Ineca recibe con deberes al nuevo ministro de Hacienda: respalda la propuesta de financiación autonómica pero la ve aún "insuficiente"

Si el nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, no tenía claro que la reforma de la financiación autonómica iba a ser uno de los grandes desafíos de su mandato, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha salido este viernes a recordárselo. Sin citarle, la organización presidida por Alfredo Millá ha querido respaldar la propuesta realizada por su antecesora, María José Montero, que considera "más justa" que el sistema actual, pero al mismo tiempo le insta a seguir trabajando, ya que aún la ve insuficiente. Sobre todo, por no incluir la condonación de la deuda histórica.

Y, al mismo tiempo, ha lanzado también otro mensaje velado, en esta ocasión para el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez-Llorca, al advertir que el bloqueo de la reforma -como plantean desde el PP para desacreditar al Gobierno- supondría que la Comunidad Valenciana dejaría de percibir entre 2.180 y 2.800 millones de euros anuales.

De esta forma, Ineca se alinea con otras organizaciones empresariales, como la patronal CEV o la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que han instado el Ejecutivo autonómico a no enrocarse y aceptar los planteamientos del Gobierno, aunque sea como punto de partida, ante la mejora de la situación actual que supone.

Más de 62.000 millones de deuda

En este sentido, Ineca ha hecho público este viernes su análisis sobre el impacto que tendría el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno, y que ha elaborado a partir de los informes previos de Fedea y el Ivie. Y su primera conclusión es contundente, al afirmar que el sistema vigente desde 2009 ha condenado estructuralmente a la autonomía a una infrafinanciación crónica que ha provocado una deuda acumulada de 62.424 millones de euros.

Por este motivo, aunque el planteamiento que hay sobre la mesa resulta positivo porque garantiza un mayor flujo de dinero a partir de este momento, desde el instituto señalan que es imprescindible que también se aborde la condonación de buena parte de esta deuda.

Así, Alfredo Millá recuerda que este déficit estructural no se debe a una gestión ineficiente, sino a un diseño institucional deficiente que ha obligado a endeudarse para cubrir servicios esenciales de carácter público.

A juicio de Millá, "la Comunidad Valenciana lleva más de veinte años atrapada en lo que el análisis de Ineca denomina el cuadrante de doble penalización: menor capacidad fiscal relativa y, simultáneamente, menor financiación final por habitante". Esta afirmación se traduce en que su índice de financiación por habitante ajustado se ha situado entre el 88,9 y 93,0 sobre una media nacional de 100, lo que obliga a la región a destinar una proporción mayor de sus ingresos para prestar servicios públicos equiparables al resto del Estado, generando un déficit estructural permanente que no se debe a una gestión deficiente, sino a un diseño institucional desequilibrado.

Así, para ofrecer servicios públicos equivalentes a la media nacional, la Comunidad se ve obligada a gastar un 10 % más de lo que ingresa del sistema, generando un déficit estructural que no responde a la gestión, sino al propio diseño del modelo.

Por debajo de la media

Ineca reconoce que la propuesta de reforma del Gobierno supone el primer movimiento real hacia la corrección de esta injusticia. Y, en concreto, su director de Estudios, Francisco Llopis, recuerda que el análisis de Federa estima que la reforma generaría para la Comunidad un incremento neto de aproximadamente 2.499 millones de euros anuales, elevando su índice de financiación desde el entorno del 89 hasta aproximadamente 97,8. Por su parte, el informe del Ivie, incorporando el reconocimiento del esfuerzo fiscal relativo, el índice podría alcanzar 101,4 y el incremento de recursos llegar hasta los 2.500 millones anuales.

"Mientras la posición relativa por habitante no alcance ese umbral, la región continuará recurriendo al endeudamiento para sostener su estado de bienestar", defiende Llopis.

En la misma línea, Alfredo Millá advierte que un bloqueo de la reforma supondría para la autonomía dejar de percibir entre 2.180 y 2.800 millones de euros anuales, mayor endeudamiento forzado y el agravamiento de una brecha con las comunidades forales que ya supera el 60-80%.

Frente a esto, el instituto realiza las siguientes propuestas:

• Convergencia efectiva hacia el índice 100 de financiación por habitante ajustado, con calendario vinculante.
• Incorporación del esfuerzo fiscal relativo como variable correctora en la fórmula de reparto.
• Clarificación del origen y la sostenibilidad macroeconómica de los 21.000 millones adicionales previstos a nivel nacional.
• Aprobación efectiva y rápida de la reducción de la deuda autonómica valenciana mediante la asunción estatal prevista en el Proyecto de Ley 121/000079 (hasta 11.210 millones de euros)
• Ampliación parcial de la condonación de la deuda o exoneración total, que asciende 62.424 millones de euros.
• Transparencia total: fórmulas de reparto claras, eliminación de fondos discrecionales y trazabilidad completa de los recursos.
• Evaluación continua por organismos técnicos independientes con revisión periódica del modelo.

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