La oposición califica de "esperpéntico" que Baño invoque una norma andaluza para salvarse

El artículo de la ley de las cámaras andaluzas al que se ha acogido el presidente de la entidad alicantina Carlos Baño para justificar su irregularidad se ha traducido en dos reacciones bien diferentes en las Cortes Valencianas. Por un lado, la oposición no ha dudado en calificar de «esperpéntica» una situación que se prolonga en el tiempo por las continúas anomalías asociadas a la corporación empresarial de Alicante. Por otra parte, Vox y PP han preferido no hacer declaraciones.

«La situación es esperpéntica, porque pretende dejar sin efecto una regla clara del reglamento valenciano acudiendo a una norma andaluza que no se aplica a la Cámara de Alicante», ha asegurado la síndica de Compromis, Aitana Mas. Y en ese sentido, el diputado socialista José Díaz ha denunciado la «dejación de funciones» de la Generalitat en esta situación.

«La Generalitat no está siendo neutral: está actuando para proteger al entorno del señor Mazón, en lugar de cumplir con su obligación de velar por el correcto funcionamiento de una institución clave para nuestra economía», el representante del PSPV y portavoz en la Comisión de Economía ha señalado que «el escenario que estamos viendo es gravísimo: una dejación de funciones en toda regla. La Generalitat tiene la responsabilidad de tutelar y garantizar el buen funcionamiento de la Cámara de Comercio, y en lugar de ejercerla, la está abandonando a su suerte en medio de un escándalo tras otro».

"Inacción"

El dirigente socialista ha advertido de que «ese silencio no es inocente ni prudente. Ese silencio protege a quienes deberían dar explicaciones y deja a la Cámara en una situación insostenible, deteriorando su credibilidad y perjudicando directamente al tejido económico de la provincia». Asimismo, Díaz ha recalcado que «no se puede mirar hacia otro lado mientras se acumulan las anomalías. No se puede permitir que una institución fundamental para nuestras empresas quede atrapada en un mar de dudas por la inacción del Consell». Por último, ha sido contundente al señalar que «quien calla ante esta situación no está siendo prudente: está siendo cómplice».

Por su parte, desde las filas de Compromís, Aitana Mas no ha dudado en calificar la actitud de Carlos Baño «dentro de la Cámara es un desafío a la ciudadanía, a la Generalitat y a todos aquellos empresarios y empresarias a los que dice representar. Un imputado por fraude fiscal de subvenciones públicas dirigiendo una entidad cuyo presupuesto depende en un más de un 80% de ayudas públicas y que acumula una polémica tras otra ha convertido la Cámara en una excepción a la legalidad valenciana».

Para la ex consellera alicantina, «la Generalitat, con Pérez Llorca a la cabeza, claudica ante Mazón y sus ‘hermanos’. El president, consintiendo esta situación, demuestra querer proteger un entramado de intereses de un grupo muy concreto de personas en lugar de a la entidad que tutela, renuncia al cumplimiento jurídico y a la transparencia que por ley también debe vigilar. Es grave porque es un suma y sigue, hace una semana Pérez Llorca decidió no activar a la Sindicatura de Comptes, que lleva desde 2021 sin auditar la entidad».

El debate

A lo largo de la legislatura, el Parlamento autonómico ya ha vivido diferentes momentos de cruce de declaraciones que han tenido como epicentro la Cámara de Alicante. En primer término, fueron las obras de la que iba a ser sede de la Cámara en el puerto y ahora se encuentran paralizadas. El Consell, con Carlos Mazón al frente, había reservado una subvención nominativa de 1,5 millones para subrayar el proyecto que se levantaba sin licencia municipal.

El segundo fue el capítulo de Facpyme y la detención de Carlos Baño, en relación a la gestión de los bonos comercio cuando el ex presidente de la Generalitat estaba al frente de la Diputación de Alicante. Y ahora este tercero, sobre un procedimiento que ha sacado a la luz cuanto menos un procedimiento anómalo en lo que es la representación y la estructura de la Cámara.

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