La Cámara de Alicante necesita más empresas que quieran pagar por estar en el pleno

Mientras el actual presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, lidia con la investigación por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del bono comercio en Facpyme, el proceso electoral en la institución cameral sigue su curso. Una vez finalizado el plazo de exposición del censo y la espera que la Generalitat apruebe el decreto con las fechas para la presentación de candidaturas, los responsables de la entidad cameral se han topado con una tarea inesperada, la de verse obligados a buscar empresas dispuestas a pagar 4.500 euros anuales a cambio de tener representación en el pleno.

El Reglamento de Régimen Interno de la Cámara alicantina reserva 12 de los 60 asientos de su máximo órgano de gobierno para las empresas que realicen las mayores aportaciones económicas. Una fórmula que se instaló para incentivar las contribuciones de las compañías, después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimiera el denominado recurso cameral, es decir, la cuota que antes pagaban todas las empresas de forma obligatoria.

El interés por estos sillones depende mucho de lo reñida que esté la contienda por la presidencia, ya que estos vocales tienen el mismo derecho de voto que el resto, por lo que los candidatos aprovechan para colocar empresarios afines y garantizarse así el mayor número de votos. Una circunstancia que provocó que en las elecciones de 2022, cuando Baño competía con Juan Riera, incluso fueran objeto de disputa.

Sin embargo, de las 12 compañías que entonces se comprometieron a abonar esta cuota excepcional, solo ocho han decidido continuar, lo que significa que hay cuatro vacantes que no se han completado a tiempo. Una circunstancia que ha obligado a la Generalitat -la Administración que tutela las cámaras de comercio, que son entidades de derecho público- a prorrogar el plazo para designar estas vocalías.

Las bajas

De estas cuatro bajas, la primera se produjo en realidad hace ya varios años, cuando el empresario ilicitano Joaquín Garrido (Clave Informática) decidió abandonar la institución al considerar que no acaba de representar correctamente los intereses de las firmas de su municipio. En otro caso, el del grupo Vectalia, que tenía dos representantes con dos de sus empresas, ha decidido mantener únicamente una.

En otros casos, como el de José Juan Fornés, de Masymas, ha sido la tardanza en decidirse lo que ha llevado a que se produjera la vacante, aunque el empresario de Pedreguer ya ha confirmado su intención de seguir.

Lo cierto es que, con independencia de la situación del actual presidente y, hasta la fecha, único candidato que ha hecho público su voluntad de renovar en el cargo, Carlos Baño, lo que ha provocado más dudas entre los empresarios ha sido la subida de la cuota mínima para entrar en este cupo. En concreto, el pleno aprobó en enero que el pago anual al que deben comprometerse estas firmas ascendiera de 3.500 a 4.500 euros. Un pago al que, por ejemplo, hay que sumar otra cantidad considerable si también se quiere ser miembro del Club Cámara, ya que la aportación para formar parte del pleno no debe ser a cambio de ningún servicio de la entidad.

Lo cierto es que la Cámara de Alicante no es la única que se ha visto en esta tesitura de tener que buscar donantes para completar su pleno. La Cámara de Castellón también tiene una vacante, mientras que Orihuela no había logrado completar a tiempo ninguna de las cuatro plazas que tiene.

Desde la Generalitat no contemplan la posibilidad de que estos asientos puedan quedarse libres por lo que señalan que, en caso de no cubrirse durante la prórroga actual, que vence el 15 de mayo, se abriría un nuevo periodo.

El proceso

Del total de 60 miembros del pleno de la Cámara de Alicante, 12 corresponden a las empresas de mayor aportación económica, otros ocho debe seleccionarlos la patronal autonómica CEV, y los otros 40 se eligen entre las empresas que presenten candidaturas.

Las votaciones se realizan por grupos de actividad, lo que significa que las empresas dadas de alta en el epígrafe de comercio eligen a sus representantes, y lo mismo con la industria, el transporte, etc. El número de vocales que corresponde a cada grupo se designa en cada elección en función del peso de las distintas ramas de actividad en el PIB provincial, el número de compañías existentes y la cifra de trabajadores que emplea.

Se espera que en las próximas semanas se publique el decreto de la Generalitat con las fechas exactas de lo que queda de proceso. Un tiempo en el que los empresarios -y la propia administración- deberán decidir si mantienen su respaldo a Carlos Baño, pese a estar investigado por fraude en subvenciones, o si buscan un candidato alternativo.  

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