Los trabajadores de Belda Llorens se manifiestan en Banyeres para exigir el pago de atrasos e indemnizaciones

Unos 80 trabajadores de la empresa textil Belda Llorens, de Banyeres, se han manifestado por las calles del municipio para exigir el pago de atrasos e indemnizaciones, dentro del proceso de cierre en el cual se encuentra inmersa la compañía. La plantilla, en este contexto, ha anunciado la presentación de una denuncia por presunto alzamiento de bienes, con la finalidad de defender sus derechos.

Manifestación de los trabajadores de Belda Llorens en Banyeres

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Belda Llorens estaba considerada como la hilatura más importante a nivel europeo dentro del denominado sistema "open end", con una producción que hasta hace bien poco rondaba los seis millones de kilos y una facturación anual de unos 18 millones de euros. Sin embargo, fue el pasado mes de abril cuando se conoció que la compañía había iniciado los trámites para el cierre, a través de un proceso que incluyó la presentación de un ERE de extinción de contratos para sus trabajadores, que posteriormente retiró.

Sea como fuere, lo cierto es que la plantilla no ha vuelto a trabajar, y que este viernes ha salido a las calles del municipio para denunciar su situación y pedir una salida remunerada. Los trabajadores, en concreto, se han manifestado mostrando pancartas reivindicativas, en una protesta que ha concluido en la Plaza Mayor.

Ha sido allí donde se ha procedido a la lectura de un comunicado redactado por la abogada de los empleados, lamentando los intentos "infructuosos" por llegar a una solución amistosa para la extinción de los contratos. En la misiva destaca que desde el principio se planteó una supuesta situación de insolvencia que, afirman, "no se ha demostrado a resultas de la persistente ocultación y de las averiguaciones patrimoniales realizadas".

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También se ha calificado de "dudoso y sospechoso" que se haya solicitado un concurso de acreedores voluntario, cuando se han podido pagar las nóminas de mayo. Algo por lo que consideran que no hay impago alguno que no puedan afrontar, de lo que deducen que no hay impedimento alguno para que ante el impago de los atrasos de enero y el retraso de la nómina de mayo se celebre el acto de conciliación para estos abonos y la rescisión de contratos.

Tras acusar a la empresa de cesar a sus administradores "porque sabían que no cabía declarar su insolvencia ante un juez en un concurso de acreedores", la abogada, en su comunicado, destaca que "estamos en una presunta situación de alzamiento de bienes y administración desleal, que se han justificado documentalmente, y vamos a tomar las medidas penales oportunas".

Los trabajos confían en alcanzar un acuerdo el 30 de junio ante el SMAC, para evitarle a la empresa "una lluvia de demandas y denuncias conforme a derecho".

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