Fopa estalla contra las adjudicaciones de obra pública a Tragsa

La Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (Fopa) ha denunciado la práctica del Gobierno central en su política de adjudicación de obra pública través de un “abuso en el uso de medios propios, como la empresa pública Tragsa, cuya participación masiva en objeto impropios a su función supone una competencia desleal contra las empresas privadas y un abuso en las condiciones que establece en materia de precios, personal cualificado o subcontrataciones”. 

Javier Gisbert, presidente de la asociación, considera que ha habido un incremento no justificado en la adjudicación de determinadas actuaciones, pues, según los datos que maneja Fopa, se ha producido un crecimiento del 95% en los últimos años en la contratación de obra a medios propios del Estado. El máximo responsable de la Federación ha recordado que Tragsa tiene como objeto social el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la respuesta a las emergencias, pero "desde hace unos cinco años la están convirtiendo en un caballo de Troya contra el sector y contra el empleo que generamos; incluso, adjudicándole responsabilidades técnicas para las que no está dotada ni preparada”. A su juicio, hay una velada intención de convertir a las empresas privadas del sector en subcontratas de las empresas públicas en obra pública.

Gisbert recuerda que Tragsa se hace con contratos de licitaciones desiertas que no se han podido atender, porque los precios de la oferta no eran acordes al mercado, y su adjudicación suponía trabajar a pérdidas. Esta situación rompe las dinámicas de las empresas del sector, que se ven abocadas a situaciones de dependencia, convirtiéndose en el mejor de los casos en empresas subcontratadas por empresas públicas, a precios y condiciones perjudiciales. 

"Dumping"

Ante esta situación, Gisbert ha exigido a la administración central el cese del “dumping en obra pública que hace el Gobierno español contra las propias empresas de su país, que respete las reglas de juego y que la colaboración público-privada no sea un sometimiento que ponga en peligro empresas y empleos del sector”- Desde su punto de vista, “lo que nos tememos es que esta práctica se extienda hasta ahogar al sector. En estos momentos no hay una colaboración público-privada tan necesaria, sino un Estado central haciendo dumping contra el propio sector de su país: está tirando los precios, un grave error que pone en peligro a las empresas y sus empleos y, a medio plazo, pone en peligro que existan empresas con capacidad técnica para seguir construyendo obra pública innovadora, eficiente y útil a la ciudadanía”, ha señalado Gisbert. 

El presidente de la federación alicantina considera que el sector empresarial español – y el asentado en la provincia de Alicante en especial – tiene una elevada reputación técnica y profesional en todo el mundo. Esta situación se puede poner en peligro si se trabajaba desde el Estado en romper las reglas del mercado, arriesgando la calidad de los trabajos efectuados, sus resultados finales y la imagen de unas empresas que operan en todo el mundo..