La revisión al alza del PIB aleja un posible nuevo ajuste en el sistema de pensiones a partir de 2025

La corrección al alza del PIB hasta 2023, que ha adoptado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este 18 de septiembre, y el nuevo cuadro macroeconómico que se dispone a aprobar este martes el Consejo de Ministros -con previsiones de crecimiento más elevadas hasta 2027- alejan la posibilidad de que el propio Gobierno se vea obligado a diseñar un ajuste en el sistema público de pensiones ya en 2025. Este sería aplicado a partir del 1 de enero de 2026 y cumpliría así con lo prometido a Bruselas para apuntalar la sostenibilidad de la Seguridad Social. 

Durante la pasada legislatura, el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá -hoy, gobernador del Banco de España-, logró convencer a los comisarios europeos de la sostenibilidad de su reforma gracias a una suerte de ‘posdata’ incluida al final de la misma. 

Según esta cláusula, si los resultados de todas las medidas incluidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, como el aumento transversal de cotizaciones –el conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)- o el recargo aplicado a los salarios más altos -que empezarán a pagar a partir del año que viene-, no fueren los esperados, el Gobierno deberá adoptar nuevas medidas en 2025.

Y, si no se llegara a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias, se establece que se aplicará de forma automática a partir del 1 de enero de 2026 un recargo sobre el MEI que pagan todos los trabajadores. 

En particular, el compromiso con Bruselas lleva a que si el gasto medio del Estado en pensiones entre 2022 y 2050 supera el 15% del PIB, la Seguridad Social deberá proponer nuevas medidas a la Comisión Europea ("mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas", se afirma en el real decreto ley 2/2023). O directamente reclamar más cotizaciones a trabajadores y empresas. 

Nuevos cálculos

Esta posibilidad de tener que diseñar un ajuste en 2025 hoy queda un poco más más lejos, dada la revisión del PIB de 2023 materializada por el INE este 18 de septiembre, que ha añadido 36.400 millones de euros en su medición de actividad registrada en la economía española el año pasado. Además, esta revisión se suma a la que ya se practicó el año pasado, que añadió 19.269 millones al PIB de 2022. La suma de ambas revisiones da como resultado un nivel de PIB más alto que el que habían usado en sus proyecciones iniciales tanto el Gobierno, como la Comisión Europea en los pronósticos del conocido como 'Ageing Report 2024' (Informe sobre el envejecimiento, 2024).

Así, tras elevar el volumen de la economía española, el peso del gasto en pensiones cae, pues se proyecta sobre un PIB más abultado, si bien sucede lo mismo con los ingresos. No existen aún nuevas proyecciones oficiales de los parámetros de ingresos y gastos del sistema de pensiones sobre la base del nuevo nivel del PIB.

No obstante, algunos primero cálculos pueden servir de orientación: el gasto en pensiones contributivas de 2023 (161.067 millones de euros) representaba el 11% del PIB de ese año; después de la revisión del INE de este 18 de septiembre, el peso de ese gasto en pensiones cae al entorno del 10,75% (0,25 puntos menos) del PIB en 2023.

A medida que se vayan jubilando los 'baby boomers', que acumulan salarios más altos y son más numerosos que sus predecesores y sucesores, el peso del gasto en pensiones sobre el PIB se irá incrementando, hasta alcanzar un pico del 17,6% del PIB, según proyecta Eurostat, para 2050.  

No obstante, el punto de partida de un PIB más elevado desde 2022 y 2023 podría acabar resultando determinante de cara a evitar que una nueva estimación del gasto promedio en pensiones para el periodo 2022-2050 escale por encima del 15% y con ello active la necesidad automática de ajustes. 

Bruselas reconoce haber infraestimado el PIB

La Comisión Europea, a través de su último informe ‘Ageing Report’ -cuyas principales conclusiones se avanzaron en diciembre de 2023 y fueron ratificadas después, en la primavera de 2024- calculó un gasto medio en pensiones del 15,1% del PIB para el periodo 2022-2050 en España (solo una décima por encima de la referencia del 15%).

Pero ya entonces, Bruselas reconocía que en sus cálculos podía estar infraestimando los niveles del PIB español, pues no había podido tener en cuenta la revisión estadística que había elevado en casi 20.000 millones la actividad económica de 2022. Dicho de otra manera, la Comisión Europea admitía que podía estar proyectando un gasto excesivo en relación al PIB. "La proyección de la relación entre el gasto en pensiones y el PIB en el escenario base podría estar ligeramente sobrestimada desde el inicio del periodo de proyección (2022 y 2023)", reconocía entonces el informe de la Comisión Europea.

Después de eso, la reciente corrección al alza formulada este mes de septiembre por el INE -que ha elevado en 36.400 millones el PIB de 2023- no hace sino agrandar la brecha con los cálculos iniciales de la Comisión Europea.

Mecanismo de cierre

"A partir de marzo de 2025", tal como consta en el pacto con Bruselas y en el real decreto ley 2/2023 de sostenibilidad del sistema público de pensiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) deberá ejercer su papel supervisor sobre la reciente reforma de la Seguridad Social, del Gobierno socialista, con una periodicidad trianual. En 2025, la Airef analizará por primera vez si el gasto neto en pensiones está creciendo en demasía respecto a los ingresos y si se encamina a situarse por encima de ese 15% del PIB (en promedio hasta 2050).

Legalmente no está estipulado cuánto tiempo tendrá la Airef para transmitir al Gobierno su veredicto, pero sí se establece que, en caso de que fuera necesario, el Gobierno debería enviar antes del 30 de septiembre de 2025 un proyecto de ley al Parlamento con las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, el Gobierno acaricia la idea de que el mayor nivel del PIB aflorado ahora lleve a la Airef a recalcular el gasto promedio de las pensiones y a situarlo si quiera una décima por debajo del 15,1% que avanzó la Comisión Europea en su 'Ageing Report'. De ser así, al menos de momento, se podrá esquivar la necesidad de nuevos ajustes en las pensiones.

El 'boom' del empleo impulsa los ingresos

Por ahora, el buen momento que atraviesa el mercado laboral –con récord de afiliación- y las últimas reformas aprobadas –en la misma línea incide el último pacto rubricado esta pasada semana por Pedro Sánchez y los agentes sociales- han llevado más dinero a la caja de la Seguridad Social del que han restado. Las cotizaciones recaudadas han crecido durante los últimos 12 meses un 7,5%, frente al 6,5% que ha aumentado el gasto. 

De la jubilación parcial a la anticipada: ¿Qué cambia con la nueva reforma de las pensiones?

Ese diferencial hoy positivo presumiblemente se irá revirtiendo a medida que los 'baby boomers' se vayan jubilando. De ahí, la ‘hucha de las pensiones’ que reactivó el año pasado el Gobierno y que a principios del ejercicio acumulaba 6.100 millones de euros. Es solo una pequeña parte de los 66.815 millones de euros que llegó a acumular en 2011, antes de que el Estado, en aquel momento comandado por el Gobierno de Mariano Rajoy, empezó a vaciarla para afrontar los efectos de la crisis financiera e inmobiliaria.

El actual Gobierno se ha marcado como objetivo llegar a los 25.000 millones a final de esta legislatura y a partir de ahí seguir llenando la ‘hucha’ para compensar parte de la futura desviación prevista. No obstante, el cometido de la Airef pasa por fiscalizar cada año la evolución de los ingresos y gastos y alertar cuando la desviación se exceda de los márgenes proyectados y sean precisas nuevas medidas. 

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