Transportes pone en marcha un ERE para despedir a 30 trabajadores de la segunda circunvalación de Alicante

Se resuelve una de las grandes dudas que quedaba pendiente tras la decisión del Gobierno de liberar definitivamente de peaje la AP-7, la conocida como segunda circunvalación de Alicante. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), la empresa pública dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, ha iniciado la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 30 de los 50 empleados que tenía la antigua concesionaria.

Una decisión que la compañía justifica por causas productivas y organizativas, lo que implica una indemnización de 20 días por año trabajado, salvo que se pacte otra cantidad. Un argumento con el que no están de acuerdo los afectados, que señalan que la apertura de los peajes respondió a una cuestión puramente "política", por lo que reclaman la recolocación o bien que se tramiten los despidos como improcedentes.

De momento, el pasado martes, 7 de abril se celebró la reunión constituyente de la mesa negociadora a la que obliga la legislación, en la que, según denuncia CC OO, ni siquiera se pusieron sobre la mesa las medidas de acompañamiento que establece la normativa para los afectados.

Desde este sindicato, no ven "comprensible" que una empresa del Ministerio de Transporte justifique un despido colectivo por una decisión "que ha propuesto la propia empresa", por lo que insiste en que "no entra dentro de los cauces previstos para un expediente de despido colectivo por causas justificadas".

En ERTE casi dos años

Los 30 trabajadores para los que se ha activado el despido colectivo eran los responsables de los peajes de la autopista, que llevaban en ERTE -Expediente de Regulación Temporal de Empleo- desde julio de 2024, a la espera de que se aclarara su destino, ya que inicialmente la medida iba a ser provisional, a modo de prueba, y se fue prorrogando paulatinamente.

Esto significa que la mayoría de los afectados ya ha agotado las prestaciones contributivas a las que tenía derecho, por lo que ahora quedarán en una situación bastante precaria, según exponen desde CC OO, que cuestiona esta forma de actuar por parte de una empresa pública e insta a la búsqueda de soluciones para las personas afectadas.

Entre otras cosas, recuerdan que Seitt se encarga en estos momentos de otras ocho autopistas que el Estado tuvo que rescatar tras la quiebra de sus respectivas concesionarias, como también ocurrió con Ciralsa, la responsable de la AP-7.

Historia

La autopista de circunvalación de Alicante entró en funcionamiento en diciembre de 2007 con el objetivo de reducir la saturación que sufría a diario la A-70 a su paso por la capital de la provincia. La ganadora de la concesión fue la mercantil Ciralsa, una sociedad conjunta que formaron ACS, Abertis y Globalvía.

 El problema fue que su inauguración, en diciembre de 2007, coincidió con el inicio de la crisis económica, lo que provocó que nunca se cumplieran las previsiones económicas con las que se construyó, al igual que ocurrió con la mayoría de autopistas de segunda generación que se pusieron en marcha en la misma época. Su mayor volumen de tráfico se registró en 2008, cuando llegó a contar con una intensidad media diaria de casi 10.000 vehículos.

Sin embargo, estas cifras se redujeron paulatinamente a raíz del estallido de la crisis económica, hasta que en 2014 tocó fondo, con apenas 5.303 vehículos diarios. A partir de esa fecha, el volumen de tráfico de la vía empezó a remontar, hasta que la llegada de la pandemia volvió a hundirlo a sólo 4.966 vehículos diarios en 2020.

Así, apenas cinco años después de su apertura, la compañía solicitó el concurso de acreedores y en 2018 el entonces Ministerio de Fomento acabó recuperando la titularidad de la vía, que integró en la empresa pública Seitt.

En julio de 2024, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que se levantarían los peajes para realizar una prueba piloto y comprobar si esta medida contribuía a reducir la saturación que sufre la A-70. La medida se fue prorrogando hasta que en diciembre del año pasado el Consejo de Ministros aprobó su liberalización definitiva.

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