«Los concursos de acreedores en el calzado alicantino responden a una tormenta perfecta»

En la provincia de Alicante se han acumulado en los últimos doce meses concursos de acreedores en empresas de calzado y en parte de su industria auxiliar. Para analizar esta cuestión entrevistamos a Sebastián Crespo Baeza, socio de la firma especializada en abogacía de los negocios, Devesa, con sedes en Madrid, Alicante y Valencia. Con veinticuatro años de experiencia profesional como letrado en ejercicio, es especialista en derecho procesal, concursal y penal económico, y árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante.

Crespo ha sido reconocido por el directorio norteamericano Best Lawyer como uno de los mejores abogados de la provincia en las categorías en materia de «Insolvency and Reorganization Law».

Concursos de acreedores en el sector del calzado alicantino

¿Qué tipo de compañías del sector del calzado han entrado en concurso de acreedores?

Muchas compañías del clúster del calzado de Elche, Elda o Petrer son pymes con gran conocimiento de producto, pero con menos capacidad para implantar control de gestión, planificación avanzada y cultura financiera. En un ciclo adverso nos encontramos con precios mal calculados en relación con los costes reales de producción, demasiadas referencias, compras poco flexibles, dependencia de pocos clientes, competencia internacional o reacción tardía para ajustar costes.

¿Qué causas ha detectado el área de derecho concursal de Devesa que explican esta crisis?

El calzado funciona por campañas y obliga a anticipar inversión: diseño, compras y producción se pagan antes de vender. La competencia internacional y una exportación más irregular añaden incertidumbre. En muchos casos desde que se recibe un pedido hasta que se entrega y después se cobra pasan varios meses, en los que el fabricante debe comprar pieles, componentes, suministros, alquileres, salarios, cotizaciones etc.… Cuando el consumo se frena, los pedidos se retrasan, o se produce un impago, la tesorería sufre.

En un entorno sensible al precio, muchas firmas no logran repercutir todo el aumento al cliente final, especialmente si dependen de intermediarios o de promociones. Cuando una marca baja producción o entra en concurso, el impacto se transmite a proveedores (suelas, adhesivos, cajas) y a talleres. La interdependencia crea un efecto dominó: varios clientes en dificultades pueden dejar sin oxígeno a empresas auxiliares, aunque su producto sea competitivo.

Además, también hemos detectado una reducción de las líneas de crédito a las empresas de este sector. En conjunto, los concursos en el calzado alicantino están respondiendo a una “tormenta perfecta”: demanda incierta, costes altos, necesidad de circulante y cambio acelerado del modelo comercial. A ello se suma, que una reestructuración productiva o un ajuste de plantilla conlleva importantes costes difíciles de asumir cuando ha comenzado la situación de crisis. Hay inversiones ineludibles en trazabilidad, requisitos ambientales, automatización y herramientas digitales, que si no se realizan afectan a la competitividad, pero que requieren músculo financiero.

Refinanciación de deuda y reestructuración empresarial

¿Se dan casos de refinanciación de la deuda en este contexto?

Como decimos el sector es intensivo en capital circulante: hay que financiar stock y aceptar plazos de cobro. Si baja la rotación del inventario o se alargan los pagos, aumenta la necesidad de financiación justo cuando el crédito es más difícil. Es frecuente que, tras meses de tensión, se intente renegociar deuda.

Normalmente la refinanciación comienza con una comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores, dirigida a la Sección mercantil de los Tribunales de Instancia, para evitar el embargo de bienes productivos o la resolución de contratos por impago, la preparación de un IBR (Independent Business Review), y un periodo de varios meses de negociaciones en los que los acreedores, normalmente el sector bancario, va a exigir nuevas garantías reales o personales de administradore o socios.

Si no se consigue estabilizar la caja, y refinanciar la deuda el concurso de acreedores termina siendo el mecanismo para ordenar pagos, o al menos para salvaguardar la responsabilidad del órgano de administración y liquidar ordenadamente. Por desgracia, el número de concursos que se cierra con un convenio con los acreedores es prácticamente residual en relación con los concursos que se presentan.

¿Y que papel juega un despacho de abogados como Devesa en esos procesos de refinanciación?

Se intervienen en todo el proceso. A veces, no solo se reestructura la deuda sino también la propia Compañía a nivel societario y laboral. No se trata solo de actuaciones en los Tribunales sino también de la asistencia legal en la negociación.

Es necesario revisar que las condiciones de una refinanciación que suelen ser duras no sean inasumibles o impongan garantías adicionales inaceptables, como garantías personales, o responsabilidades cruzadas de otras compañías del grupo. Cuando el plan de negocio es incierto, no se recomienda una «huida hacia delante», que implica aumentar la deuda, con condiciones crediticias más gravosas, y la posible extensión de la responsabilidad sobre el pago de la deuda a otras compañías, o personas que inicialmente no respondían de la misma.

Futuro del tejido productivo del calzado en Alicante

¿Cabe la posibilidad de recuperar ese tejido productivo?

Una salida bastante común es la compra de la unidad productiva. Un inversor, a veces otra empresa del sector presenta una oferta por la cartera de clientes, marca, know how, maquinaria, etc... Muchas veces también subrogando a parte de la plantilla, sin asumir la deuda que se arrastra.

Normalmente, las ofertas de estas adquisiciones están condicionadas a que el Tribunal acepte limitar las responsabilidades que asume quien va a adquirir la unidad productiva. Esta posibilidad está específicamente prevista en la legislación concursal, simplifica una liquidación individual de activos y permite obtener mayores recursos para satisfacer los créditos concursales.

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