Morata abre la puerta de salida a Carlos Baño y asegura que "la ley está muy clara" y "se está incumpliendo"

Sin valoraciones, pero contundente. Así se ha mostrado el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, respecto a la irregularidad en la que está inmersa el titular alicantino, Carlos Baño, al carecer de representación en el Pleno desde noviembre de 2023, cuando extinguió Plasticart Hispánica. El valenciano ha asegurado que "creo que no ha habido mala fe. Los órganos de la Cámara de Alicante deberán tomar una decisión, y en su defecto, la administración tutelante -en referencia a la Conselleria de Industria y Comercio. A este respecto la ley está muy clara".

Con estas declaraciones Morata ha querido dejar claras otras dos cuestiones. En primer lugar, que el Consejo de Cámaras no es un órgano superior y, por lo tanto, no le corresponde tomar ninguna decisión al respecto y, por otra, que confía en la profesionalidad del actual secretario general de la Cámara alicantina, Andrés Sevila, y del Comité Ejecutivo de la entidad para que tomen la decisión de acuerdo con el decreto 126/2017 por el que se rigen estas corporaciones.

Morata no lo ve complicado por "la ley está muy clara. La empresa está extinguida y ya no estás. Las consideraciones que se hagan vendrán por parte del secretario y la administración tutelante las tendrá que aceptar o no y decidir". "Nos afecta por la parte que implica de reputación", ha concluido.

El empresario valenciano acumula una larga trayectoria al frente de la Cámara de Valenciana y del órgano coordinador y, por lo tanto, ha medido muy bien sus palabras. Morata ha salido en defensa del trabajo de las entidades, de todas, en pro de ayudar a las pymes de la Comunidad y ha lamentado el daño reputacional que estos hechos producen.

Toma de decisiones

El máximo representante cameral ha destacado que la decisión corresponde a "los órganos de gobierno de la Cámara de Alicante, que son los que tiene que tomar la decisión y luego la tutelante. Creo que no ha habido mala fe". Ha insistido en este aspecto, pues "al margen de que creo que son los órganos de la propia entidad los que deberán tomar la decisión, la administración tutelante, como su propia definición indica, nos tutelada en todos los temas jurídicos".

"No estoy hablando de interpretar, porque la ley está muy clara; sino de las decisiones a tomar. Es una decisión de ellos que deben comunicar al tutelante y, si no, será el tutelante el que debe tomar las decisiones". El presidente de las Cámaras ha explicado que esta situación es normal que se pueda dar, aunque nunca había afectado a un presidente como es el caso de Carlos Baño. "Sin entrar en detalle, aunque no se haga de mala fe, tiene repercusiones en el ámbito de la sociedad porque estás incumpliendo el propio reglamento. Para eso está perfectamente estipulado lo que hay que hacer y ya está. O lo hacen unos, o le dirán otros que lo hagan".

"Nosotros coordinamos y colaboramos en los programas. La autoridad superior es la Conselleria. Están obligados a hacerlo", ha destacado el empresario. "A mi me importa como presidente es que las cámaras de comercio hacen las cosas bien. A mi me da garantía, el trabajo y las cuentas que nos audita la Sindicatura de Comptes, porque lo que entiendo de esto, es que somos la única organización público-privada que trabajamos por las pymes de verdad, quedamos socavados en la credibilidad". "Ha subrayado que la gestión se ha hecho bien. El secretario general, y también desde el Consejo, estamos detrás de que todo lo público se lleve a buen fin y se dé cuenta".

Cámara España mira hacia la Generalitat

Ayer el secretario general de la Cámara de Alicante comunicó al Consell y al Consejo de Cámaras esta circunstancia y mientras este caso se dirime, lo que ha empezado a correr es el tiempo de elecciones en todas las cámaras del país. Con las candidaturas en ciernes, el caso cobra una especial relevancia porque es un momento para arrancar nuevos compromisos al empresariado para que se sume.

En la misma línea, pero de una manera muy suscinto, la Cámara de Comercio de España se ha limitado a indicar que la decisión corresponde a la Comunidad Valenciana, en referencia al Gobierno valenciano en la medida que las competencias estás transferencidas. A pesar de que las normativas autonómicas y local toman como referencia la ley de bases nacional, la entidad nacional no ha interpretado ni valorado el caso en el que se encuentra Carlos Baño, quien asegura que se trata de un "puro tecnicismo".

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