Niños que cosen logos a zapatos y migrantes obligados a vender en el 'top manta': así es la relación entre explotación laboral y falsificaciones

No es una leyenda urbana ni uno de los muchos bulos que corren por las redes. Existen talleres textiles donde los niños se encargan de coser etiquetas de marcas de lujo a zapatos y prendas de vestir falsificadas y gran parte de los migrantes que venden estos productos en el top manta lo hacen coaccionados por las redes criminales. De hecho, sin esta explotación laboral sería difícil producir estos artículos a los precios irrisorios a los que se venden.

Así lo asegura un estudio conjunto de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) y la OCDE, que demuestra el importante vínculo y la retroalimentación entre estos dos fenómenos delictivos. Para ello, los investigadores han cruzado datos como el número de trabajadores forzosos que existe en cada país, la existencia de un salario mínimo que cubra las necesidades básicas de una persona o el porcentaje de afiliación sindical con el volumen de falsificaciones o las incautaciones realizadas.  

Y el resultado ha sido el esperado: aquellos países en los que las condiciones laborales son peores y la protección de los trabajadores es menor, también son los principales productores de falsificaciones. Hasta el punto de llegar a calcular cuánto aumenta el volumen de estas exportaciones piratas por cada punto que aumenta el porcentaje de población explotada.

Maximizar beneficios

En este sentido, los autores se muestran rotundos al afirmar que, como ocurre con las empresas legales, uno de los objetivos de las redes criminales es minimizar los costes de producción y maximizar los beneficios. Con una diferencia, mientras los primeros deben atenerse a toda una serie de leyes y normativas que protegen a los trabajadores, los segundos carecen de cualquier tipo de restricción.

La convergencia entre estos dos fenómenos llega hasta el punto de que en muchas ocasiones los contrabandistas de productos falsificados son los mismos que también explotan las rutas, redes logísticas y los que realizan la intermediación en el tráfico de personas.

El estudio repasa algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre esta realidad. Así, recuerda que las estimaciones más prudentes hablan de la existencia de unos 28 millones de personas obligadas a trabajar de manera forzada, entre ellos niños que, además de coser o realizar otras tareas en fábricas, también son explotados en minas.

También se señala la existencia de migrantes que, una vez que llegan a su destino, son obligados a trabajar primero en la agricultura y luego son redirigidos a vender falsificaciones en el top manta, cuando no los convierten en traficantes de drogas.

En términos generales, la OIT estima que los trabajos forzosos suponen un beneficio anual de 201.000 millones de euros en el mundo. Una actividad que, de legalizarse y cumplir con las normas, generarían una riqueza de 520.000 millones y unos ingresos en impuestos para los estados de 97.000 millones.

Prohibición

Diversos países han puesto en marcha ya iniciativas para evitar la importación de productos realizados con trabajadores forzosos. Por ejemplo, Estados Unidos limita la entrada de bienes producidos en la región autónoma de Sinkiang, habitada mayoritariamente por la etnia Uigur, discriminada en este país. Y la propia Unión Europea aprobó en diciembre de 2024 una directiva para prohibir la entrada en el mercado único de artículos fabricados con mano de obra obligada o de productores que no cumplan con los tratados internacionales sobre garantías laborales.

El estudio no identifica los países con mayor porcentaje de falsificaciones, aunque en informes anteriores la OCDE y la EUIPO habían apuntado, además de a China, a Hong Kong, Turquía, Singapur y a Emiratos Árabes Unidos, estos dos últimos como pasos de tránsito.

El estudio pide respuestas políticas más integradas, como combinar una gobernanza laboral más sólida con una mayor aplicación de las normas comerciales y aduaneras, una mejor recopilación de datos y una cooperación más estrecha entre las autoridades laborales, aduaneras y policiales. Según el informe, abordar la explotación laboral es esencial no solo para proteger los derechos de los trabajadores, sino también para desarticular las redes delictivas que hay detrás del comercio mundial de productos falsificados.

Suscríbete para seguir leyendo