Sánchez Butrón Abogados consigue ampliar la exoneración de deudas públicas en la Ley de Segunda Oportunidad con una resolución pionera
El despacho Sánchez Butrón Abogados ha conseguido la primera sentencia en España que aplica el nuevo criterio del TJUE.
Con esta acción cambian por completo las reglas del juego en relación con la cancelación de deudas con la Administración.

Sánchez Butrón Abogados consigue la primera sentencia en España que aplica el nuevo criterio del TJUE, permitiendo una cancelación de deuda mucho mayor, sin ese límite máximo. / Información
El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante ha dictado una resolución pionera en materia de Segunda Oportunidad que supone un punto de inflexión en la interpretación de la Ley con relación a las deudas frente a organismos públicos, permitiendo a aquellas personas acogidas a esta figura jurídica cancelar una mayor cantidad de deuda.
¿Qué cambia esta resolución?
Hasta ahora, cuando se trataba de deudas con Hacienda o la Seguridad Social, la mayoría de los juzgados en España entendían que la Ley solo permitía cancelar hasta un máximo de 10.000€ por persona: los primeros 5.000€ se exoneraban por completo y, del resto, únicamente el 50% hasta llegar a ese límite máximo.
Sin embargo, en este caso, Sánchez Butrón Abogados ha conseguido la primera sentencia en España que aplica el nuevo criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), permitiendo una cancelación de deuda mucho mayor, sin ese límite máximo.
En concreto, el juzgado ha aceptado que:
· se cancelen íntegramente los primeros 5.000€ de deuda pública, y a partir de ahí, el 50% de toda la deuda restante, sin límite máximo.
De este modo, en el caso que ha defendido el despacho alicantino, el cliente tenía una deuda con la Administración Pública en torno a los 100.000€ y, con este nuevo criterio, el juzgado ha considerado exonerables más de 52.000€, cantidad muy por encima del límite habitual.
Un antes y un después en la interpretación de la Ley
Esta pionera resolución marca un antes y un después en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, abriendo la puerta a una interpretación más justa, proporcionada y alineada con el Derecho Europeo, especialmente para quienes tienen importantes deudas con organismos públicos.
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