El pleno de la Cámara de Alicante se acoge a una cláusula de una ley andaluza para mantener a Baño en la presidencia

Peor que a un clavo ardiendo. El comité ejecutivo y el pleno de la Cámara de Comercio de Alicante han tenido que 'agarrarse' a una cláusula de la ley que regula estas instituciones en Andalucía para evitar el cese de su presidente, Carlos Baño, que desde hace más de dos años y medio ocupa el cargo de forma irregular, en representación de una empresa que ya no existe. Una decisión que ahora está por ver si refrenda la administración tutelante -, es decir, la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio- y, sobre todo, que genera muchas dudas de que supere el control de los tribunales, si alguien decide recurrirla.

Entre otras cosas, porque el pleno también ha aprobado la designación de Baño como representante de Inversiones Carbamar -en sustitución de su pareja y socia Gema Amor- para que pudiera mantener su asiento. Una decisión que supone el reconocimiento de facto de la situación irregular en la que se encontraba el empresario desde la desaparición en noviembre de 2023 de Plasticar Hispánica, la mercantil por la que entró inicialmente en este órgano, que fue absorbida por la anterior.

Por su parte, la plaza que corresponde a la mercantil desaparecida quedará vacante hasta la celebración de las próximas elecciones, convocadas para el 2 de junio, por lo que el pleno queda con 59 miembros frente a los 60 habituales.

Reglamento

Este proceso es, en realidad, el que Baño debería haber realizado hace dos años y medio, además de someterse a un nuevo pleno de ratificación, pero que obvió por completo, poniendo en cuestión todas las decisiones adoptadas por la Cámara desde entonces, tal y como viene publicando este diario.

Así lo establece, concretamente, la letra g del artículo 31 del Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo, que señala que la "pérdida de la condición de miembro del pleno y del comité ejecutivo" se dará por "por extinción de la persona jurídica de la que ostentará la representación en la elección o designación como miembro de los órganos de gobierno".

Estas revelaciones provocaron que el secretario general de la entidad, Andrés Sevila, se viera obligado a comunicar la situación tanto al Consejo Autonómico de Cámaras, como a la Generalitat, que respondió solicitando a la entidad las medidas que pensaba adoptar.

En estos días, Sevila se ha encargado de realizar un amplio dictamen recopilando lo sucedido y toda la legislación y los posibles precedentes. Una tarea nada fácil, dado lo insólito de que un presidente se haya saltado el reglamento de régimen interno que debería hacer cumplir. Junto con este dictamen, también se han leído en el pleno las alegaciones presentadas por el propio Carlos Baño, argumentando que, al tratarse de una fusión por absorción, se producía una continuidad de representación y, por tanto, no se había incurrido en ilegalidad ni las decisiones adoptadas en este tiempo eran nulas.

Al final, el secretario general ha recordado que el pleno era un órgano soberano y el que debía decidir y responder ante la administración. Lo que se ha saldado con la aprobación por unanimidad de todos los puntos, eso sí, tras más de una veintena de intervenciones de apoyo a Baño -al fin y al cabo, la mayoría de empresarios que forman parte de él se presentaron en su día bajo el auspicio del también propietario de Tescoma- , en las que han comprado los argumentos del empresario de que se trató de poco más que un descuido y de que en ningún momento hubo mala intención ni lucro.

Unos argumentos que Baño ha utilizado cada vez que se ha visto envuelto en alguna irregularidad, como la construcción de la que iba ser la nueva sede de la Cámara en Panoramis, que carecía de licencia y excedió la edificabilidad máxima permitida. También habló de un posible "error" para justificar su detención por la gestión del bono comercio de la Diputación, por la que fue detenido y ahora se encuentra en libertad con cargos, con la condición de investigado (antes imputado) por un supuesto delito de fraude en subvenciones y falsedad.

Legislación

En la nota oficial emitida por el gabinete de prensa de la Cámara de Alicante, se recogen los acuerdos del pleno, asegurando que el informe realizado por el secretario general "concluye" -aunque, en realidad, es una simple enumeración de la normativa y de lo sucedido- "que 'todos los actos y acuerdos llevados a cabo no son nulos de pleno derecho' y, en segundo lugar, el informe recoge que 'en casos de fusión, absorción o transformación de las personas jurídicas en las que se produzca sucesión universal, la persona jurídica que ese sucede asumirá la condición de miembro del pleno'".

Una frase con la que se hace pasar esta afirmación como una conclusión del secretario general, cuando, en realidad, forma parte del Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, y sólo se recoge en el documento a título informativo sobre otras legislaciones existentes. En otras palabras, que el pleno de la Cámara ha aplicado la ley andaluza en lugar de la valenciana, como correspondería, para salvar la situación.

Además, a pesar de asegurar de forma rotunda que las decisiones de los últimos dos años son válidas, los empresarios asistentes también han aprobado la "convalidación de todos los acuerdos de pleno celebrados desde noviembre de 2023". Todo un contrasentido que más bien pone de manifiesto la inseguridad con la que los propios representantes empresariales han asumido sus propios argumentos.

Suscríbete para seguir leyendo