Europa se juega un negocio de 75.000 millones con las «indicaciones geográficas»

La EUIPO acoge durante dos días la tercera edición del Congreso de Indicaciones Geográficas (IG), uno de los que más expectación ha generado. Un total de 2.000 personas -500 asistieron presencialmente - procedentes de 67 países se conectaron para saber y conocer cómo los países de la UE van a aplicar un reglamento que tratará de proteger los productos artesanales e industriales de las diferentes regiones. 

Más allá del orgullo patrio exhibido en algunos momentos por productores y responsables políticos, las primeras ponencias y mesas de debate han confirmado que la protección que se dé a estas materias despierta un interés enorme. Como coorganizador, el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, fue el encargado de abrir y el primero en dimensionar que las IG suponen un negocio de 75.000 millones para la UE. La Oficina Europea es la responsable desde este año de realizar la transición y adaptar los sistemas para que se registren y, por lo tanto, se protejan estas denominaciones. 

En la actualidad, hay contabilizados más de 3.600 registros -3.642 según la base de datos Glview -, de los cuales 385 pertenecen a España. En juego, miles de empleos y lo que, sin duda, se ha identificado por muchos ponentes como «herramienta para salvaguardar el patrimonio». 

La alemana Marion Walsmann, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, situó las IG como una «propuesta de la diversidad del mercado interior europeo» e hizo una defensa cerrada de estas figuras. «Tenemos que ser conscientes de la importancia de las Indicaciones Geográficas en las relaciones comerciales», en referencia a los anuncios del presidente Trump. Además, animó a desarrollar esta propuesta que incardina con los valores europeos. «Frente a quienes intentan agudizar las brechas, las IG defienden lo contrario: la diversidad local», la cual «nos hace más fuertes. «Son un punto de anclaje» y también un «símbolo de resiliencia» en relación con la crisis de producción vivida tras el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia. 

Junto a su intervención cargada de simbolismo, representantes de las direcciones generales de Agricultura y Mercado llamaron a robustecer el desarrollo reglamentario y a mejorar un proceso de transición que se alargará hasta el próximo 1 de diciembre, cuando los productores puedan ya solicitar el registro en la EUIPO. 

Aunque tanto desde la oficina europea como desde la Comisión se puso el foco en un proceso simplificado, donde cabe el autocontrol, es decir, algunas de las características de los productos las especifican los propios interesados, el debate se centró en la complejidad para las micropymes y pymes detrás de estos registros. De hecho, Javier Maté, subdirector general de Control Calidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, recordó como en España están tanto las poderosas denominaciones de origen -sirva de ejemplo el turrón-, como el caso de las dos familias que sustentan el Queso de Los Valles en los Picos de Europa. 

La provincia de Alicante, epicentro de las denominaciones de origen de España

En este apartado, también contrastó la defensa de los consumidores que se hizo. Así, mientras por el lado administrativo, se defendió que las IG defiende y visibiliza el desarrollo local y, especialmente, el rural; también se contrapuso la sobrecarga de información y de exposición de logos o sellos a los que hacen frente los usuarios por lo que se pidió claridad en la aplicación y simplificar. 

Por último, pero de una manera transversal, se expuso la lucha contra la piratería, una tarea clave en el papel de la EUIPO. La francesa Martine Pinville, del Comité de Regiones, subrayó que «la obtención de una IG es más que un certificado, es una estrategia» a favor del desarrollo de las pymes en territorio rural, la valorización de los productos y la no deslocalización del empleo».