Expediente abierto
Antifraude investiga a ayuntamientos y Facpyme por los bonos comercio
La federación provincial del pequeño comercio ha remitido la información a la agencia valenciana sobre los programas subvencionados por la Diputación y los consistorios

Algunos de los carteles utilizados en las campañas de 2022 por los ayuntamientos y Facpyme. / INFORMACIÓN
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (Avaf) investiga una denuncia sobre el uso y gestión del programa bono consumo de las ediciones 2022 y 2023. El expediente se abrió hace unos meses e incluye a algunos ayuntamientos que participaron y a la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme). Hasta la fecha, se ha solicitado que presenten la documentación y justificantes de las ayudas económicas.
El programa es una iniciativa promovida por la Diputación de Alicante tras la pandemia para incentivar el consumo en los pequeños comercios de las diferentes localidades, las cuales se debían adherir o solicitar estar incluidas en el programa anual. El presupuesto corría a medias entre ambas instituciones.
A partir de ahí, los ayuntamientos tenían que gestionar las bases y los detalles de los comercios y cantidades. La mayoría de los consistorios optaron por conveniar la puesta en marcha del bono consumo con Facpyme que es la asociación que agrupa a muchas de las organizaciones de comerciantes de los municipios de la provincia alicantina. El instrumento utilizado para la gestión fueron convenios que son públicos -aunque con diferente grado de detalle - y están disponibles en la Base Nacional de Subvenciones.
En este sentido, la Federación creó una sociedad Nexo Retail SL, «una empresa propiedad al 100 % de Facpyme, aprobada su constitución en Junta por unanimidad, estando legalmente constituida y en funcionamiento», según confirma su presidente Carlos Baño y, donde «el beneficio obtenido se destine a los fines fundacionales».
Baño aclara que «este modelo se siguió tomando como referencia la experiencia previa de Confecomerç CV y anteriormente Covaco» y confirma que hace unos meses se les requirió documentación por parte de la Agencia y se remitió.
«Como con cualquier cuestión administrativa desde Facpyme en todo momento se ha cumplido escrupulosamente con la legalidad y toda la documentación está a disposición de cualquier administración competente que la solicite por los cauces administrativos oportunos».
Fuera y dentro del radar
Uno de los ayuntamientos que también ya remitió la documentación hace dos meses es el de Sant Joan de Alacant, que siguió este proceso, según confirma desde el gobierno municipal. Por el contrario, al de l’Alfàs del Pi, que también empleó este procedimiento de gestión no se le ha reclamado documentación, según indicaron desde el consistorio.
Tampoco se le ha pedido documentación a la Diputación de Alicante, institución que impulsó la iniciativa. En cuanto a las cantidades son desiguales, porque la subvención de la Diputación alicantina se regía por concurrencia competitiva, de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. En función de las adhesiones y el tamaño de los municipios, se entregaba una ayuda que iba desde los 3.000 euros fijos más cinco euros por habitante para las poblaciones menores de 500 censados a los 120.000 euros fijos más un euro por habitante para las localidades que pasen de los 50.000 vecinos. El importe total era de 20 millones, a los que cada municipio debe sumar su aportación.
En los convenios consultados, los ayuntamientos proponían a Facpyme como entidad colaboradora que quedaba obligada a poner en marcha una web -que tiene por dominio el nombre de la localidad más bonos comercio - con el listado de comercios adheridos. También se facilitaba una aplicación (Buybono).
Torrevieja, antecedente
El portal de la organización publica los diferentes carteles de las campañas en las que colaboraron a razón de 13 ayuntamientos en 2023 y 21 en 2022. Sobre las campañas, alcaldes y concejales consultados han señalado que Facpyme era la entidad que contaba, a priori, con los medios.
Sin embargo, no es la primera vez que Antifraude investiga este programa. A finales de diciembre, Torrevieja recibió un duro correctivo por parte de la agencia, a la que públicamente decidió ignorar. La Avaf consideró un «fraude de ley en la subvención del bono consumo» 2021 y 2022 con «indicios de posibles responsabilidades» por incumplimientos de la ley de Subvenciones, la concesión de la subvención de gestión del bono consumo a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja y trasladó sus pesquisas al Ministerio de Hacienda. En este punto, se denunciaron las subcontrataciones hechas por la asociación.
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