Consumo sanciona con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobrar honorarios a inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros que interpuso a Alquiler Seguro (la sociedad Alquiler Seguro S.A.U.) por prácticas abusivas contra inquilinos, entre ellas el cobro de honorarios prohibidos por la ley de vivienda, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo. El Ministerio de Consumo concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y apunta a un aprovechamiento de "su posición de predominio de mercado".

Las conductas sancionadas son la "imposición al arrendatario la contratación de un servicio de atención al inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato", "un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora", "cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario", "cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas", "introducción de una cláusula en el contrato que autorice a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato, con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles" y la "exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de servicio de atención al inquilino".

Cláusulas prohibidas en la ley de vivienda

Según Consumo, la ley de vivienda "prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato". La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros. La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares. En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la ley de vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

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