Seis meses de guerra total entre BBVA y Sabadell para ganar la batalla de la opa

Tras los rumores que llegaban desde Londres por la mañana, la noticia se confirmó cerca de las dos de la tarde del pasado 30 de abril, cuando ambas entidades remitieron sendos hechos relevantes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. BBVA había presentado una oferta de negociación para absorber al Sabadell. Lo que en principio se planteó como una propuesta amistosa, se convirtió en sólo nueve días en una opa hostil, tras el rechazo del consejo de administración del banco con sede en Alicante.

Desde entonces la dirección de ambas entidades llevan ya seis meses en plena batalla por ganar una guerra sin cuartel que se juega principalmente en dos escenarios. El del relato, empeñados en ganar el favor de la opinión pública y de las autoridades, que pueden ser claves para el éxito de la operación; y el de los beneficios, conscientes de que la mejor forma de ganarse a los accionistas del Sabadell -los que tendrán la última palabra- es demostrar que su propuesta es la más rentable para ellos. Los de Carlos Torres dan por hecha la victoria final, dispuestos a quedarse con su competidor casi con independencia de las condiciones que se pongan, mientras que los de Oliu dejan claro que aún hay partido.

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Por la parte del relato, contra todo pronóstico, el Sabadell empezó ganando las primeras batallas, sobre todo ante los recelos que despertó la operación en la Comunidad Valenciana y Cataluña, por la posibilidad de perder un centro de poder. La Generalitat Valenciana, la catalana, diputaciones y ayuntamientos se sumaron en su rechazo a las patronales -como la valenciana CEV-, las Cámaras de Comercio y todo tipo de organizaciones empresariales sectoriales, que incluso enviaron cartas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mostrando su oposición, por los efectos que podría tener sobre el crédito a las pymes.

Sin citar a Alicante

En el caso de Alicante, además, los directivos de BBVA cometieron el error de ignorar en sus comunicaciones públicas los efectos de la pérdida de la sede social o del centro tecnológico del Sabadell, mientras anunciaban que mantendrían las instalaciones de Sant Cugat, en un guiño a Cataluña. Un error que solo empezó a enmendar el propio Carlos Torres durante la rueda de prensa en que explicó los detalles de su oferta, ante las preguntas de este diario.

Desde entonces, eso sí, los responsables de BBVA han tratado de corregir el rumbo, multiplicando las visitas de Torres y el resto de primeros espadas de la entidad a la Comunidad para reunirse con todos los representantes políticos y empresariales de la zona, además de con los medios de comunicación. Un cambio que ha conseguido suavizar la postura de algunos de ellos, aunque no ha acabado con sus "dudas" sobre la operación, como señala el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Así, frente a la "falta de sensibilidad hacia el territorio" que a su juicio mostraba el BBVA hasta el lanzamiento de la opa, Navarro reconoce que la entidad vasca "ha hecho un esfuerzo por posicionarse en la Comunidad", por ejemplo, con la promesa de mantener el centro tecnológico de Alicante. Sin embargo, cuestiona que la nueva entidad resultante sea capaz de elevar el crédito a familias y empresas en 5.000 millones, como aseguran desde BBVA. "Nosotros pensamos que para las pymes va a ser negativo, porque habrá menos competencia", insiste el responsable de la patronal autonómica.

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El esfuerzo de comunicación de ambas entidades es más que evidente. El Sabadell, por ejemplo, ha aprovechado la remodelación de su web de prensa para incluir un apartado específico con todo tipo de información sobre la opa. Por su parte, el BBVA ha lanzado incluso una edición especial impresa de la revista Ábaco, dirigida a sus accionistas, que destaca en su portada una entrevista con el presidente de la entidad, relatando las bondades de la operación.

El objetivo es ganarse a la opinión pública, sobre todo con la vista puesta en la facultad que tiene el Gobierno -que hasta ahora ha rechazado de plano la operación-, para vetar la fusión, aun cuando el BBVA ya se haya hecho con la mayoría del accionariado, lo que reduciría las sinergias y, por tanto, la rentabilidad de la operación.

Pendientes de la CNMC

De momento, tras obtener el visto bueno del BCE y el supervisor británico, la opa sigue pendiente del dictamen de la CNMC, que podría pronunciarse de manera inminente. Si decide autorizarla en primera fase, como espera el equipo de Torres, el periodo para que los accionistas acepten o no la oferta podría abrirse en las próximas semanas. Pero si el supervisor considera que los riesgos de concentración son elevados y decide analizarla en segunda fase, la autorización se demorará un mínimo de tres meses, lo que eleva el riesgo de rechazo. Sobre todo, si la evolución de las cotizaciones de ambos bancos sigue recortando la prima que ofreció inicialmente BBVA.

Y aquí es donde se produce la segunda batalla, la de la rentabilidad. Desde el banco presidio por Josep Oliu tienen claro que el mejor muro de defensa es convencer a sus accionistas de que en solitario la entidad les reportará más dinero. Así, ha prometido repartir 2.900 millones de euros en remuneración a los tenedores de sus títulos en dos años, gracia al constante aumento de beneficios. Una oferta que, aseguran, el BBVA no puede igualar.

Éste por su parte, ha contratacado anunciando también beneficios de récord durante el primer semestre del año -los resultados del tercer trimestre se publican este jueves- y con el pago del mayor dividendo a cuenta de su historia, a principios de este mes.

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Claro está, para conseguirlo, ambas entidades han tenido que poner a toda máquina a sus departamentos comerciales, lo que no está gustando a los sindicatos. "Al final esto significa una vuelta de tuerca más para los trabajadores, a los que se está exigiendo más para presentar unos resultados mejores a los accionistas", se lamenta el responsable de Sector Financiero en la Federación de Servicios de CCOO, Javier de Dios.

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Una situación que se suma a la incertidumbre sobre las consecuencias de una posible integración, con el consiguiente recorte de personal. "La presión es brutal", asegura el sindicalista. Sea como fuere, de momento la guerra continúa sin un final claro a la vista.

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