El Puerto de Alicante multa a Panoramis con 240.000 € por las obras sin licencia de la Cámara y otras irregularidades

Las obras sin licencia que la Cámara de Comercio de Alicante comenzó en Panoramis abrieron dos casos polémicos. El primero es el relacionado con la propia entidad cameral que se vio obligada a paralizar la actuación en abril de 2025, buscar nueva sede y hacer frente a un pago de 4 millones de euros y el otro es el de la propia concesión. Para este segundo caso, la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha dado un primer paso decisivo y es abrir dos expedientes a Digital Corner por las irregularidades detectadas.

En una primera comunicación, el Puerto prevé una sanción de 240.000 euros por cinco faltas leves, que se pueden quedar en 144.000 euros por pronto pago y antes de que se dicte resolución firme, es decir, aceptar los argumentos de las infracciones. En una segunda, la APA exige "medidas de restitución" para que el centro cumpla con las condiciones en las que se dio la concesión. Ambos documentos están estrechamente ligados, porque el procedimiento administrativo llega tras las inspecciones realizadas en todo el edificio, incluidas las instalaciones iniciadas por la Cámara de Alicante. En juego, una concesión de 17 años, es decir, que podría llegar hasta el 2043.

Desde Digital Corner se han limitado a confirmar la recepción de los dos expedientes, mientras que desde la Autoridad Portuaria, su presidente Luis Rodríguez ha señalado que el proceso sigue adelante y que ahora la concesionaria tiene un tiempo para responder a cada uno de los aspectos que se le pide, los cuales se basan en el cumplimiento de las condiciones de la concesión que se dieron en su día.

Cinco multas

En el detalle del expediente sancionador, el Puerto especifican que la mercantil ha incumplido aspectos como la "modificación sustancial de la implantación de oficinas sin autorización previa", el uso de un modelo inadecuado para los arrendamientos de las oficinas; el aumento de la edificabilidad sin autorización, la "inadecuada conservación del edificio" y la inadecuada "presentación trimestral de la declaración de cifra de negocio". Cada uno de estos puntos se ha traducido en falta leve, que económicamente suponen 55.000 euros cada una, excepto en el caso de la parte de mantenimiento que se reduce a 20.000 euros.

Las diez páginas del documento muestran una falta de fiscalización en las acciones realizadas por Digital Corner desde que en 2021 obtuviera la concesión. De la información recogida por la APA, se precisan cuestiones que van desde el modelo de contrato para alquilar las oficinas hasta la detección de más de 4.000 metros cuadrados extra comercializados para los que no se ha pedido ni autorización. Así, en los primeros puntos, se reclama a la empresa que corrija el uso de los contratos de arrendamiento por los de "cesión del derecho de uso de local comercial" y que presenten la solicitud de "autorización para el desarrollo de la actividad", es decir, el cambio de 2019, cuando se pasó de centro comercial con cines a lo que es actualmente de oficinas.

La tercera multa es la más llamativa porque saca a la luz de manera definitiva 4.298 metros cuadrados de superficie ampliada respecto a la concesión inicial. La mayor es la de la cubierta de 2.470 metros cuadrados y donde estaban previstos despachos de la Cámara de Alicante y otras zonas que hasta ahora se utilizaban para eventos. Pero también se han incluido 416 m2 en la primera planta, donde se ubica la levantada por la entidad de Carlos Baño y que el Ayuntamiento alicantino ha pedido que se derribe y los 788 metros cuadrados de la planta baja.

No obstante, con la relación viene indicado que "las mismas se pueden normalizar, siempre y cuando se adapten a la reglamentación urbanística", que es una de las claves del futuro de la concesión. En esta línea, la Autoridad Portuaria alicantina exime el "deficiente estado de la estructura metálica".

Por último, está la rendición de cuentas. Como empresa concesionaria de un bien público, Digital Corner debe presentar semestralmente una relación de sus inquilinos ("cesionarios") y de los ingresos que ello comporta, lo que también incluye el aparcamiento. Lo debe hacer de manera detallada y durante los 15 días siguientes después del fin de cada plazo. Esa falta de celo es la que le vale la multa total de 244.000 euros para la que ahora tiene 15 días para alegar o pagar. Si lo hace en este tiempo, se le aplican dos reducciones acumulables del 20 %.

¿Restitución?

Sin esta pormenorizada revisión la Autoridad Portuaria no podría haber entregado el segundo expediente. La "restitución de la legalidad en relación con los hechos infractores" supone ahora que se inicia una carrera contra reloj para Digital Corner en materia administrativa y urbanística. La primera es pausible, aunque tendrá sus escollos a la hora de presentar toda la documentación que durante estos años de concesiones no se ha entregado.

La complejidad reside en los requerimientos que se le hace a la empresa en el plano urbano. Debe presentar la documentación en dos meses y solventar todo lo relativo a las obras sin autorización en cuatro meses. En concreto, debe entregar un "proyecto de ejecución técnica completo, que contemple de manera detallada las actuaciones necesarias para restituir la realidad física del objeto concesional a la configurada en el proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria y que resulte apto para la obtención de las licencias o autorizaciones municipales pertinentes".

Una parte de este trabajo ya se ha presentado en Urbanismo, tal y como publicó INFORMACIÓN, pues Digital Corner registró en enero un proyecto de remodelación de casi tres millones de euros con el que, además, se garantizaría 15 años de prórroga en la concesión del suelo. Los trabajos vendrían a resolver las exigencias del Puerto, pero no las polémicas obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio, donde se ha construido (sin licencia) una planta más de lo permitido. La entidad que preside Carlos Baño tendrá que resolver a título particular las irregularidades urbanísticas detectadas por el Consistorio, que ya instó en diciembre a demoler la planta “ilegalizable” del inmueble, si quiere contar el preceptivo permiso municipal que le faculte a utilizarlo.

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