Los alicantinos ya guardan dos millones cada semana en la nueva "hucha" de las pensiones

La llegada de la denominada generación del 'baby boom' a la edad de jubilación va a suponer un auténtico desafío para el sistema público de pensiones. Se trata de la generación más numerosa de la historia de España, lo que significará que en muy pocos años aumentará considerablemente el volumen de nuevos beneficiarios, mientras la cifra de trabajadores en activo se reduce.

La cifra de nuevas altas de pensiones refleja ya esa realidad, con un incremento del 16 % interanual hasta el pasado mes de mayo, y de más del 40 % con respecto a hace una década.

Para compensar este desajuste se puso en marcha en 2023 el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo progresivo en las nóminas destinado a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como 'hucha de las pensiones'.

Este año el recargo es del 0,8% sobre la base de cotización de los trabajadores en activo, un porcentaje del que un 0,67 % corre a cargo de la parte que abona directamente la empresa y un 0,13 % de lo que se descuenta a los trabajadores (aunque todo forma parte del salario).

En el caso de la provincia, la recaudación por el MEI alcanzó los 82,6 millones de euros hasta septiembre, lo que significa que los asalariados alicantinos ya aportan unos dos millones de euros semanales a esta hucha común. Y, desde que se puso en marcha por primera vez en 2023, la cantidad acumulada ya roza los 284 millones.

Se prevé que está cifra crezca de forma notable en los próximos ejercicios, ya que el porcentaje que se aplica a las nóminas irá subiendo progresivamente hasta que alcance el 1,2 % en el año 2030.

Desde esa fecha y hasta 2050 -cuando, en principio, se espera poner fin al recargo, que se ha aprobado como algo temporal- se mantendrá con ese mismo porcentaje.

Déficit

En cualquier caso, lo cierto es que ese recargo apenas supone una mínima parte de lo que ya recauda la Seguridad Social por las cotizaciones de las nóminas de la provincia. De acuerdo con los últimos datos oficiales, el organismo público había ingresado 2.799 millones de euros hasta septiembre. Una cantidad casi un 7 % superior a la del mismo periodo de 2024, fruto del aumento alicantinos que tienen trabajo y están cotizando, y de la mejora de los sueldos.

Como es de prever, por regímenes, son los asalariados del Régimen General los que representan el mayor volumen, con un total de 2.210 millones de euros en cotizaciones, un 6,6 % más. Por su parte, los autónomos apenas aportan el 9,9 % de las cotizaciones -277,3 millones de euros- a pesar de representar más del 19 % de toda la masa laboral, debido a que la mayoría intenta pagar el mínimo posible, lo que más tarde también se refleja en unas pensiones más pobres.

Si a estas cotizaciones se suman otros ingresos, como tasas o recargos, el total de lo recaudado por la Seguridad Social en la provincia asciende a 2.836 millones, de acuerdo con las mismas fuentes. Una cifra que queda muy lejos de los gastos que tiene este organismo en la demarcación, que ascienden a 4.410 millones hasta septiembre.

En Alicante hay 774.000 cotizantes frente a unos 350.000 pensionistas

Un déficit de 1.574 millones de euros hasta septiembre, que sólo se cubre gracias a las transferencias que realiza el Estado a este organismo desde los Presupuestos Generales, como ocurre con el que también existe a nivel nacional. Así en el conjunto de España, la Seguridad Social sumó unos gastos de 155.453 millones de euros, frente a unos ingresos por cotizaciones de 90.148 millones y unos ingresos totales de 133.904 millones.

Sin estas transferencias del Estado, ninguna provincia española sería capaz de pagar las pensiones de sus jubilados o viudas en estos momentos, ya que en todas ellas los pagos superan a los cobros.

En total, en la provincia de Alicante se abonan mensualmente 350.491 pensiones, incluidas unas 9.500 no contributivas. Frente a esa cifra, la Seguridad Social cuenta con 774.600 cotizantes. Es decir, que se supera la cifra de dos cotizantes por pensionistas que, teóricamente, es el límite que permite la sostenibilidad del sistema.

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