TRANSPORTES
El Gobierno presiona a Sidenor para subir el precio de su oferta por Talgo y cerrar ya un acuerdo
El Ejecutivo pretendía que la operación de compra del fabricante ferroviario se cerrara en noviembre y se moviliza para evitar más retrasos. Mantiene abierta la vía de que SEPI entre en el capital del grupo para facilitar el pacto.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. / Ministerio de Transportes
El Gobierno no ha dudado en escenificar públicamente su respaldo a que el grupo siderúrgico Sidenor tome el control de Talgoy le dé un nuevo impulso a una compañía considerada estratégica. Lo hizo el ministro de Transportes, Óscar Puente, con una visita la pasada semana a una de las factorías de la corporación vasca junto a su presidente, José Antonio Jainaga. El objetivo era mostrar a las claras que Ejecutivo y Sidenor siguen alineados en su interés de dar estabilidad accionarial al fabricante de trenes y blindar el futuro de la compañía.
Pero Moncloa también ha dado un golpe sobre la mesa para acelerar el proceso de negociación y que no sufra más dilaciones. El Gobierno pretendía que la operación quedara cerrada el pasado noviembre, y ahora mete presión a Sidenor para que no arrastre los pies, para que suba el precio de la oferta presentada por Talgo y cierre ya un acuerdo con los principales accionistas de la compañía, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes conocedoras de la situación.
Sidenor ha presentado una oferta al principal accionista de Talgo, el consorcio Pegaso Transportation (integrado por el fondo británico Trilantic, la familia Oriol y Juan Abelló) para la adquisición de una participación del 29,9%. La oferta inicial de Sidenor se sitúa, según fuentes del mercado, en el entorno de los 4 euros por acción, lo que implicaría un desembolso de 148 millones por el 29,9%, y lo que le permitiría sortear el tope legal del 30% que la legislación establece para que sea obligatorio presentar una opa por el 100% de las acciones.
Sin embargo, la aspiración del vendedor es que el precio de la operación se acerque a los 5 euros por título (igualando el que tenía la opa presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon hace unos meses, y que finalmente fue vetada por el Gobierno español) y preferentemente también que la transacción le sirva para desprenderse no sólo de un 29,9%, sino del paquete del 40% del capital que controla Pegaso. La participación del 40% del actual mayor accionista estaría valorada en 248 millones de euros si se alcanzará el precio de 5 euros por título.
Para allanar la operación y poder ampliarla del 29,9% que quiere Sidenor hasta el 40% que desea vender Trilantic, en la transacción podrían participar directamente entrando también como accionistas tanto el Gobierno central -a través del holding estatal SEPI- como el Ejecutivo vasco, también se podrían otros socios industriales o financieros. Las Administraciones central y vasca han mostrado su disposición a dar apoyo a una solución encabezada por Sidenor. Y ese interés se mantiene.
La propuesta de Sidenor se sitúa muy por debajo de la oferta de 5 euros por título por el 100% de la compañía que articuló el grupo húngaro Magyar Wagon, y que habría supuesto un desembolso de 619 millones de euros. El Consejo de Ministros vetó el pasado agosto la opa del grupo húngaro por las vinculaciones de sus accionistas con Rusia, alegando que la prohibición se debía a la necesidad de preservar los intereses estratégicos y la seguridad nacional por la tecnología desarrollada por Talgo.
Guiño (en diferido) si hay acuerdo
Coincidiendo con la visita del ministro Puente a la planta de Sidenor, esa misma mañana, Renfe comunicaba formalmente a Talgo por carta la ejecución de una sanción de 116 millones de euros por los retrasos acumulados en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril. El operador estatal feroviario -dependiente del propio Ministerio de Transportes- daba por terminado el proceso de conciliación y confirmaba la aplicación de una primera penalización.
Renfe de momento sólo ha ejecutado un primer tramo de sanciones y se reserva el derecho a aplicar una penalización extra por otros 50 millones en concepto del lucro cesante provocado por la demora en las entregas de los convoyes de alta velocidad del modelo S-106, conocidos comercialmente como Avril. No obstante, el operador ferroviario no descarta suavizar el golpe a su proveedor como una forma de facilitar el desembarco en su accionariado de Sidenor, según adelantó El Correo. Una suerte de guiño en diferido del Gobierno central para facilitar la operación.
El importe del contrato de compra de una treintena de unidades del tren por parte de Renfe ascendió a unos 600 millones, y la primera penalización equivale a una quinta parte del montante total. Fuentes jurídicas vinculadas al procedimiento de sanción subrayan que Renfe cuenta con informes legales que respaldan su decisión de ejecutar ya la sanción por la dilación de las entregas de los trenes superior a los 18 meses. La compañía estatal pretende retener los pagos que aún tiene pendientes por transferir a Talgo por el pedido total, del que el operador sólo ha recibido una parte de los convoyes y aún faltan otros siete trenes por entregar.
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