La Inspección de Trabajo aflora más de 2.817 empleos y regulariza 11.000 contratos en un año en Alicante

Menos trabajadores sin contrato, pero más contratos fraudulentos o que no se ajustan a la normativa. Esa es la fotografía que revela la última memoria de la Inspección de Trabajo en la provincia, que pone en su punto de mira el abuso que, según este organismo, se produce en la utilización del fijo discontinuo en la zona. Una modalidad de contratación ampliamente utilizada por sectores como el calzado, el juguete o la hostelería desde antes de que la Reforma Laboral la pusiera de moda como alternativa a los empleos temporales.

De esta forma, tal y como denuncian desde hace años los sindicatos, la economía sumergida en Alicante parece haber mutado hacia comportamientos más sofisticados, aunque igualmente perjudiciales, en los que los empresarios incumplidores evitan tener a profesionales sin dar de alta en la Seguridad Social, pero buscan igualmente un ahorro de costes ilícito mediante otros mecanismos.

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En total, a lo largo de 2023 -los últimos datos disponibles, que se acaban de hacer públicos- la Inspección de Trabajo realizó hasta 33.055 actuaciones en la provincia, un 5,8 % más que el año anterior, aunque el número de actas derivadas de estas actuaciones se redujo un 7,5%, hasta las 4.611. Aun así, Alicante se sitúo como la quinta provincia con mayor número de irregularidades detectadas de todo el país, sólo por detrás de Madrid, con 19.416; Barcelona, con 12.456; Valencia, con 9.368; y Málaga, con 5.156.

Fruto de lo anterior, los empresarios denunciados se vieron obligados a pagar nada menos que 20,4 millones de euros en sanciones, a los que hay que sumar otros 46,8 millones de euros que tuvieron que abonar por los expedientes liquidatorios que se abrieron para recuperar las cuotas impagadas, según las mismas fuentes. En este apartado, Alicante sería la cuarta demarcación, por delante de Málaga, donde las cantidades adeudadas por los empresarios en cotizaciones sociales fueron bastante menores, de 35 millones de euros.

Economía sumergida

En el apartado concreto de la lucha contra la economía sumergida, la autoridad laboral detectó más de 1.571 infracciones a lo largo del ejercicio, que permitieron dar de alta a 2.871 trabajadores que se encontraban sin contrato. Se trata de una cantidad muy inferior a la de ejercicios anteriores, ya que, por ejemplo, en 2022 la inspección llegó a aflorar casi 5.600 empleos irregulares en la provincia.

Este descenso puede atribuirse tanto a las nuevas prácticas de los empresarios para evitar ser sorprendidos con parte de la plantilla sin dar de alta, como al mayor empeño de la propia administración laboral para detectar el uso incorrecto de las distintas modalidades de contratación.

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Así, a lo largo del año pasado se obligó a los empresarios alicantinos a cambiar de modalidad 11.386 contratos, lo que supone un aumento de cerca del 9 % con relación a los datos de 2022.

Si hace unos años, lo más habitual era encontrarse con profesionales que encadenaban empleos temporales a los que la Inspección obligaba a convertir en indefinidos, el año pasado se puso el foco en la utilización de la figura del fijo discontinuo. Se trata de la alternativa que se potenció con la Reforma Laboral para permitir a las actividades estacionales cierta flexibilidad en sus plantillas, sin tener que recurrir a la contratación temporal.

El problema es que, cuando se supera determinado porcentaje de la jornada media anual del sector, Trabajo considera que los trabajadores deberían pasar a indefinidos ordinarios ya que, de lo contrario, la figura solo sirve para que los empresarios se ahorren el pago el mes de vacaciones, lo que considera un abuso.

Con esta filosofía, a lo largo del pasado ejercicio la Inspección obligó a cambiar a indefinidos ordinarios a 7.712 trabajadores alicantinos, un 50% más. A pesar de lo abultado de la cifra, lo cierto es que se queda corta en comparación con lo ocurrido a nivel nacional, donde el volumen de asalariados a los que se mejoró su contrato de esta forma se duplicó, al pasar de 27.140 a 60.016.

Al respecto, cabe recordar las protestas que ocasionaron entre los fabricantes de calzado del Vinalopó las campañas de inspección que se realizaron con esta finalidad, que llegaron a forzar la mediación del entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para evitar una escalada del conflicto.

Bonificaciones fraudulentas

Con todo, esto no significa que no se vigilaran también el resto de irregularidades habituales en esta materia. Así, también se obligó a cambiar 1.664 contratos bonificados, que no cumplían con los criterios establecidos para recibir las ayudas previstas, más del doble de los detectados en 2022.

Igualmente, también se transformaron 2.337 contratos temporales en indefinidos; mientras que otros 440 pasaron de la modalidad de tiempo parcial a la de jornada completa, otro de los focos habituales de economía sumergida en la provincia, en especial en sectores como la hostelería.

Por último, la autoridad laboral también descubrió a 611 trabajadores extranjeros que realizaban sus tareas sin que su empleador los hubiera regularizado; mientras que en materia de prevención de riesgos laborales se realizaron hasta 5.170 requerimientos de mejora de las condiciones observadas; se levantaron 752 actas de infracción y se llegó a paralizar la actividad en seis centros de trabajo al considerar su continuidad suponía un peligro para la salud de sus trabajadores.

Valoración sindical

Para el secretario de Empleo de CC OO en l’Alacantí i la Marina, José María Ruiz Olmos, la memoria de la Inspección de Trabajo demuestra que «la economía sumergida no es, sólo, tener a personas trabajando sin contrato. Es mucho más rentable para algunas empresas incumplir el convenio colectivo, pagar por debajo de lo acordado, imponer jornadas de trabajo salvajes y realización de horas extra sin abonar, o forzar a realizar actividades que no corresponden a la categoría laboral».

En este sentido, Ruiz Olmos recuerda que el objetivo «no es solo conseguir más empleo, también un mejor empleo».

Igualmente, la secretaria general de UGT en l’Alacantí-les Marines, Yolanda Díaz, recuerda que los empresarios que cometen este tipo de infracciones «realizan una competencia desleal a aquellos que cumplen con toda la legislación», por lo que combatir la economía sumergida también es una manera de proteger a las empresas y la actividad económica. «Si queremos consolidar el empleo de calidad que se ha creado, hay que combatir estas prácticas», recalca la dirigente ugetista, que también señala la necesidad de realizar campañas de concienciación.

En ambos casos, los dos sindicatos elogian la labor que está desarrollando la Inspección de Trabajo, que se guía por los planes que desarrollan conjuntamente el Gobierno central y la Generalitat, en lo que supone un ejemplo de colaboración entre administraciones.

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Datos nacionales

A nivel estatal, la Inspección detectó en 2023 más de 127.000 infracciones en todo el territorio español, que provocó la imposición de multas por valor de 522 millones de euros. Además, se abrieron expedientes liquidatorios para recuperar las cotizaciones no pagadas por importe de más de 941 millones de euros.

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