La Comisión Europea cuestiona al Gobierno central por la duplicidad de registro de viviendas turísticas

Esta semana el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en España y les ordenó su retirada. En la lista destacaban Torrevieja y Calp con 1.240 y 725, respectivamente. El motivo es que los inmuebles carecían del número de registro de alquiler de corta duración. El propósito sería loable si no fuera porque la norma estatal ha reabierto la batalla de las competencias y ha incendiado al sector de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) porque les ha obligado a duplicar informaciones y burocracia.

En una de esas batallas, la Comisión Europea acaba de pegarle un nuevo tirón de orejas al Gobierno de España y sencillamente "invita" al Ejecutivo central a armonizar y no duplicar registro ni peticiones y lo justifica en el Reglamento de Servicios Digitales de la UE que entrará en vigor el próximo mayo y que trataba de poner orden al caos de ofertas alojativas en plataformas y, ante todo, a proteger a los consumidores europeos de alquileres fraudulentos. En concreto, la notificación 2025/633/ES que remite la directora general de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Kerstin Jorna. La responsable europea responde a una consulta sobre el "Anteproyecto de Ley del Turismo Sostenible en Andalucía".

Andalucía como la Comunidad Valenciana son dos de las potencias turísticas de España, gobernadas por el PP, que no solo se opusieron al Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se creaba el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, sino que denunció la invasión de competencias. En el escrito, la Comisión "invita a las autoridades españolas a considerar si son necesarias aclaraciones al proyecto (andaluz) y, en cualquier caso, a tener en cuenta consideraciones" anteriores.

La referencia es que los artículos 36 y 39 del Reglamento europeo y, por lo tanto, de obligado cumplimiento en los países miembros, "regulan exhaustivamente la información que debe facilitarse en relación con la publicidad en las plataformas en línea, incluida la identidad del anunciante y la presentación de anuncios a los usuarios". También le recuerda al Gobierno que la norma europea "no es una obligación de resultados, sino de medios" y recuerda "el Estado miembro en el que el prestador de servicios intermediarios tenga su lugar de establecimiento es exclusivamente competente para supervisar y hacer cumplir".

Conferencia sectorial

La notificación reconoce en diferentes momentos que la competencia de sancionar corresponde a las autonomías y articula otras observaciones que en Turisme se han traducido como un espaldarazo a una propuesta que estuvo encima de la mesa desde el principio: el Ministerio tenía que armonizar los diferentes registros autonómicos y trabajar en esa interoperabilidad que exige Europa. La necesidad de cruzar datos es una máxima que ha provocado un calvario en el sector. APTUR CV y la patronal nacional de las VUT lo denunciaron desde el primer momento, así como la enorme confusión que generó un registro que dejaba en manos de los notarios la interpretación del decreto.

Desde la Conselleria de Turisme consideran que el documento pone en entredicho el "empecinamiento" del Gobierno y, sobre todo, consideran que es un respaldo legal al posicionamiento. De hecho, es una cuestión que con toda probabilidad sea objeto de debate en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo convocada para el próximo martes 10 de febrero y donde se ha previsto abordar el estado del registro único de las VUT que cuelga de otro departamento ministerial (Vivienda). En este sentido, Turisme ha denunciado en varias ocasiones la falta de diálogo.

Medallas ¿apropiadas?

La distancia, además se mide en los comunicados. La reciente información pública sobre las solicitudes revocadas por el Ministerio de Vivienda recogía ese doble registro que hoy impera. Así por un lado, se facilitaron el número detectado por el Gobierno y, por otro, por las autonomías, un trabajo que refleja esa dualidad de la que advierten las autoridades europeas y que rompe con los objetivos previstos. El propio comunicado de Vivienda apuntaba a 14.387 solicitudes denegadas por falta de número de registro. Si bien ese dato no está actualizado, pues la Conselleria de Turismo informó a principios de este año de más de 18.000 bajas.

Los trabajos de limpieza y actualización han supuesto en la provincia de Alicante en 14.214 bajas. Esa cifra representa el 78,2 % del total de apuntes eliminados del registro oficial de la Generalitat Valenciana. El total ascendió a 18.161 viviendas, una cifra que se aproxima bastante a la anunciada por la consellera de Turismo, Marián Cano, a principio de 2025 cuando se apuntó a un borrado de 20.000 unidades. En la cifra definitiva, la Costa Blanca ha venido representando más del 70 % de los pisos en la autonomía.

Los datos confirmaron al alza las cifras definitivas con 2.090 bajas en la provincia de Valencia y otras 1.857 en la de Castellón. En este punto, cabe tener en cuenta que el modelo valenciano es muy diferente al que se da en Alicante, porque es la capital del Túria la que soporta gran parte del problema. Frente a la concentración en la localidad capitalina, la oferta está mucho más dispersa con otros núcleos relevante como Torrevieja, Altea, Calp y Elche, entre otros.

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