que expresamente se prevea la responsabilidad penal de la empresa, tendremos una posible responsabilidad. Hay supuestos especialmente críticos que tienen que ver con el derecho penal económico como los delitos contra la Hacienda pública, el blanqueo de capitales, estafa, cohecho, tráfico de influencias, insolvencias punibles o delitos contra la propiedad industrial o intelectual.

¿Puede quedar la empresa exenta de responsabilidad penal?

Si el delito fuere cometido por sus representantes legales o por aquellos que están autorizados para la toma decisiones, la empresa quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: (i) que el órgano de administración ha adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, un programa de Compliance que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir el riesgo de su comisión; (ii) que la supervisión del cumplimiento del Compliance haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos; (iii) que el autor haya cometido el delito eludiendo fraudulentamente el Compliance y, (iv) que no haya habido omisión de las funciones de vigilancia y control. En las pequeñas empresas que están autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada , las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.

¿Existe alguna atenuante de la responsabilidad penal de la empresa?

Sí, por ejemplo, si antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, confiesa la infracción a las autoridades y colabora con la investigación, la indemnización o reparación el daño ocasionado por el delito, y también mediante el establecimiento de un Programa de Compliance antes del comienzo del juicio, para prevenir delitos que en el futuro pudieran cometerse en el seno de la empresa.

¿Qué tipo de sanciones se imponen a la empresa?

Sin perjuicio de la pena que correspondiese al autor del hecho, por ejemplo, el administrador, para las empresas, se pueden imponer sanciones específicas como la multa económica, la suspensión de actividades, la disolución, la clausura de establecimientos, o la inhabilitación para obtener subvenciones entre otras.

¿Qué valoración realiza el despacho de abogados Devesa de esta figura?

La cultura de cumplimiento está cada vez más arraigada, y es una inversión en la empresa, sobre todo de cara a pretender captar inversión, o la entrada de nuevos socios. Es un síntoma claro de madurez y de profesionalización de la gestión, y supone plasmar un claro compromiso con la transparencia y las buenas prácticas. Es la tendencia a la que las reformas legislativas van conduciendo en los últimos años, y nuestra firma ha notado en los últimos años una demanda creciente al respecto.