La primera batalla contra los pisos turísticos ilegales se salda con 14.214 bajas en la provincia de Alicante

La ordenación del registro de Viviendas de Uso Turístico (VUT) de la Comunidad Valenciana se convirtió hace dos años en uno de los objetivos clave para saber a qué realidad se enfrentaba el sector y la propia sociedad a este fenómeno. La proliferación de pisos para alquilar para cortas estancias se convirtió en una oportunidad económica tras la pandemia que ha hipotecado la vida de algunos barrios y, sobre todo, ligó, acertada o equivocadamente, los problemas de acceso a la vivienda al turismo masivo.

Lo que era una lista oficial se convirtió en un coladero de duplicidades y falta de información que, poco a poco, parece coger buen rumbo porque ha desinflado la enorme pelota en la que se había convertido el alquiler turístico. En este sentido, Turisme inició una purga de las inscripciones y una guerra contra su propia base de datos que, ahora, tras una primera batalla deja la escalofriante cifra de 14.214 bajas en la provincia de Alicante. La mayoría de los propietarios o empresas no había aportado la referencia catastral.

Esa cifra representa el 78,2 % del total de apuntes eliminados del registro oficial de la Generalitat Valenciana. El total asciende a 18.161 viviendas, una cifra que se aproxima bastante a la anunciada por la consellera de Turismo, Marián Cano, a principio de 2025 cuando se apuntó a un borrado de 20.000 unidades. En la cifra definitiva, la Costa Blanca ha venido representando más del 70 % de los pisos en la autonomía.

Ahora el final balance confirma al alza el dato, que de manera definitiva deja 2.090 bajas en la provincia de Valencia y otras 1.857 en la de Castellón. En este punto, cabe tener en cuenta que el modelo valenciano es muy diferente al que se da en Alicante, porque es la capital del Túria la que soporta gran parte del problema. Frente a la concentración en la localidad capitalina, la oferta está mucho más dispersa con otros núcleos relevante como Torrevieja, Altea, Calp y Elche, entre otros.

A mitad de año, Turisme proporcionó el primer ajuste oficial. Entonces, el departamento autonómico 10.601 viviendas turísticas por no contar con referencia catastral. La provincia de Alicante acumuló el 70 % de esas bajas con 7.438 pisos, 1.401 en la de Castellón y 1.762 en la provincia de Valencia.

Multas municipales

Al margen de los listados oficiales, la piedra angular estaba y está en la concesión de licencias de apertura, cuya potestad corresponde a los ayuntamientos; sin embargo, la de inspeccionar y sancionar recae en el tejado de las comunidades autonómicas. Con un plan y unos recursos escasos, el Consell decidió abrir el melón y dar la opción a los consistorios no solo a controlar, sino también a quedarse con la caja de recaudación, lo que suponía un cambio radical.

Con la llave del candado, los principales municipios turísticos de la provincia recogieron el guante el pasado enero a través de la firma de un convenio en Fitur. Benidorm fue el primero en tomar cartas en el asunto, pues el primer interesado en mantener y dar cobertura a los miles de pisos reglados. En la actualidad, el registro publicita 11.298 VUT en la localidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante acaba de anunciar que también podrá en marcha el dispositivo de inspección. La ciudad alicantina cuenta con 6.267 pisos dados de alta en el registro de Turisme. No obstante, el gobierno local de Luis Barcala es el que más se ha visto salpicado por la polémica a partir de casos puntuales como el de la librería 80 Mundos y la moratoria, denunciada por el propio sector.

Nueva batida

Y mientras los ayuntamientos, al menos los grandes, ordenan y forman a su personal para llevar adelante la tarea, la Conselleria de Turismo no ha cejado en su objetivo. Marián Cano anunció estas navidades una nueva batalla en la que la Dirección General de Turismo trabaja. Se trata de dos fases adicionales de depuración del Registro que afectan a cerca de 14.500 viviendas más. En concreto, la primera de ellas repercutirá a 11.029 viviendas turísticas, en las que se revisará la validez de los informes de compatibilidad urbanística para uso turístico (ICUS); y la segunda fase prevista incidirá en otras 3.394 viviendas, en las que se depurarán las referencias catastrales duplicadas, según señalaron desde Turisme.

Se trata de viviendas que no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, el decreto Ley 9/2024 de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico y que contó con el respaldo de APTUR-CV, la principal asociación en la Comunidad. Cano recordó que “esta normativa, que cumplió el pasado mes de agosto su primer aniversario desde su entrada en vigor ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía”.