El Consell guarda silencio sobre Baño a la espera de lo que decida la Cámara

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo no mueve ficha, por el momento, en el caso de la presidencia irregular de Carlos Baño en la Cámara de Comercio de Alicante. A pesar de los cinco días transcurridos desde que este diario destapó que el empresario -investigado por un supuesto fraude en subvenciones y falsedad por su gestión al frente de Facpyme- lleva al menos dos años y medio al frente de la entidad cameral sin cumplir con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, el departamento que dirige Marián Cano ha optado por esperar a que sean los próximos órganos de la Cámara quienes tomen o no la decisión de cesarle, antes de actuar en consecuencia.

Una prudencia que ha llevado a que la consellera ni siquiera haya hablado públicamente del tema, a pesar de lo flagrante de la situación y de que el propio presidente del Consejo Autonómico de Cámaras, José Vicente Morata, haya dejado claro que la ley marca que Baño debe marcharse, sin espacio para interpretación alguna.

Desde el Ejecutivo autonómico aseguran que su intención es respetar el procedimiento, que establece que son el propio comité ejecutivo y el pleno de la entidad los que deben actuar para restablecer la legalidad y que la Generalitat, según afirman, sólo puede actuar «subsidiariamente». Es decir, si los anteriores se niegan a hacerlo.

Así, tras develar este diario de que Baño lleva presidiendo la Cámara desde hace al menos dos años y medio en representación de una empresa que ya no existe -lo que, según la normativa, implica la baja del pleno y del comité y la convocatoria de nuevas elecciones en el sector al que pertenece la mercantil extinguida-, el secretario general de la entidad, Andrés Sevila, remitió a la conselleria una comunicación informando de la irregularidad. Un correo al que, desde el departamento que dirige Marián Cano, respondieron solicitando a la propia Cámara que le informase de las medidas que van a adoptar ante esta situación.

Concretamente, la letra g del artículo 31 del Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo señala que la «pérdida de la condición de miembro del pleno y del comité ejecutivo" se dará por «por extinción de la persona jurídica de la que ostentará la representación en la elección o designación como miembro de los órganos de gobierno».

No lo comunicó

En el caso de Baño, aunque es propietario de otras empresas con representación en el pleno de la Cámara, su nombramiento se realizó en nombre de Plasticart Hispánica, que en mayo de 2023 fue absorbida por Inversiones Carbamar, por lo que en noviembre de ese mismo año se publicó el cese del empresario como administrador único de esta sociedad ante su extinción.

De acuerdo con el reglamento, Baño lo tendría que haber comunicado, tras lo que se habría producido su baja y se tendrían que haber convocado elecciones en este grupo. En ese momento, hubiera tenido la opción de cambiar la representación de alguna de las otras empresas para regresar al pleno que, en cualquier caso, debería haber celebrado una nueva sesión para elegirle de nuevo a la presidencia. Sin embargo, Baño no hizo nada de eso, contraviniendo el reglamento que debe hacer cumplir como presidente y hurtando a las empresas la posibilidad de decidir democrática y libremente a su presidente.

Además, esta irregularidad pone ahora en cuestión todas las decisiones y acuerdos adoptados por la Cámara en este tiempo, que podrían ser nulos de pleno derecho, aunque otras fuentes señalan que podrían mantenerse, porque, en realidad, se adoptan de forma colegiada en los distintos órganos que conforman el gobierno de la entidad.

Este sería uno de los puntos clave en los que llevan trabajando desde el pasado jueves los servicios jurídicos y el secretario general de la Cámara de Alicante, ante la falta de precedentes de un comportamiento como el que ha mantenido Baño en este tiempo, que no se había producido en ninguna cámara española anteriormente. En cualquier caso, lo cierto es que, diga lo que diga este informe, la situación que se ha creado abre la puerta a que cualquier afectado pueda recurrir a los tribunales para solicitar la nulidad de una decisión de la corporación que considere que le perjudica, con el grave perjuicio que esto puede ocasionar a la institución.

Reunión

De esta forma, este martes el comité ejecutivo de la Cámara se reúne este martes con la espada de Damocles sobre su cabeza, ya que, en caso de que no inicie el proceso para destituir a Baño, daría pie a que fuera la Generalitat, como institución tutelante, la que tuviera que tomar cartas en el asunto, lo que supondría un desprestigio añadido para sus miembros, que quedarían en entredicho.

En este sentido, cabe recordar que la Cámara ya tiene sobre la mesa una situación más que complicada después de que el Ayuntamiento de Alicante paralizara la obras de la que iba a ser su nueva sede en Panoramis. Unos trabajos que se ejecutaron sin licencia y superando la edificabilidad permitida.

A ello se suma el cierre de filas de sus miembros cuando, hace algo más de un mes, Carlos Baño fue detenido por la gestión de los bonos comercio de la Diputación que realizó la Federación Alicantina del Comercio -que también preside-, un caso por el que quedó en libertad con cargos y por el que mantiene su condición de investigado (antes imputado) por los delitos de fraude en subvenciones y falsedad.

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