Colapso en los juzgados de lo Social de Alicante: "Se nos mueren los clientes por el camino"

La situación de los juzgados de lo Social de Alicante se ha convertido en una auténtica pesadilla, tanto para los ciudadanos que buscan justicia, como para los abogados y los propios jueces, que ya no saben cómo llamar la atención sobre el problema. Aunque la situación difiere sensiblemente de un órgano judicial a otro, cada vez son más los trabajadores despedidos que tienen que esperar más de dos años para la celebración de la vista y en el caso de los juicios para reclamar el reconocimiento de una incapacidad, ya se están dando citas para marzo de 2029. Es decir, con tres años y tres meses de demora.

"La situación es sangrante. Es que se nos mueren los clientes por el camino", denuncia, notablemente indignado, el presidente de la sección de lo Social del Colegio de Abogados de Alicante, Francisco Blat, que recuerda que hay afectados con enfermedades muy graves en esta situación. "Tenemos compañeros con juicios en los que son los herederos los que acaban cobrando", señala el representante de la abogacía.

"Hay un cuello de botella impresionante y la justicia, para ser justa, debe ser rápida. En dos años que tarda una reclamación de cantidad puede haber desaparecido la empresa, ¿qué sentido tiene?", se lamenta también el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, José Crespo.

Hasta los jueces

Los propios jueces no desaprovechan la ocasión para poner de relieve la congestión que vive el sistema, como hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Manuel Baeza, en la última apertura del año judicial. "La situación en muchos órganos es desesperada (…) Cuando se rebasa una entrada del 300% respecto al módulo, poco más se puede añadir. Y no puedo detenerme más, pero, por ejemplo, la jurisdicción social en las ciudades de Alicante y Valencia no está mejor, como nos venimos desayunando con cierta frecuencia en los medios de comunicación de esta Comunidad, existiendo demoras de casi tres años para el señalamiento de asuntos sensibles", aseguró durante su intervención.

Los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial reflejan claramente la situación, que tiene un claro punto de inflexión con la puesta en marcha de la última Reforma Laboral. El cambio normativo convirtió el indefinido en el contrato por defecto, por lo que cualquier ajuste de plantilla pasa ahora por un despido. Y, con el aumento de estos últimos, también aumentan las demandas de los trabajadores que no están de acuerdo con la indemnización que reciben y que deciden presentar la correspondiente demanda.

A esto hay que añadir también un mayor volumen de casos por la denegación de incapacidades por parte de la Seguridad Social, que también obliga a los afectados a recurrir a los tribunales para defender su posición.

Más que en la crisis

Tras este cambio normativo, el año 2024 se cerró con más de 17.000 asuntos ingresados en los juzgados de lo Social de la provincia, un 43 % más que en 2022 y la mayor cifra de la serie histórica.

De hecho, supera incluso a las demandas interpuestas en 2009, cuando, en lo peor de la crisis, se destruyeron más de 100.000 empleos en la provincia, en contraste con la buena marcha del mercado laboral de la actualidad, que no justificaría unas cifras de conflictos tan elevadas.

El problema es la que la capacidad de los juzgados de lo Social de Alicante ya estaba al límite antes de esta situación. No en vano, en la capital no se ha creado ni un solo nuevo juzgado en esta jurisdicción en décadas, aunque si han abierto los de Elche y los de Benidorm, donde la situación es algo mejor.

El resultado es que la cifra de asuntos pendientes no deja de aumentar: de los 10.555 con que se cerró el ejercicio de 2022 se pasó a 14.850 al año siguiente y 2024 finalizó con 18.303. Un volumen de casos en tramitación que no ha dejado de crecer ni siquiera con la ligera reducción de los asuntos ingresados en lo que va de año -hasta septiembre se han presentado 12.312 nuevas demandas, un 6,9 % menos-, y al cierre del tercer trimestre de 2025 la cifra ya alcanzaba los 20.665.

Consecuencias

Las consecuencias del colapso son nefastas para todas las partes, como apunta el portavoz de los abogados, Francisco Blat. En los despidos, por ejemplo, impide a las empresas conocer cuáles van a ser sus costes reales, mientras que muchos trabajadores se ven abocados a situaciones de necesidad por el tiempo en que tardan en cobrar las indemnizaciones. Tanto es así, que en muchos casos el mejor consejo, según el experto, es que traten de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Peor lo tienen quienes luchan contra la administración o, mejor dicho, contra la Seguridad Social al ver denegado el reconocimiento de una incapacidad. En estos casos, los afectados se ven abocados a continuar en sus puestos de trabajo en condiciones penosas por su condición física o a renunciar a ellos y verse obligados a vivir de ayudas asistenciales, mucho más bajas de la pensión que les correspondería. Un problema especialmente sangrante en el caso de enfermedades graves.

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