Las renovables alertan de una huida de España de inversiones verdes multimillonarias si no se cierran las nucleares

El apagón ha reavivado el debate sobre el cierre de las centrales nucleares en España. Las presiones desde el ámbito económico y el político para retrasar las clausuras de todos los reactores se han intensificado al calor del colapso energético que paralizó el país hace tres semanas. El calendario pactado hace un lustro entre las grandes eléctricas contempla ir cerrando las plantas de manera escalonada entre 2027 y 2035, pero ahora trabajan en una nueva propuesta al Gobierno para retrasar esas fechas.

Un nuevo escenario con las nucleares funcionando más tiempo del programado supondría un terremoto en la planificación de todo el sector energético para los próximos años y, según alertan desde algunas empresas del sector eléctrico, pondría en riesgo inversiones milmillonarias en nuevas renovables diseñadas con unas previsiones operativas, financieras y de competencia que quedarían totalmente desbaratadas.

España se ha lanzado a una expansión masiva de nuevas plantas renovables para avanzar en la descarbonización de la economía y para cumplir con los ambiciosos objetivos verdes comprometidos con la Comisión Europea. Pero en un momento clave para impulsar de manera definitiva el despliegue de todas esas instalaciones renovables, el posible terremoto de retrasar los cierres de las nucleares pondría en un brete muchos de esos proyectos, a los que les saltaría por los aires los números que habían echado para justificar sus planes y para conseguir la financiación de los bancos para impulsarlos.

Desde el sector de las energías renovables se alerta de que los miles de proyectos verdes en marcha o en ciernes se han planificado con unas previsiones de horas de funcionamiento de producción y de precios del mercado de la electricidad basadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta aprobada por el Gobierno para esta década y que contempla multiplicar el despliegue de eólica y fotovoltaica y también el cierre de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz en 2027 y en 2028.

“Las inversiones se han planificado pensando que los objetivos del PNIEC se iban a cumplir. Ése es el marco que utilizan las empresas promotoras y los bancos que financian los proyectos. Si siguen las nucleares más allá de lo pactado hasta ahora, las previsiones de horas de producción y de precios eléctricas que manejaban las plantas renovables cambiarían por completo y a muchos proyectos ya no le saldrían las cuentas”, explican fuentes del sector renovable. “Si se retrasa el cierre nuclear, habrá un fuerte impacto en la inversión en renovables. Por un lado, porque los inversores volverán a echar los números y a muchos no les interesará seguir con los proyectos. Por otro, porque España quedaría como un país poco serio y sin estabilidad regulatoria, y eso es un desincentivo siempre”.

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Sin batalla legal

Las empresas de energías verdes anticipan que un cambio de calendario de cierre de las nucleares supondría un golpe a las inversiones en nuevas renovables, pero no ven factible que vaya a ser el detonante de una batalla en los tribunales en busca de indemnizaciones por los daños provocados a los proyectos de las empresas promotoras. El PNIEC aprobado por el Ejecutivo es sólo una orientación sobre los objetivos energéticos que se marca el país, argumentan desde el sector, pero no tiene rango de ley y no establece un compromiso vinculante.

El Gobierno aprobó el año pasado la nueva versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la actualización de la hoja de ruta para descarbonizar la economía e impulsar las energías limpias durante esta década. Un megaplán verde que elevaba los objetivos de despliegue de renovables (hasta el 81% de toda la generación eléctrica en 2030).

Las metas marcadas por el Ejecutivo pasan por llegar al final de la década con 76.300 megavatios (MW) de energía fotovoltaica (incluidos 19.000 MW autoconsumo), por lo que exige un despliegue acelerado desde los 33.900 MW de plantas solares de suelo y los más de 8.000 MW de autoconsumo. El plan contempla que la eólica alcance una potencia de 62.000 MW de eólica en 2030, frente a los 32.300 MW actualmente operativos, según los registros de Red Eléctrica de España.

El conjunto del plan verde del Gobierno contempla la movilización de inversiones por 308.000 millones de euros hasta 2030, de los que la inmensa mayoría -el 82%, unos 252.500 millones- procederá de empresas privadas. En el caso de la instalación prevista de nuevas plantas fotovoltaicas, los cálculos internos de las compañías apuntan a que será necesario ejecutar inversiones por unos 50.000 millones y todas procedentes del sector privado.

El apagón nuclear

El debate sobre el aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares ya estaba abierto desde hace meses, pero el apagón lo ha intensificado. Gobierno y grandes eléctricas han abierto vías de comunicación para abordar un posible alargamiento de la vida de los reactores. Las eléctricas propietarias de los reactores (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en las diferentes plantas y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) venían reclamando posponer el calendario de cierre previsto, con clausuras programadas entre 2027 y 2035, para garantizar la seguridad de suministro en el país.

El calendario de cierres fue pactado entre las propias compañías en 2019, pero ahora lo quieren revisar. Las empresas, no obstante, exigen para no tener que seguir con el cierre de las nucleares una rebaja de los impuestos y de las tasas que pagan las centrales como condición indispensable para asegurar su rentabilidad. Y esta exigencia fundamental para las compañías se ha convertido, de facto, en el tema central del choque entre Gobierno y eléctricas para dirimir el futuro de las centrales. El Ejecutivo se muestra ahora dispuesto a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares, pero sólo si la solicitud de las compañías va acompañada expresamente de un plan que no implique trasladar ningún sobrecoste al recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

"La fotovoltaica no ha ido ni demasiado lejos, ni demasiado rápido"

Tras las denuncias desde la derecha política de un presunto exceso de renovables y una expansión verde demasiado rápida en la resaca tras el gran apagón (con un señalamiento mayor de la fotovoltaica), el sector de las energías limpias se mueve y se reivindica totalmente preparado para seguir creciendo para descarbonizar la economía nacional. “El sector fotovoltaico está dispuesto a cubrir el hueco que dejen las centrales nucleares”, subraya José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). “Pero hace falta tomar las medidas adecuadas”, advierte.

Y es que la patronal de las fotovoltaicas reclama al Gobierno para allanar su papel creciente cuando se inicie el cierre nuclear una simplificación al máximo de la tramitación administrativa de los proyectos de almacenamiento con baterías para impulsar su despliegue desde 2026; la convocatoria de nuevas subastas de potencia renovable que ofrezcan precios estables de venta de la electricidad durante 15 o 20 años y que incluyan cláusulas antiespeculativas (permitiendo la participación sólo de proyectos con autorización de construcción) y antimonopolio (que un solo adjudicatorio no puede hacerse con más de un 20 o 30% de la potencia subastada); y también dar un impulso definitivo para acelerar la electrificación de la economía española.  

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