Se reabre la batalla de los «riders» en Alicante: denuncia por no reconocer horas

El pasado 2 de diciembre, el fundador de Glovo, Oscar Pierre, decidió cambiar su política laboral tras cuatro años peleando contra la denominada «Ley Rider». Su giro se producía un día antes de tener que acudir al juzgado. El efecto de aquella decisión es que miles de repartidores pasaron de ser autónomos o falsos autónomos en trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social de oficio. 

En estos tres meses, lo que era a priori una victoria laboral se ha convertido en una nueva batalla de conflicto. Uno de los afectados en la provincia de Alicante ha llevado esta nueva anormalidad laboral ante la Inspección de Trabajo alicantina. 

Jose (es un nombre ficticio) prefiere permanecer en el anonimato por las posibles represalias que pudiera acometer Glovo contra él, pero muestra la documentación y los justificantes de horas que ha adjuntado en su escrito. Lleva trabajando para esta empresa desde la pandemia. «Era un trabajo que me permitía elegir mi propio horario y estar con mi familia», comenta. 

Convencido de las bondades de este tipo de horarios flexibles ahora se encuentra con que su «coeficiente de horas» es menor al real, es decir, se le reconoce que ha trabajado 5,5 horas semanales, «cuando la verdad es que estoy trabajando una media de 60 y 70 horas semanales». Económicamente, es mucha diferencia, pero el principal perjuicio es que a efectos de derechos presentes y futuros la diferencia es supina. El cálculo es sencillo: ahora se paga unos 15,50 euros por hora. Para ello, Jose ha reclamado una «revisión exhaustiva» .

Vender o alquilar cuentas

Pero mientras llega ese momento, él y todos los que se vieron dados de alta por oficio como trabajadores -las últimas estimaciones es que había alrededor de 2.000 en la provincia- afrontan otro obstáculo que es la «competencia desleal». Jose muestra como a través de redes sociales y grupo s de whatsapp, hay repartidores que alquilan o venden cuentas. «Son cesiones ilegales», comenta. Con su bici siempre cerca, denuncia que no les constan inspecciones, ni que se esté haciendo nada. Algunas cuentas parecen falsas, pero asegura que no, «las ceden a personas que no tienen papeles y que así se sacan unos euros». 

Este aspecto también lo incluye en el escrito que presentó el pasado mes y que está también relacionado con otro asunto que le preocupa más: las coacciones. «A los que estamos en la empresa, cada vez nos encargan menos pedidos. Mira mi facturación», indica mientras muestra el móvil. Su cuenta refleja que frente a los 1.500 euros quincenales ahora las cantidades son inferiores. 

En su denuncia, explica que la práctica es provocar que los repartidores se vayan a otras flotas, o lo que es lo mismo, pasen a subcontrata que les va a ofrecer un contrato laboral por el salario mínimo interprofesional. Para Jose, no es una solución porque es reducir a la mitad sus ingresos y tener un horario que es incompatible familiarmente; pero, ante todo, supone de nuevo una pérdida de derechos adquiridos. «Si te vas, renuncias a tu posible indemnización. Ellos se ahorran lo que valdría despedirte». Y de esta manera, parece que la rueda gira de nuevo y pasa de lejos por la mejora de las condiciones laborales. 

Entre las diferencias de antes y ahora, Jose pone sobre la mesa algunos detalles como que en una semana lluviosa como esta, los contratados están obligados a salir y él como autónomo puede, y lo suele hacer, elige irse a casa. «Un pedido no vale una vida», concluye. 

Respecto al asesoramiento que le dan abogados o sindicatos, explica que, por ahora, no se han movilizado; aunque por los grupos se empieza a ver movimientos. Una denuncia colectiva daría fuerza a una circunstancia que evidencian que el acuerdo de Glovo fue, probablemente, un cierre en falso. Cabe recordar que a diciembre de 2024 se llegó tras diferentes multas por parte del Ministerio de Trabajo con esta plataforma cuya suma estaba en 205 millones. Ahora espera que Inspección del Trabajo tome cartas en el asunto.