Arturo Delgado, inspector de Hacienda local: "Habría que derogar el párrafo de la ley que regula la tasa de basura"

-Han denunciado que la tasa de basuras nace con un desfase económico. ¿Temen un aluvión de recursos?

-Inevitablemente. Ante la regulación insuficiente que se ha hecho y que se recoge en un simple párrafo de una ley de 2022, que ya denunciamos, los litigios llegarán porque muchos municipios la han aplicado sin tener en cuenta las exigencias del pago por generación, que es un concepto que procede del derecho europeo y que se resume en quien contamina paga. Lo que ocurre es que hay mucha variedad en las distintas ordenanzas fiscales. Se nos ha hablado de que es una imposición europea, lo cual no es cierto. Europa lo que exige es que se cumplan unos objetivos medioambientales y que cada estado miembro debe establecer instrumentos para eso. Podría haber sido perfectamente un impuesto o cualquier otro.

Se ha optado por una tasa, que además es obligatoria para todos los municipios, lo que rompe con toda la tradición del derecho administrativo y tributario local. Evidentemente, algunos municipios no han adoptado esa idea del pago por generación que es muy difícil de aplicar. Algunos han hecho los deberes y se han preocupado de que haya una cuota fija y una variable en función de parámetros que midan lo que genera cada ciudadano o barrio.

-¿En qué lugar les dejan a ustedes como inspectores?

-Somos inspectores y a la vez somos funcionarios de la administración pública local. Nuestro papel no es solo de inspección, sino también de voz de la hacienda local en el sentido de exigir esa seguridad jurídica también para los contribuyentes. Además, acabar con ese desierto y abandono que sufre la administración local.

-Han marcado un desfase de 2.000 millones en España del denominado “tasazo” ¿De dónde sale esa estimación?

-De la Fundación ENT que hace investigaciones sobre este tema y es la diferencia entre el coste global de la prestación del servicio de residuos con los importes globales de las tasas impuestas, porque al no poder ser deficitaria tendría que cuadrar.

-¿Tiene solución, pueden rectificar los ayuntamientos o existe una ordenanza modélica?

-Para que fuera una tasa modélica, lo primero que habría que hacer es derogar el párrafo de la Ley 7/2022 que regula la tasa de basura y hacer una nueva que, entre otras cosas, no necesariamente tendría que ser no deficitaria para que cualquier ayuntamiento optara, de alguna manera, a sufragar el coste del servicio por otras vías y no que recaiga todo el coste sobre el ciudadano.

-En el pago por generación, ¿qué datos se deberían contemplar?

-En ese pago por generación pueden valer parámetros como el consumo de agua, que ha sido validado por el tribunal hace unos años, el valor catastral, los números empadronados … Son criterios que están absolutamente en el aire, desde el momento en que la regulación es tan parca.

-Las organizaciones de consumidores han lanzado modelos para reclamar el cobro de esos incrementos. ¿Temen que este tipo de acciones incremente el número de reclamaciones?

-En cierta medida, este tipo de acciones, son un poco irresponsables, porque no todo lo hecho por los municipios en recurrible. De esta manera se puede perder el tiempo y el dinero de muchos contribuyentes. Preferimos no entrar en valoraciones. Lo que sí sabemos es que quienes hayan hecho estudios para poder determinar el pago por generación, aunque sea a nivel a nivel de zonificación, a lo mejor, se les tiene en cuenta.

-La inseguridad jurídica es un denominador común y la han calificado de nefasta para los ciudadanos. ¿Qué proponen?

-La regulación legal tiene que ser clara, concreta y precisa.

-¿Y en qué medida perjudica a las arcas públicas?

-Por ejemplo, en lo que ha sucedido con la célebre plusvalía. Si se mantiene un criterio inconstitucional, hay que corregirlo y eso ha generado millones y millones en devoluciones y fíjese lo que eso supone para el equilibrio presupuestario. Esta circunstancia también marea al ciudadano.

-Han advertido de los problemas de la externalización, ¿tan grave es la situación?

-Estamos en un punto muy interesante porque tenemos recientes noticias de la Justicia que dice claramente que la externalización de la inspección es una práctica de negación del derecho administrativo. Es la voladura de los derechos y garantías de los de los contribuyentes y, de alguna manera, se está desenmascarando, pues no es una colaboración público-privada normal, ni una asistencia a la administración. Muchos municipios tienen contratos en vigor que, bajo nuestro criterio, pudieran ser fraudulentos.

-Ya que estamos en Alicante y Suma participa en la organización del curso, ¿cómo ven desde fuera el trabajo de la inspección aquí?

-Suma, que recordemos que es 100 % pública, tiene un toque de emprendimiento que la convierte, seguramente, en una de las administraciones más proactivas en España. No solo se enfrentan a los problemas, sino que se anticipan.

-Han presentado el Libro Blanco con 100 propuestas. ¿Qué nos puede destacar?

-Es un documento en el que se revisa una por una la regulación de la tributación. Por ejemplo, se despacha en cuatro artículos el impuesto de construcción e instalación de obra. Ahí proponemos una serie de medidas y de redacciones alternativas para solucionar esa inseguridad jurídica. Con estas nuevas redacciones se podrían evitar muchos litigios. Otro caso es el Impuesto de Actividades Económicas, que está absolutamente desactualizado y es innecesariamente complejo. O en plusvalía, hay que hacerlo lo más seguro posible para la propia administración y para los ciudadanos principalmente.

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