El Gobierno aprueba ayudas por más de 7.000 millones para paliar los daños de los temporales en Andalucía y Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con medidas urgentes por valor de más de 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por las inundaciones y otros efectos del temporal en municipios de Andalucía y Extremadura.

El paquete se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil y contempla ayudas para familias, empresas, ayuntamientos y sector primario, tras el desalojo de más de 12.400 personas por las fuertes borrascas.

El Ministerio de Política Territorial determinará en el plazo de un mes los municipios que podrán acogerse a las ayudas en función de la magnitud de los daños o de su situación financiera, aunque el decreto ya concreta las zonas que podrán acceder a las ayudas agrarias.

Ayudas directas a familias y evacuados

La norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para quienes hayan sido desalojados, con efecto retroactivo desde el inicio del desalojo. Un hogar de cuatro miembros desalojado durante diez días percibirá 6.000 euros. Esta compensación es compatible con otras ayudas por daños en vivienda.

El decreto cuadruplica las indemnizaciones por fallecimiento (hasta 72.000 euros) y por incapacidad, así como las destinadas a daños materiales en viviendas, enseres, elementos comunes y establecimientos industriales o comerciales.

La indemnización por destrucción total de vivienda pasa de 15.120 a 60.480 euros, y la ayuda por daños en enseres aumenta de 2.580 a 10.320 euros. Además, se eliminan los umbrales de renta para acceder a ayudas por daños o destrucción de vivienda.

Se habilita un sistema de anticipo del 50% mediante declaración responsable, y todas las ayudas quedan exentas de tributación en IRPF y en el Impuesto de Sociedades. Tampoco computarán como ingresos a efectos del Ingreso Mínimo Vital.

Fondo de 2.000 millones para ayuntamientos

El Estado moviliza un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para que las entidades locales afronten en 2026 la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Las ayudas podrán anticiparse al 100% si los ayuntamientos lo solicitan.

Se flexibiliza la regla de gasto para que los fondos destinados a reconstrucción no computen en el límite establecido y se permite a las administraciones utilizar su superávit de 2025. También se amplían los plazos para ejecutar obras.

Además, se impulsa un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros para reactivar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.

Exenciones fiscales y apoyo a empresas

El decreto contempla exenciones en el IBI rústico y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como la exención en IRPF y Sociedades de todas las ayudas concedidas. El impacto fiscal estimado alcanza los 320 millones de euros. Si los tributos ya han sido abonados, podrá solicitarse la devolución.

La Agencia Tributaria desplegará una línea de ayudas directas para autónomos y empresas no agrarias. Las personas físicas recibirán 5.000 euros, mientras que las empresas podrán percibir entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de operaciones.

Se activará además un tramo de avales por hasta 250 millones de euros, con participación del ICO, y el Consorcio de Compensación de Seguros gestionará las indemnizaciones al tratarse de un evento extraordinario.

Más de 2.800 millones para el campo

El paquete destinado al sector primario supera los 2.800 millones de euros. Incluye ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a seguros agrarios y apoyo a armadores afectados, por un total de 2.174 millones.

Se habilita una línea de financiación de 100 millones que cubrirá el 15% del principal de los créditos solicitados por agricultores y pescadores, además del coste de los avales. Los temporales se considerarán causa de fuerza mayor ante posibles incumplimientos en el marco de la PAC.

Se reduce de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, se establece una ayuda del 100% del daño no cubierto por el seguro agrario y se activan líneas específicas para explotaciones agrarias y armadores de buques de pesca.

Reparación de infraestructuras y medidas laborales

El Gobierno destina 600 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras agrarias a través de Tragsa y Seiasa, y otros 600 millones para costas y cauces, de los que 400 se transferirán a ayuntamientos para infraestructuras hidráulicas y playas.

También se repararán carreteras del Estado e infraestructuras ferroviarias afectadas.

En el ámbito laboral, se establece una prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo de 2026, sin exigir periodo mínimo de cotización y sin que compute para futuras prestaciones.

Las empresas afectadas podrán acogerse a ERTE por fuerza mayor, con exoneraciones en las cotizaciones sociales y prohibición de despido en empresas beneficiarias. Se aprueban además aplazamientos y moratorias en el pago a la Seguridad Social y se garantiza la protección por desempleo para empleadas del hogar.