Cada día siete alicantinos recurren a los juzgados para liberarse de sus deudas
El número de concursos de acreedores se dispara un 40% en el último año por los particulares, aunque también hay más empresas

Rafa Arjones
Se veía venir. El número de concursos de acreedores presentados en los juzgados alicantinos batió el año pasado un nuevo récord -y ya van cuatro consecutivos- ante la avalancha de particulares que decidieron acogerse a la denominada Ley de Segunda Oportunidad, un procedimiento que permite a los ciudadanos librarse por completo de sus deudas, siempre que carezcan de medios para pagarlas y hayan actuado de buena fe.
Una posibilidad que se puso en marcha tras la crisis financiera para permitir los hipotecados que perdieron sus casas o los autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios no tuvieran que vivir con la amenaza constante del embargo de por vida, como ocurría hasta entonces, cuando solo las empresas podían acogerse a esta figura.
Según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial, en total, los juzgados alicantinos recibieron 2.863 solicitudes para declararse en concurso, lo que supuso un notable incremento del 40,8 % sobre las cifras del año anterior.
De ellos, la inmensa mayoría -2.484- se correspondieron con peticiones de particulares, que se tramitaron principalmente a través del conocido como concurso "exprés" o concurso sin masa. Una cifra que también es un 40 % superior a la contabilizada en 2023 y que significa que cada día siete personas recurren a los tribunales para que les cancelen definitivamente sus deudas y poder seguir con sus vidas.
Aunque esta posibilidad existe desde 2015, el despegue de esta figura se produjo en realidad a partir de 2022, cuando se reformó la ley para que los trámites se realizaran lo más sencillo posible. Así, ni siquiera en necesario nombrar a un administrador concursal, a no ser que algún acreedor lo solicite en el plazo de 15 días estipulado. Algo poco común.
La mayoría de los casos que se presentan suelen ser por cantidades moderadas, generalmente el equivalente al valor de una hipoteca o a las deudas acumuladas por la tarjeta, aunque tampoco son extraños los casos en los que se llega al millón o a los varios millones de euros. Sobre todo, cuando se trata de pequeños empresarios que se vieron atrapados cuando el banco les exigió avalar con su patrimonio personal algún crédito de la compañía.

El edificio que alberga los juzgados de lo Mercantil de Alicante. / Pilar Cortés
Más empresas
Aunque la mayoría de los concursos del año pasado se correspondieron con particulares, también es significativo el aumento de la cifra de procedimientos iniciados por empresas, tras la fuerte caída registrada en 2023. En concreto, hasta 270 compañías alicantinas se declararon en quiebra, un 34 % más. Una cifra a la que hay que sumar los 109 autónomos que también se acogieron a este procedimiento.
Otro dato llamativo de los balances publicados por el Consejo del Poder Judicial este viernes es el repunte en el número de ejecuciones hipotecarias solicitadas por las entidades financieras ante el impago del crédito. Frente a la reducción que se produjo en los dos años anteriores, en 2024 los bancos pidieron el embargo de 1.627 inmuebles, un 8,6% más. Sin duda, un incremento relacionado con la subida que experimentaron los tipos de interés.
En cualquier caso, se trata de un repunte muy inferior al que se produjo tras el estallido de la burbuja, gracias a que se ha mantenido e incluso aumentado el empleo y, sobre todo, por lo cambios introducidos en la ley, que exigen un mayor volumen de impagos para poder ejecutar el crédito. Antes bastaba con que tres cuotas se quedaran sin abonar, mientras que actualmente el volumen impagado debe ascender a un 3% del capital solicitado o 12 mensualidades en la primera mitad del préstamo, o el 7% de capital o 15 cuotas, si se encuentra ya en la segunda mitad.
Menos desahucios
La buena noticia es que, a pesar de este aumento de las peticiones de embargo, la cifra de desahucios se redujo, aunque fuera ligeramente, al pasar de los 1.665 de 2023 a 1.572. En el caso de los lanzamientos practicados por embargo del piso cayeron de 483 a 431, mientras que los derivados del impago del alquiler sumaron 1.096 frente a los 1.142 del año anterior. Al respecto, hay que recordar que la mayoría de estudios realizados por los portales inmobiliarios señalan que en estos momentos el esfuerzo para pagar el alquiler es superior al de pagar la cuota hipotecaria, aunque la necesidad de ahorros para la entrada frena el acceso a la vivienda a través de esta última opción de muchos jóvenes y recién llegados.
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