Análisis de los portales de las corporaciones camerales
La Cámara de Alicante se salta la Ley de Transparencia al ocultar sus cuentas
La opacidad a lo largo de la presidencia de Carlos Baño es reiterativa en el caso de las subvenciones y convenios que son obligatorios publicar según las normas estatal, autonómica y de su propio código
Carlos Baño, accediendo a la antigua sede de la Cámara de Alicante en la plaza Ruperto Chapí. / PILAR CORTES
La Ley de Transparencia autonómica, la estatal, el decreto del Consell sobre el Reglamento de las entidades camerales y el Código de Buenas Prácticas son las cuatro normas que la Cámara de Alicante incumple desde hace meses, en algunos aspectos y años, en otros.
El acceso a la presidencia de Carlos Baño ha supuesto un ejercicio de opacidad en lo referente a la publicación de información pública en el portal de transparencia a la que están sujetas las corporaciones de derecho público, dependientes de la Generalitat Valenciana y que fija claramente la Ley estatal 19/2013 de la materia que cita expresamente en su artículo 3.1 que «las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros».
Baño asumió la presidenci en junio de 2022 y, desde entonces, la web ha caído en un progresivo abandono. La ausencia de datos se refleja especialmente en tres puntos: el primero es la relativa a las auditorias que no se publican desde 2023. La segunda es la desaparición del acceso a la relación de subvenciones públicas recibidas y la tercera, la falta de difusión de convenios públicos con las administraciones desde 2021.
Revisión a los portales de transparencia de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana. / Fuente: Portales transparencia de las CC
Junto a estos tres puntos críticos a los que la ley obliga a todas las entidades, se suma el desfase en los salarios de los puestos de alta dirección (apartado retribuciones), que solo está hasta 2023 .
Comparativa
A pesar de contar con medio centenar de trabajadores, la Cámara alicantina registra el grado de cumplimiento más bajo de los indicadores mínimos que se marcan para las entidades en la Comunidad Valenciana que, a pesar de financiarse prácticamente en su totalidad de fondos públicos, están sujetas al derecho privado, es decir, que sus obligaciones de publicidad y acceso a la información están ligadas al rendir cuentas del dinero público que reciben.
Por ejemplo, las consultas sobre subvenciones no funcionan y los convenios no se publican desde 2021. Tampoco se ha publicado el presupuesto de 2026, ni las cuentas del 2024 que recibieron el visto bueno de la asamblea el pasado 27 de noviembre. La última fecha de actualización que se indica en el propio portal es el 11 de enero de 2025.
La información «será veraz, objetiva y actualizada» y se centrará en la «información económica, presupuestaria, estadística y otra» prevista en las leyes autonómica y estatal
Por otra parte, cabe destacar que todas las cámaras de la Comunidad Valenciana (Alicante, Alcoy, Orihuela, Valencia, Castellón) se rigen por el Reglamento recogido en el decreto del Consell 126/2017, donde se fijan en sus artículos 12 y 13 que la información «será veraz, objetiva y actualizada» y se centrará en la «información económica, presupuestaria, estadística y otra» prevista en las leyes autonómica y estatal. En cuanto al Código de Buenas Prácticas, esta misma frase se refleja en su artículo 78.
En lo que existe un incumplimiento generalizado es en el hecho de que los datos sean reutilizables, lo que permitiría la comparativa y evolución de gastos e ingresos.
Eliminaciones
El comportamiento errático ha llegado a producir situaciones inexplicables en lo que a las obras polémicas de la pretendida sede de la Cámara en el centro Panoramis en el puerto. Tal y como denunció INFORMACIÓN, una parte del documento -especificaciones de Arquitectura - fueron eliminadas del portal de Transparencia tras publicarse que la actuación había comenzado sin la oportuna licencia municipal.
La Cámara de Alicante ha retomado su antigua sede en Alicante tras el fallido proyecto en el puerto. / PILAR CORTES
Por último, hay que apuntar a la falta de concreción que fija la norma de la Generalitat Valenciana sobre las sanciones que acarrean estos incumplimientos. Desde que se creara el Consejo de Transparencia en la Comunidad Valenciana no se ha abierto ningún expediente sancionador sobre esta materia.
Experto responde. Un limbo por falta de concreción de las normas y de interés político
La Ley de Transparencia estatal tiene trece años y la valenciana cuatro. Ni una ni otra se caracterizan por la concreción. Las cámaras de comercio están sujetas parcialmente a las dos, explican Miguel Ángel Blanes, técnico jurídico y reconocido experto en Derecho Administrativo por el Parlamento Europeo. Su tesis sobre Transparencia está considerada como libro de referencia en la materia y su diagnóstico sobre el cumplimiento de estas normas es pesimista.
Blanes subraya que estas entidades son derecho privado, al igual que los colegios profesionales y comunidades de regantes y, por lo tanto, las diferentes interpretaciones que se han hecho indican que el cumplimiento «es de mínimos» y «afecta a lo que es la rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos». Sin embargo, reconoce que en el caso de las cámaras no existe hasta la fecha análisis del propio Consejo de Transparencia Estatal que determine precisamente las obligaciones pormenorizadas y, lo más importante, las consecuencias de incumplirlas.
A lo largo de su trayectoria profesional, el abogado alcoyano asegura que ha visto como las indefiniciones abren la puerta a una falta de exigencia que choca con las propias leyes. «El Consejo de Transparencia no ha levantado ninguna sanción desde que se creó y la propia ley valenciana da muchos rodeos para determinar quién o qué administración o entidad debe velar por su cumplimiento». De hecho, al preguntarle y exponerle sobre los portales de transparencia de las cámaras no muestra sorpresa e indica que «hay un vacío, porque de la lectura se interpreta que son las propias administraciones las que deberían sancionarse y nadie se sanciona a si mismo».
Las sanciones económicas o la pérdida de acceso a nuevas subvenciones llegan después de reiterados incumplimientos a partir de peticiones oficiales y no consta ninguna. Traducido en román paladino, Blanes subraya que el autoincumplimiento es una norma demasiado generalizada. «El problema no es valenciano, se arrastra desde la estatal», añade y considera que nadie quiere ponerle esa especia de cascabel al gato, a pesar de que lo que queda claro es la rendición de cuentas.
Las cámaras fijan para sí mismas un código de buenas prácticas y Blanes se pregunta: ¿Se van a sancionar a si misma? Sin un articulado más concreto todo queda sujeto a que la administración tutelante le requiera o pida que «actualice» la información.
En numerosas ocasiones como en conferencias y artículos, Blanes ha denunciado que no se disponga de herramientas para reutilización de datos en las propias administraciones públicas y que condenan al usuario al pdf. En su opinión, «el vacío se entiende porque no hay presión social, salvo en casos puntuales».
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
