Defensa cierra la vía administrativa a Santa Bárbara por los contratos de artillería y da la razón a Indra y Escribano (EM&E)

El Ministerio de Defensa ha cerrado la vía administrativa a la multinacional estadounidense General Dynamics-Santa Bárbara en su batalla contra la adjudicación de los dos grandes contratos de artillería del Ejército de Tierra. El departamento que dirige Margarita Robles ha rechazado el recurso de alzada presentado por la filial española de la estadounidense General Dynamics contra la concesión a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de los programas de artillería sobre cadenas y sobre ruedas que ascienden a 7.240 millones de euros.

Según fuentes de Defensa, la resolución acuerda “la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas” por la compañía. Ambos contratos forman parte de los Programas Especiales de Modernización (PEM) activados por el Gobierno para reforzar las capacidades militares y elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB el pasado año.

Desde el ministerio de Margarita Robles sostienen que la adjudicación se ha desarrollado “con pleno respeto a la legalidad vigente” y defienden que, en este tipo de contrataciones, deben prevalecer criterios como la protección de los intereses esenciales de seguridad, la garantía de suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares. Todos esos elementos, añaden desde Defensa, han sido valorados conforme al marco jurídico español y europeo.

Santa Bárbara Sistemas asegura en un comunicado que todavía no ha recibido ninguna notificación del Ministerio de Defensa sobre el recurso de alzada presentado contra la adjudicación de los programas de artillería. La empresa recuerda que ese recurso era un trámite necesario para agotar la vía administrativa y señala que, cuando conozca la resolución, valorará su contenido y decidirá los siguientes pasos. Además, reitera su disposición a colaborar con el resto del sector de defensa para cumplir los objetivos del Ministerio y atender las necesidades de las Fuerzas Armadas.

La decisión supone un nuevo revés para Santa Bárbara, que en febrero recurrió ambos contratos al considerar que había sido apartada de un programa para el que aseguraba contar con una solución propia. La empresa defiende que su sistema Némesis, desarrollado junto al grupo germano-frabcés KNDS y presentado en la feria Feindef de Madrid, cumplía con los requisitos del Ejército y podía fabricarse en España con capacidades industriales ya disponibles. Frente a ello, la compañía sostiene que Indra y EM&E partían sin una plataforma propia ya desarrollada. El Némesis, sin embargo, tampoco se ha probado ya en ningún frente bélico.

Indra se alía con la surcoreana Hanwha

Mientras tanto, Indra ha avanzado en la configuración industrial del proyecto. Hace menos de un mes selló una alianza con la surcoreana Hanwha para emplear la plataforma K9 en el contrato de artillería sobre cadenas, valorado en 4.554 millones. El acuerdo prevé una versión adaptada al mercado español de este obús autopropulsado y abre incluso la puerta a su exportación con autorización de la empresa asiática. La tecnológica, no obstante, todavía debe definir con qué socio abordará el programa de artillería sobre ruedas.

Además de rechazar el recurso, Defensa ha denegado a Santa Bárbara el acceso al expediente de contratación que la compañía había solicitado “reiteradamente”, al entender que no concurren los requisitos legales necesarios, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo.

El conflicto puede escalar a la Audiencia Nacional

El conflicto, sin embargo, no termina aquí. La resolución del ministerio pone fin a la vía administrativa, pero deja abierta la judicial. Santa Bárbara ya había advertido de que acudiría a la Audiencia Nacional si Defensa desestimaba sus pretensiones, como finalmente ha ocurrido. El choque entre ambas partes, además, ya se libra en paralelo en el Tribunal Supremo por otra vía.

La empresa ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra las ayudas públicas concedidas por el Ministerio de Industria a la UTE adjudicataria en forma de préstamos al 0% de interés. En total, se trata de 3.002 millones de euros destinados a financiar los dos programas de artillería: 1.821 millones para el sistema sobre cadenas y 1.181 para el de ruedas. La impugnación se dirige formalmente contra el real decreto que aprobó esa financiación y afecta también a otros programas ajenos a la artillería incluidos en el mismo paquete.

Más allá del litigio, el pulso refleja el cambio de equilibrio en la industria de defensa terrestre en España. Durante años, Santa Bárbara fue el gran referente del sector, pero el Gobierno ha decidido situar a Indra como campeón nacional en este ámbito, del mismo modo que Navantia y Airbus ocupan ese papel en los sectores naval y aéreo. En el reparto de los PEM, Santa Bárbara solo logró la actualización de los blindados Pizarro por 264 millones, un contrato muy inferior en volumen a los de artillería.

La pugna tiene además un componente industrial y político de fondo. Indra y Santa Bárbara son rivales en esta carrera por el liderazgo del negocio terrestre, pero también comparten intereses en otros programas estratégicos, como el blindado 8x8 Dragón, que fabrican junto a Sapa y Escribano dentro del consorcio Tess Defence. Esa relación cruzada resume bien las tensiones de un sector en plena transformación, impulsado por el aumento del gasto militar, la búsqueda de autonomía estratégica y la voluntad del Gobierno de reordenar el mapa industrial de la defensa española.

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