Condenan por estafa a unos antiguos socios del Grupo Marjal en la piscifactoría de Guardamar

Era un negocio redondo. Cogían cientos de cajas de pescado de la piscifactoría de la que eran accionistas minoritarios sin pagarlas o a un precio muy reducido y las vendían a través de otra compañía de la que sus socios no tenían constancia. De esta forma, mientras las cifras de la empresa compartida no acababan de cuadrar, ellos conseguían un importante beneficio caído del cielo. O, mejor dicho, sacado del mar. Claro está, hasta que los pillaron.

La sección 7ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a los que fueran socios del Grupo Marjal en Culmar SL, los hermanos Juan Carlos, José Agustín y Miguel Ángel Ríos Aldeguer, y a la extrabajadora de esta compañía Leticia Charcos Pertusa a un año de prisión por un delito continuado de estafa por estos hechos. Una pena a la que, en el caso de los dos últimos citados, hay que sumar otros seis meses por otro delito de falsedad en documento mercantil.

Así consta en la sentencia del pasado ocho de julio a la que ha tenido acceso este diario, en la que también se establece una indemnización de 281.387 euros para la compañía, que acabó solicitando el concurso de acreedores y fue a liquidación unos años más tarde. Una sentencia que ya es firme después de que los tres hermanos empresarios aceptaran los hechos y renunciaran a recurrir durante la vista del juicio.

Historia

Cultivos Marinos de Guardamar SL es una sociedad creada en 1999 para la gestión de una piscifactoría frente a la costa de este municipio alicantino, en la que los hermanos poseían un 41 % de las acciones, mientras que el resto estaba en manos del Grupo Marjal, dentro de su estrategia de diversificación.

Miguel Ángel y Agustín Ríos Aldeguer estuvieron trabajando en la compañía hasta el año 2017, cuando fueron despedidos al conocer sus socios que les estaban haciendo competencia desleal, ya que desde 2015 habían constituido dos sociedades dedicadas al mismo sector, Hermanos Ríos SL y Pesca Ríos SL, que administraba el tercero de ellos, Juan Carlos Ríos Aldeguer.

Según se recoge como hechos probados en la sentencia, "durante los años 2015, 2016, 2017 hasta abril de 2018 los acusados, puestos de común acuerdo, distraían cajas de pescado (mayoritariamente dorada) de la empresa Culmar SL, procediendo a su distribución mediante otras empresas sin facturar dichas cajas o bien obteniéndolas a un premio muy inferior al estipulado por Culmar".

Un procedimiento que continuó incluso cuando los dos hermanos fueron despedidos de la empresa, en diciembre de 2017. Para hacerlo, se pusieron de acuerdo con una trabajadora de la compañía, encargada de la recepción de los pedidos y la preparación de los mismos con sus respectivos albaranes, así como de la carga de la mercancía en los camiones. En los mensajes vía Whatsapp que le enviaban sus compinches le especificaban la cantidad de pescado que debían cargar y cuánta debía constar en los albaranes con términos como "fantasma" o "fanta".

Querían arruinar a la empresa

Además, en estos mensajes "hacían alusión constantemente a su deseo de arruinar a Culmar" y de conseguir ellos grandes cantidades de dinero, según recoge el documento judicial. A cambio, la trabajadora recibía su correspondiente pago "mensualmente, en sobre y en metálico".

Para conseguir la mercancía, puesto que Culmar se negaba a suministrar a Pesca Ríos, utilizaban las instalaciones de otra compañía, sin que su representante legal conociera el origen fraudulento de la mercancía.

Fue en abril de 2018 cuando, ante las sospechas de que los números no cuadraban, el entonces gerente de la compañía, el actual secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ -a quien, precisamente, habían contratado desde Marjal para poner orden en la firma-, decidió bajar junto a una empleada a comprobar la carga de uno de los camiones. Lo que descubrió es que había un desfase de al menos unas 100 cajas no facturadas. Tras presentar la correspondiente denuncia, solo ocho días después la Guardia Civil inspeccionó otro de los camiones, en el que contabilizaron hasta 788 cajas de pescado, cuando en el documento de carga solo constaban 599.

Confesión

Los cuatro condenados admitieron durante la vista del juicio los hechos, lo que les ha permitido beneficiarse del atenuante de confesión tardía, al que también se suma el de dilaciones indebidas por la tardanza en juzgarse los hechos.

Esto permitió que la sentencia se dictara "in voce" durante la misma vista oral del juicio y que se declarara firme al mostrar todas las partes su renuncia a recurrir a la misma. En la sentencia también se establece la suspensión condicional de la pena de prisión, condicionada a que no delincan en los próximos dos años.

Culmar acabó entrando en concurso de acreedores en el año 2022, un proceso del que no logró salir y se procedió a su liquidación. La unidad productiva de la compañía, es decir, la piscifactoría, fue adjudicada a su rival murciano Culmarex y el proceso se cerró.

Tras la sentencia y la condena al pago de la indemnización de 281.387 euros, el concurso se ha reabierto y se ha nombrado a un nuevo administrador, que ahora deberá utilizar este dinero para abonar una parte de las cantidades que se quedaron sin pagar a los acreedores. Además de la fiscalía, en el proceso se presentaron como acusaciones particulares la propia Culmar SL y el Grupo Empresarial Fur y Gómez (la razón social de Grupo Marjal).

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