Fopa reivindica la construcción de obra civil como garantía para «salvar vidas»

El fallo de los premios de la Federación de Obra Pública reunió ayer a responsables de colegios profesionales, administraciones y empresas. Ante el grupo de expertos, el presidente de Fopa, Javier Gisbert, lanzó al final del acto una reflexión que hilvanaba con la actualidad. «Quiero felicitar a todas las candidaturas en una edición en la que no había ninguna propuesta favorita, sino que se encontraba todo muy abierto y de difícil decisión», comenzó diciendo, pero «quiero poner el foco en que casi no hay obra civil». 

Gisbert reivindicó entonces el valor de las infraestructuras civiles y la falta de inversión por parte de las diferentes administraciones que hace que cada año se ejecuten menos obras civiles. Para Gisbert, estas actuaciones no sólo mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, potencia y mejora la competitividad de las empresas, sino que también «salvan vidas». 

«Obras en determinadas carreteras, autovías y cauces y barrancos han demostrado que son inversiones para la vida, que protegen y que minimizan los riesgos», en una clara alusión, aunque no explícita, a la riada en Valencia para acto seguido referirse a las necesarias mejoras que precisa la autovía A-31 que une Alicante con Madrid, donde a menudo se registran accidentes de tráfico. 

La demanda llega en un momento en el que parte de la «disputa» política parece centrada en la ausencia de obras en el barranco del Poyo en València por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Justo esta semana, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, protagonizó un duro debate con el Partido Popular a cuenta de estas actuaciones que llevan sobre la mesa desde 2009 y que los diferentes gobiernos en distintas legislaturas han dejado en el olvido. 

El presidente de Fopa evitó referirse a la DANA y se centró en la provincia alicantina, pues la asociación lleva años reclamando a los gobiernos más actuaciones y, sobre todo, mayor grado de ejecución de las mismas. El pasado 27 de septiembre, la Junta directiva se reunió con Javier Sendra, quien asumió tras la salida de Vox, la secretaría autonómica de Infraestructuras y Transportes. 

El motivo era la presentación del Plan Simplifica y trasladar desde el Consell la intención de acelerar la fase de proyectos acumulados y retrasados de la anterior legislatura con especial atención a las infraestructuras hidráulicas vinculadas a la EPSAR. La noticia se recibió positivamente, como no podía ser de otra manera; pero lo cierto es que a Fopa ayer quiso cambiar las demandas por la reivindicación de los objetivos de la obra civil como herramienta de prevención y de mejora en muchos aspectos cotidianos. 

Otro de los ejemplos que se destacó durante la jornada fue la reforma de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Tabarca y la conducción submarina entre la isla y la costa, promovida por la EPSAR y desarrollada por la UTE ACSA Obras e Infraestructuras y Route Pont. Precisamente por su «clara apuesta por la sostenibilidad de la Reserva Marina, puesto que impide el vertido de aguas residuales en las temporadas punta de turismo y su desvío hasta la península para su tratamiento en la estación de Santa Pola» recibió la mención especial. 

Infrafinanciación

La reivindicación enlaza con el mensaje de infrafinanciación en la inversión, es decir, el hecho de ser la última provincia de España en este aspecto desde hace dos años. De hecho, Fopa formó parte del frente empresarial de 2022 que reclamó a la Secretaría de Infraestructuras del Ministerio de Transporte y Movilidad la ejecución de proyectos ferroviarios y de carreteras valorados en más de 3.000 millones de euros. Justo el déficit inversor que el Estado tiene en este territorio desde 2008, cuando Ineca comenzó a realizar análisis sobre las cuentas del Gobierno central y de la Generalitat Valenciana y sus inversiones territorializadas. Se trataba de nueve proyectos que ya en 2020 fueron calificados como prioritarios en un estudio elaborado por la Cámara de Comercio y la CEV, ninguno de los cuales se ha terminado en este tiempo.  

Antes del cambio de gobierno autonómico, el propio Gisbert apuntó, en una entrevista concedida a este diario, que «en los últimos años solo se ha llegado a ejecutar un 64% de lo presupuestado, un porcentaje que se reduce al 35% si de lo que hablamos es de la construcción. Estamos, por tanto, ante un problema endémico, porque como mínimo se debería ejecutar un 60% de las obras que se anuncian». 

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