Tecnología
La inteligencia artificial obliga al uso de cláusulas creativas en contratos y startups
Las empresas, especialmente las tecnológicas, tratan de adaptar su estructura y negocios ante la falta de legislación contractual

José María Espinosa y Borja García Rato, durante su intervención en el foro del Puerto de Alicante / INFORMACIÓN
¿Cuánto debo pagar por un servicio que se apoya en el uso de inteligencia artificial o debo prohibir a mis socios que usen los desarrollos de la empresa en ChatGPT? Son algunas de las preguntas que se empiezan a hacer los directivos de sociedades que han empezado a aplicar herramientas con esta tecnología y no hay una respuesta. Estas dudas legales se abordaron ayer en la jornada organizada por Alicante Port Innova y en la que participó el despacho Summons, de los alicantinos Borja García y Jose María Espinosa. Ambos han explicado cómo el impacto de la inteligencia artificial generativa está cambiando las relaciones contractuales dentro de las compañías, especialmente las tecnológicas, y las relaciones societarias, sobre todo en el caso de las empresas escalables, que suelen tener mayores entradas y salidas de inversores.
La principal conclusión es que se pisa un terreno nuevo, donde todos parecen querer proteger sus negocios con una suerte desigual, y segundo, es que las consecuencias legales y la responsabilidad es una cuestión a dirimir por los tribunales que, en la actualidad, carecen de norma. Borja García Rato ha explicado que el reciente reglamento europeo marca los cuatro niveles de riesgo y crea un entorno de transparencia, pero falta el aterrizaje de cómo se regula. «Sabemos que hay Inteligencia Artificial prohibidas como por ejemplo los modelos predictivos de delito»; apunta el responsable del despacho con sede en Madrid y Alicante y especializado en el proceso regulatorio de startups y mercantil.
Y es en este sentido, donde la redacción de contratos y las propias relaciones entre socios se ha convertido en la introducción de «cláusulas creativas». Por su experiencia, García Rato considera «fundamental entender el modelo de negocio» y, por otra parte, «qué relación queremos» con los «partners», un término que no utiliza al azar, pues señala que «cada vez son más difusos los términos tradicionales de cliente, proveedor ...».
«Es importante identificar los posibles errores y analizar el daño que pueden producir», añade José María Espinosa y a partir de ahí anticiparse. En su opinión, no es una cuestión que deba «preocupar tantísimo», sino que «hay que tomar medidas».
En los ejemplos, ambos exponen casos como la de un contrato entre socios que quiso poner la cláusula de prohibir que la información mercantil se volcara en las herramientas de IA generativa. «Técnicamente, es imposible saber quién lo ha hecho, salvo acuerdo con OpenIA», responde García Rato.
Así también apuntan a la necesidad de trabajar con transparencia incorporando la tecnología y siendo conscientes de que la responsabilidad civil pertenece a la empresa y, por lo tanto, se deben revisar lo que se presente. La automatización de los procesos debe ir pareja con un equilibrio a la espera de que se desarrolle el reglamento y se empiecen a tipificar los usos y sus consecuencias.
Pierde una querella que redactó con ChatGPT
Consultoras y otro tipo de empresas ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para que les ayude en la redacción de presupuestos o escritos. Esto es lo que le pasó a un abogado navarro que casi le cuesta una sanción. El letrado presentó la querella de un cliente y el auto del Tribunal Superior de Navarra en fecha 4 de septiembre de 2024, dictó un auto en el que rechazaba dicha querella. Entre los motivos, se indican la utilización de legislación colombiana. Este error supuso que, de oficio, el tribunal abriera una pieza separada para investigar el caso que apuntaba al uso del ChapGPT. La rápida confesión y las disculpas de que, efectivamente, se había utilizado esta tecnología y no se había corregido el escrito en este sentido, sirvió para que no se tomaran medidas sancionables contra el mismo, pero ha servido para dejar abierto el interrogante de si se puede exigir responsabilidades. Borja García subraya que es el primer caso que se conoce, aunque advierte de que en Estados Unidos sí se ha sancionado casos similares.
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