El motor de la obra pública alicantina a dos velocidades en 2025: más dinero licitado, menos ejecutado

Las inversiones son un motor económico para cualquier territorio y la provincia de Alicante no se desprende de la etiqueta de "gripado". En inicio de 2025, se presenta con datos preocupantes para la obra pública, según subraya Javier Gisbert, presidente de la FOPA. El punto de partida son los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) en su seguimiento de la contratación pública.

Aunque es pronto para tener un diagnóstico real de la situación, la realidad es que son las entidades locales -ayuntamientos, Diputación de Alicante y mancomunidades - las que están tirando del carro inversor en el primer cuatrimestre de 2025. En la provincia de Alicante, se han adjudicado 225 millones frente a los 271 millones del año pasado. Son 46 millones menos, lo que representa un 17 % menos. El grueso de las 42 actuaciones ha corrido a cargo del Gobierno central con 137 millones, las administraciones locales han inyectado 52 millones y, en último lugar está, la Generalitat Valenciana con 35 millones.

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En cuanto a licitación, las administraciones públicas han sacado a concurso 131 proyectos desde enero hasta marzo. Son 23 proyectos menos respecto a estos mismos tres primeros meses del ejercicio anterior, pero la cantidad es mayor. Frente a los 78 millones, este 2025 se han licitado 98. En este apartado, reside la preocupación del empresariado, por cuanto son las entidades locales las que han puesto el motor en marcha. De hecho, suponen el 79,80% del importe licitado; le sigue la autonómica con el 11,96 % de la cantidad total y cierra, el Ejecutivo central con tan solo el 8,24 %.

Javier Gisbert asegura que desde el sector "tenemos claro que es estacional" y que se producen desde hace años, los denominados "dientes de sierra" de la inversión que significa llanamente que las inversiones públicas suben en años electorales y que descienden tras empezar las legislaturas. En este sentido, el presidente de la Federación alicantina coge como referencia 2023, 2024 y lo que llevamos de año. "Llama la atención la baja cantidad de las dos principales administraciones", en referencia al Gobierno y a la Generalitat Valenciana. "De la primera se entiende porque somos la provincia 52 de 52 y aunque lo tratan de compensar son cifras bajas".

A la espera del "banco"

"En cuanto al Consell, no sé si se debe a problemas de gestión o de otro tipo", comenta Gisbert, quien asegura que en una reciente reunión con la Conselleria de Sanidad pudieron comprobar como el departamento de Marciano Gómez cuenta con un "banco de licitaciones potente para la provincia de Alicante". En este punto, es donde Javier Gisber incorpora el problema de los procesos de licitación. "Sabemos que por presupuestos y tiempos, el verano es la temporada en la que más actuaciones se publican", con lo que marca el último trimestre como fecha de referencia para analizar el comportamiento real de la obra pública.

Sin embargo, los datos respaldan el sentir del empresariado, pues lejos ha quedado la etapa de la primera década del siglo XXI y también parece que la reactivación tras la pandemia empieza a perder fuelle. El año pasado se licitaron 823 millones; el anterior, 928 y en 2022, 763 millones. Son cantidades globales que están por debajo de los más de 1.000 millones que se dieron en 2007 o 2008 en la escena pública alicantina.

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Gisbert destaca que, desgraciadamente, el "desajuste al que asistimos se empieza a confirmar en los últimos ejercicios y nos referimos a las licitaciones que no se adjudican". FOPA estima entre un 15-20 % por año. También al bajo nivel de ejecución. "Hablamos de que se pasa, por poco, el 50 % en la ejecución. Esos son niveles alarmantes" y, por último, reitera la preocupación a que la Generalitat no se comporte como un agente dinamizador en la obra pública, sobre todo, porque las cifras de 2024 y 2025 son inquietantes.

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