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Las "bajaciones" fraudulentas ya suponen el 80 % de los encargos a los detectives privados

Las empresas pueden ahorrarse entre 10.000 y 30.000 euros por despido si demuestran que el trabajador no estaba enfermo

Detectives al servicio de la empresa

M. A. Rives

David Navarro

David Navarro

El aumento de las bajas laborales se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la mayoría de las empresas, que genera pérdidas millonarias. Y, aunque la mayor parte de este incremento tiene causas objetivas -como el estrés derivado de la mayor competencia, el envejecimiento de las plantillas o las largas listas de espera de la sanidad pública-, siempre hay quien sabe aprovecharse de las aguas revueltas en beneficio propio.

Así, ya se ha creado incluso un neologismo –"bajaciones"- para describir este fenómeno, al que las compañías tratan de poner freno por todos los medios a su alcance. Entre ellos, la contratación de detectives privados para seguir aquellos casos más sospechosos. De hecho, actualmente hasta el 80 % de los encargos que reciben estos profesionales ya tienen que ver con ausencias del trabajo que los empresarios no acaban de creer que estén justificadas, por lo que buscan pruebas que permitan despedir a estos malos empleados.

Así lo señalan desde el lobby de detectives La sociedad clave, que este viernes celebra en Alicante un congreso con la participación de empresas, abogados y juristas para analizar la situación.

Las bajas laborales vinculadas a problemas de salud mental se han disparado desde la pandemia por múltiples factores

Las bajas laborales vinculadas a problemas de salud mental se han disparado desde la pandemia por múltiples factores / Pilar Cortés

Los organizadores recuerdan que las bajas provocan la pérdida del 5,3 % de las jornadas laborales en España en estos momentos, un porcentaje incluso superior al que se daba en plena pandemia. La consecuencia es que cada año se pierden en el conjunto del país más de 33.000 millones de euros, de los que 1.160 millones corresponden al impacto en la provincia de Alicante.

Resulta difícil calcular qué porcentaje se corresponde con falsas enfermedades y cuáles son reales, pero desde el lobby dan un dato: en Alicante el año pasado hubo unos 33.000 trabajadores que tardaron en reincorporarse a sus empleos una media de 52 días más que otros profesionales aquejados de molestias similares.

Eso sí, en la mayoría de los casos en que las empresas tienen sospechas, éstas suelen ser acertadas. En concreto, en el 90 % de los casos investigados se acaban confirmando las sospechas

Tipos de defraudadores

Los detectives hablan de tres tipos de defraudadores muy marcados. El primero son los trabajadores que se encuentran realmente de baja laboral, pero no se quieren reincorporar y prolongan su situación todo lo posible. Alegan determinadas dolencias y se pasan semanas sin apenas actividad.

En segundo lugar, están los que aprovechan una baja laboral para desarrollar otro trabajo, casi siempre sin contrato. Y en tercero, aquellos que se declaran de baja para estudiar unas oposiciones, buscar un nuevo empleo o como represalia contra la empresa.

¿cuándo se registran las bajas laborales?

¿cuándo se registran las bajas laborales? / EP

Uno de los mayores problemas con los que se topan empresas y detectives es que, en la actualidad, hasta el 52,7 % de todas las bajas se conceden por motivos de salud mental o por algias, por ejemplo, dolores de espalda, sobre los que resulta muy difícil comprobar su veracidad.

Pero, ¿compensa contratar a un detective y gastarse el dinero correspondiente que cuesta este servicio? Según las cifras que aportan los propios interesados, cada baja fraudulenta que se descubre supone un ahorro para la empresa de entre 10.000 y 30.000 euros en la indemnización por despido, lo que permite sufragar de sobra este coste.

La jornada tendrá lugar el viernes día 8, el Real Liceo Casino de Alicante. En ella participarán, entre otros, el fiscal Martín López Nieto; el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Ignacio Gally Muñoz; el magistrado José Antonio Buendía Jiménez, el especialista en derecho penal económico Álvaro Fernández Fuertes o el director de Recursos Humanos de Musgrave España, José Manuel Tomás Padilla.

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