Un abogado alicantino logra que Bruselas ponga coto a la discriminación fiscal de los funcionarios europeos

Toque de atención de la Comisión Europea al Gobierno español por el tratamiento fiscal de los funcionarios europeos. El abogado alicantino Víctor Riera ha conseguido que Bruselas abra un procedimiento de infracción contra España al considerar que la normativa tributaria atenta contra la libre circulación de personas y capitales en la Unión, por no permitir que los no residentes puedan declarar el inmueble donde viven en territorio nacional como su vivienda "habitual". Una limitación que obliga a estos profesionales a pagar más impuestos.

Aunque en teoría puede afectar a cualquier ciudadano comunitario que se instale en suelo español, en la práctica se trata de un problema que afecta casi exclusivamente a los funcionarios que trabajan en las sedes que las instituciones europeas tienen en el país.

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Según el Anexo VII del Tratado de la Unión, los funcionarios y agentes contratados para la administración europea mantendrán durante toda su carrera la consideración de residente fiscal del país donde vivían en el momento de su incorporación. Una medida que se adoptó, en teoría, para evitar que la falta de armonización tributaria supusiera un obstáculo para que cualquier ciudadano europeo pudiera optar a un puesto de trabajo en la administración de la UE. Esto significa, por ejemplo, que si uno de estos trabajadores públicos tenía su casa en Francia cuando aprobó la oposición, seguirá siendo residente francés, aunque viva habitualmente en España y no regrese nunca más a este país, según explica el también CEO del despacho Riera Consulting.

Es lo que ocurre con la mayoría de los alrededor de 1.400 funcionarios que trabajan en Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), que tiene su sede en Alicante, pero también con los que trabajan en los distintos organismos comunitarios que existen en Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo o Bilbao.

No residentes

A pesar de su condición de no residentes, como cualquier otro ciudadano, los funcionarios europeos deben pagar impuestos en España por los ingresos que obtengan o el patrimonio que acumulen en nuestro país. Y ahí es donde llega el problema. Al tener la consideración de "no residentes" la Agencia Tributaria no les permite incluir la casa en la que viven habitualmente -aunque sea la única que poseen- como "vivienda habitual", sino que la asemeja a una segunda residencia, lo que tiene importantes repercusiones.

Para empezar, porque en la declaración de la renta deben imputarse el 2 % del valor catastral de ese inmueble como si fueran ingresos. Una imputación que, en el caso de los residentes, sólo ocurre a partir del segundo inmueble que tengan en propiedad, siempre que el primero sea su domicilio habitual.

Pero, además, también tienen problemas a la hora de vender. Así, si un residente vende su vivienda habitual y luego reinvierte el dinero en otra casa para la familia, no debe tributar por la ganancia patrimonial que haya obtenido con el traspaso de la primera (es decir, por la diferencia del precio al que la compró y al que posteriormente la vende).

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Es una situación muy habitual, por ejemplo, cuando una pareja decide tener hijos y necesita más espacio. Sin embargo, en el caso de los funcionarios europeos, al no poder declararla como vivienda habitual, deberán abonar más de un 20 % de lo que hayan ganado.

Sin respuesta de Hacienda

Riera tuvo conocimiento del problema cuando empezó a recibir en su despacho como clientes a numerosos trabajadores de la EUIPO y la situación le llamó la atención hasta tal punto que, incluso, realizó su tesis doctoral sobre esta cuestión. Lo más llamativo, según el abogado, es que la Agencia Tributaria no ha respondido a sus reclamaciones en todos los años que lleva tratando este asunto, aunque sí ha devuelto el dinero a los contribuyentes afectados. Algo que, a su juicio, indica que los técnicos de Hacienda son conscientes del problema y no quieren dejar por escrito una resolución reconociéndolo, pero tampoco pueden negarlo.

Ante esta falta de respuesta, Víctor Riera decidió denunciar la situación ante la Comisión Europea, que ahora le ha dado la razón y ha incoado un procedimiento de infracción en el que emplaza al Gobierno español a adaptar su normativa. Ahora el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tiene dos meses para responder con los cambios que va a realizar en la legislación, que Bruselas considera que vulnera la libre circulación de trabajadores y capitales. En el caso de que España no adapte la regulación de manera satisfactoria, podría enfrentarse a una sanción económica.

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