Los funcionarios inician en Madrid las protestas para exigir una subida de sueldo

Los funcionarios se plantan frente a Hacienda para recuperar la pérdida de poder adquisitivo: "Estamos abandonados"

Más de un centenar de funcionarios se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Hacienda para ver si así la ministra, María Jesús Montero, les escucha. Denuncian que hasta ahora no lo ha hecho. Se quejan de que siguen sin recibir el 0,5% de la subida salarial correspondiente al año 2024; que, desde la firma de acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT en 2022, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos alcanza el 9%; o de que las distintas administraciones públicas siguen sin equiparación salarial.

Los funcionarios se plantan frente a Hacienda para recuperar la pérdida de poder adquisitivo: "Estamos abandonados"

"Soy un funcionario que pa comer a diario se las tiene que apañar, apañar y apañar. Dice que poco trabajo, pero estoy casi a destajo y me vuelven a engañar", cantan con la melodía de la canción de El Rey (Vicente Fernández)

"Menos discursos y más recursos"; "No puede ser, soy empleado público y no llego a fin de mes"; o "Dónde está mi subida, mi subida dónde está" son algunos de los cánticos que los y las protestantes entonan ante el Ministerio de Hacienda. Varios se dirigen a la ministra, María Jesús Montero

Miguel Borra, presidente de CSIF, explica que se han movilizado este miércoles para exigirle al gobierno que mejore sus condiciones laborales y que refuerce los servicios públicos.

 "Los empleados y empleadas públicas nos sentimos abandonados. Estamos en la segunda quincena del mes de marzo y no sabemos qué va a pasar con nuestro salario", indica ante los medios. "Queremos la revalorización de nuestros salarios de manera automática, empezar a recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido, cobrar el 100% de nuestras pagas extra, avanzar en el teletrabajo y la jornada de 35 horas. Pedimos una oferta pública de empleo que acabe con la tasa de reposición y la que supone la temporalidad en nuestras administraciones públicas".

Marina Tejero, funcionaria de Justicia de Granada, también ha venido hasta Madrid para pedir mejoras laborales pero, sobre todo, salariales. "A lo largo de los últimos años llevamos perdidos un 20%" de subidas que no han llegado. Aunque no ha calculado en cuánto dinero se traduce, sabe que no es poco. "Sobre todo con lo que está subiendo la vida con la inflación", añade.

Inmaculada Jiménez, auxiliar de Enfermería del servicio público del Sacyl, es una de las participantes. Asegura que está aquí porque hay mucho que mejorar. "Cada vez estamos peor", lamenta. "Tenemos los sueldos congelados. El año pasado nos subieron un 2%, pero hay un 0,5% que teníamos firmado y pactado del que no sabemos nada".

Pérdida de poder adquisitivo

Los salarios en la función pública han aumentado un 20,2% de manera acumulada durante la última década, si bien los precios lo han hecho con mayor intensidad, un 23,3%. Es decir, en la última década los funcionarios y el personal laboral han perdido tres puntos de poder de compra, sin tener en cuenta nuevos trienios o promociones de categoría.

El diferencial es mayor si se tira la mirada algo más atrás y se computan los recortes o congelaciones salariales que tuvieron lugar durante la Gran Recesión, primero por gobiernos socialistas y luego del PP.

Los salarios en la función pública han subido algo menos que en el sector privado. En comparación con el incremento medio pactado en los convenios colectivos, estos segundos han subido en los últimos 10 años un total de 22,8%, algo más de dos puntos por encima de las nóminas públicas, aunque también por debajo del IPC acumulado.

De la crisis de Muface a los salarios

El ministro López cierra la crisis de Muface, aumentando sustancialmente el presupuesto para las mutuas que han decidido concursar, y puede asomarse a otra ahora. No es la única carperta, la de los salarios, pendiente de resolver.

Desde Csif, por ejemplo, reclamar cumplir con la promesa realizada durante la pasada legislatura de disminuir la jornada laboral en el sector público de las actuales 37,5 horas a las 35 horas semanales. Algunas administraciones ya están aplicando esta rebaja, pero no es ni mucho menos generalizada.

También tiene por delante acometer la negociación de la oferta de empleo público (OPE) correspondiente a este año. Otra materia tradicionalmente asociada a los Presupuestos y que cuanto más tiempo se demore, más se demorará la posterior convocatoria y cobertura de plazas mediante estos procesos de selección.