Verifactu se retrasa un año: así afecta a las pymes y autónomos alicantinos

La decisión del Gobierno de retrasar un año la entrada en vigor del sistema Verifactu supondrá un alivio para las miles de pequeñas empresas y autónomos de la provincia que estaban obligados a adoptar esta nueva metodología en 2026. Una adaptación que muchos todavía no habían iniciado, como advertían hace solo unas semanas de las asesorías y gestorías de la provincia.

El anuncio lo ha adelantado esta mañana el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como uno de los compromisos que tenía pendientes con Junts, y más tarde ha sido el propio Ministerio de Hacienda el que lo ha confirmado.

Una noticia que ha sido recibida con satisfacción por todas las organizaciones que agrupan a esos profesionales y también por las asociaciones empresariales.

Beneficiados

Pero, ¿quién y cómo se beneficia de esta decisión en Alicante? Los primeros que debían empezar con el Verifactu son las empresas que están sujetas al Impuesto de Sociedades, que debían utilizar este nuevo sistema a partir del 1 de enero, lo que afectaba a un total de 75.000 empresas en la provincia, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.

Una cifra que se suma a las aproximadamente 1.500 compañías alicantinas que ya utilizan el denominado Sistema de Información Inmediata (SII), que cumple el mismo objetivo de poner freno a las posibles manipulaciones contables y, en especial, a la posibilidad de utilizar los programas de doble contabilidad con la que algunos contribuyentes tratan de reducir su factura fiscal.

Con el anuncio de hoy, las pymes ya no tendrán que adaptarse hasta el 1 de enero de 2027.

Por otro lado, a partir de junio debían sumarse al nuevo sistema los autónomos propiamente dichos, que suponen unos 86.000 de los 148.000 profesionales que cotizan en este régimen en Alicante (el resto son autónomos societarios, gerentes de empresas o autónomos colaboradores que no facturan directamente). Por tanto, según lo comunicado este martes por el Gobierno, dispondrán ahora hasta junio de 2027.

¿En qué consiste?

El cambio de normativa pretende aumentar el control sobre empresas y profesionales con la vista puesta en acabar con el fraude que se produce en la declaración del IVA. Para ello, a partir de ahora los programas de facturación deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y pasar una homologación para que las facturas no puedan modificarse, sin que consten los cambios.

A partir de la entrada en vigor, cada contribuyente deberá comunicar si se conecta a través del sistema Veri*Factu -que es como oficialmente se denomina- a la Agencia Tributaria, lo que implica que, cada vez que emita una factura o un tiquet de compra, este será enviado inmediatamente a los servidores de la administración. De esta forma, el cliente podrá comprobar, a través de un código QR, que la factura se encuentra allí.

La ventaja, para quien elija este sistema, es que será Hacienda quien guarde esas facturas e, incluso, quien calcule la cuota del IVA.

Sin embargo, también se podrá por la modalidad "no Veri*Factu". En este caso, los programas deberán estar igualmente adaptados para que no se puedan modificar las facturas, pero será el contribuyente el que los guarde en sus ordenadores y tenga la responsabilidad de custodia. Eso sí, el sistema también deberá estar preparado para presentar inmediatamente toda la documentación en el momento en que la Agencia Tributaria lo solicite.

Por último, también se podrá seguir llevando la contabilidad a mano, pero con la misma exigencia de guarda y custodia, y puesta a disposición. Aunque, en este último tiempo, no está claro por cuánto tiempo se mantendrá, ya que el Ministerio de Economía prepara una normativa para obligar a la facturación electrónica.

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