Volver al pueblo para aliviar el problema de la vivienda

¿Y si la solución a la crisis de la vivienda estuviera en los pueblos, en aprovechar todas esas casas que durante las últimas décadas se han quedado vacías por la emigración del campo a la ciudad? Evidentemente, no sería suficiente para acabar con todo el déficit de inmuebles que existe en la actualidad, pero podría representar una vía de alivio, que redujera la presión sobre los mercados más demandados.

Claro está, siempre que se adopten una serie de medidas para hacer más atractivos estos enclaves para sus nuevos habitantes. Por ejemplo, con unas buenas conexiones de internet que permitan teletrabajar cómodamente y con la mejora de los servicios públicos disponibles.

De mejorar las conexiones a trasladar instituciones públicas: las propuestas para atraer residentes a zonas despobladas

Es una de las propuestas del informe que un equipo de expertos en el sector inmobiliario está realizando en el marco del II Foro Económico y Social del Mediterráneo, la iniciativa de Prensa Ibérica para impulsar el Arco Mediterráneo. Un trabajo que capitanea desde Alicante la catedrática de Análisis Económico Aplicado de la UA Paloma Taltavull.

El documento recuerda que, "uno de los principales determinantes de la falta de acceso a la vivienda es la movilidad de la población", que tiende a concentrarse en las ciudades, elevando la presión sobre el mercado residencial. Un proceso que, al mismo tiempo, ha generado un problema de despoblamiento en amplias zonas del territorio que, además de una pérdida de patrimonio histórico y cultural, también supone un mayor riesgo de pobreza para los residentes que se quedan.

En concreto, según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que cita el informe, hasta un 27,6 % de la población rural española se encontraba en esta situación en 2023, casi dos puntos más que en las zonas urbanas.

Los datos

Los datos muestran que, aunque bastante menor que en otras partes del país, el problema del despoblamiento no deja de alcanzar cifras significativas en las comunidades del Mediterráneo español. A nivel nacional, las estadísticas oficiales reflejan que hasta un 78% de los municipios del país tenían un saldo vegetativo negativo en el año 2019 (es decir, que registraban más muertes que nacimientos) y que, como consecuencia de lo anterior, el 62,3% experimentaron un saldo residencial negativo. Además, el 48 % tenían una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, el nivel que utiliza la UE para determinar si una localidad está en riesgo de despoblación.

En el caso de la Comunidad Valenciana, los municipios en riesgo de despoblación representan el 21,4 %, cifra que aumenta hasta el 25,6 % en Cataluña, y el 20,8 % en Andalucía. Por el contrario, Baleares, con solo un 1,5 % de sus localidades en esta situación, y Murcia, con un 4,4 %, presentaban unos mejores datos. Aun así, en el archipiélago una de cada cuatro municipios pierde residentes en este proceso de concentración poblacional, mientras que en Murcia la cifra alcanza del 53,3 %.

Causas

Por lo que respecta a las causas de este fenómeno, el estudio del grupo de expertos apunta hasta cuatro tipos de factores diferentes. El primero de ellos hace referencia "a las transformaciones estructurales del sistema productivo", con una industrialización que ya provocó una primera concentración de la mano de obra en grandes ciudades, y una posterior tercerización o expansión del sector servicios, que "contribuyó a concentrar aún más las oportunidades laborales en las ciudades". A esto se une, en segundo lugar, una desigual inversión en infraestructuras, que favoreció aún más este flujo migratorio.

En tercer lugar, están los factores demográficos y sociales, puesto que los que emigran son los jóvenes, lo que reduce el crecimiento natural de la población y deja sin relevo generacional a muchos negocios, limitando la actividad económica.

Y, por último, hay que tener en cuenta otros motivos de carácter estructural, como las dificultades orográficas, un suelo agrario poco fértil o los problemas hídricos, a los que en las últimas décadas se ha unido la dificultad para acceder a internet, la denominada brecha digital.

Zonas naturales

El informe habla de un "fenómeno bidireccional" en el que, por un lado, la despoblación contribuye a la desaparición de actividades agrícolas que contribuían a mitigar el cambio climático, pero, al mismo tiempo, "deja espacio a la recuperación de amplias zonas naturales". Unas zonas que suponen un atractivo para captar nueva población. En especial ahora que las nuevas tecnologías permiten "deslocalizar actividades y empleo que no necesitan estar dentro o cerca de la ciudad para ser realizados".

La gran paradoja de la vivienda protegida

De esta forma, "estas áreas podrían contribuir a la reducción de la tensión existente en los mercados residenciales a través de acoger a la población que trabaja online". Unos nuevos residentes que también ayudarían a atraer nuevos servicios.

La propuesta no está exenta de desafíos. Para empezar, habría que determinar si la mera ocupación de las viviendas que han quedado vacías en estas décadas sería suficiente o si, por el contrario, sería necesario construir nuevos inmuebles.

La respuesta depende, según los expertos responsables del informe, del grado de tensionamiento que existe en cada capital y la localización de estas áreas despobladas en relación a esta gran ciudad.

La situación de la vivienda de protección pública comunidad por comunidad

Así, señalan que, puesto que no todos los trabajos pueden realizarse online, habría que mejorar también la conexión física de estas zonas, junto con una mejora de las telecomunicaciones. Pero, sobre todo, destacan la necesidad de que las administraciones públicas respalden decisivamente este regreso al pueblo para invertir el "círculo vicioso" que ha llevado a la despoblación.

Autores del informe

Paloma Taltavull, catedrática de Análisis Económico Aplicado de la UA y coordinadora del Foro.

Pablo Martí, catedrático de Edificación y Urbanismo de la UA.

Cristóbal Ruiz, ingeniero de caminos y director de urbanismo de TM Grupo Inmobiliario.

Elena Argilés, CEO fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco.

Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la UA.

Isabel Giménez, directora de FEBF (Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros).

Sergio Vidal, CEO fundador del Grupo Goya Real Estate.

Rafael Ballester, abogado y socio director de Pérez Segura Asociados.

Helena Beunza, presidenta de ASVAL (Asociación de Propietarios en Alquiler).

Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante.

Pablo Andreu Llaneras, Director Territorial de Metrovacesa.