Las petroleras advierten de que un nuevo impuesto pondría en riesgo el suministro de carburante en plena crisis

España y otros cuatro países han pedido a la Comisión Europea crear un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para mitigar el impacto del alza de los precios tras el conflicto en Oriente Medio. Las principales afectadas, las empresas petroleras, advierten que el nuevo gravamen pondría en riesgo la seguridad de suministro de carburantes en plena crisis; mientras desde el sector eléctrico se dan mucho menos por aludidos y defienden que la electricidad tiene una mayor carga impositiva que otros combustibles fósiles y que eso se debería corregir.

La iniciativa, impulsada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal a través de una carta, plantea recuperar un "instrumento similar" al introducido en 2022 por el Ejecutivo comunitario que gravaba los 'beneficios caídos del cielo' de las empresas energéticas. Y aunque es ambiguo sobre quienes deberían ser los sujetos afectados, cita especialmente a las empresas petroleras al pedir a la Comisión explorar incluir en el gravamen los beneficios obtenidos en el extranjero por estas compañías.

Fuentes de la patronal de Repsol, Cepsa, Galp, BP y Saras, la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), alertan de que plantear un impuesto extraordinario en Europa "pondría en riesgo la seguridad de suministro del continente, en un momento en el que ésta es la principal preocupación" y añaden que "en el caso de España, que tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la UE", lo que la hace menos dependiente de las importaciones de productos refinados, como el diésel o la gasolina, "supondría renunciar a una ventaja competitiva clave en estos momentos para asegurar el abastecimiento en este país".

Además, las principales empresas petroleras españolas advierten, como ya hicieron hace cuatro años, que un impuesto sobre el sector podría poner en peligro inversiones por valor de 16.000 millones de euros previstas hasta 2030 para abordar la descarbonización de esta industria en su objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

Por otro lado, Aelec, patronal de las dos empresas eléctricas más grandes de España, Iberdrola y Endesa, afirma que "la mejor respuesta a la crisis energética pasa por acelerar decididamente la electrificación apoyada en el despliegue de energías renovables" y aboga por "alinear la fiscalidad energética con estos objetivos". "Actualmente, la electricidad soporta en muchos casos una mayor carga impositiva que otros combustibles fósiles, lo que desincentiva su uso (...) Corregir estas señales es fundamental para fomentar la electrificación y maximizar el aprovechamiento de las energías limpias", defienden fuentes de esta asociación.

Mientras, desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) destacan que los precios de la electricidad en España se han desacoplado de los del resto del continente durante todo el conflicto de la guerra en Irán gracias a las renovables y alertan de que solicitar posibles impuestos que impactan al sector eléctrico "crea inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada".

El precedente de 2022

Durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, la Comisión Europea impulsó lo que denominó como una "contribución solidaria" que gravase los beneficios extraordinarios de las empresas del sector del petróleo, gas, carbón y refino, aunque dejaba la puerta a que cada país decidiera la figura legal que utilizaría para alcanzar dicho fin.

Entonces España diseñó una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" que gravaba con un 1,2% los ingresos de todas las energéticas que tuvieran una facturación superior a los 1.000 millones de euros, lo que incluía a todas las empresas del sector, también a las compañías eléctricas.

En este sentido, Aelec defiende que "cualquier medida fiscal adicional debería abordarse, en la medida de lo posible, de forma coordinada a nivel europeo". "La falta de armonización puede generar distorsiones y acabar afectando a la competitividad de aquellos países que adopten mayores cargas impositivas sobre su sector energético, penalizando así su capacidad de inversión y su avance en la transición energética", añaden.

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